El Constitucional avala los juramentos alternativos de Junqueras y otros 28 diputados al tomar posesi¨®n del esca?o

El Tribunal Constitucional ha avalado este martes las f¨®rmulas alternativas de juramento empleadas por 29 diputados de varios grupos parlamentarios en mayo de 2019, al tomar posesi¨®n de sus esca?os en el inicio de la breve XIII legislatura, y, por extensi¨®n, a las que se realizaron tambi¨¦n al comienzo de la legislatura que ahora termina. El tribunal, que rechaza as¨ª el recurso de amparo interpuesto por ocho diputados del PP, no entra a discutir si se vulneraron las normas del Congreso, sino que se limita a concluir que los derechos del resto de representantes p¨²blicos no se vieron lesionados. La relevancia de la sentencia deriva de que, al comienzo de la controversia sobre este asunto, se lleg¨® a cuestionar que los diputados que utilizaron esas f¨®rmulas alternativas de juramento hubieran adquirido la condici¨®n plena de parlamentarios.

El recurso del PP impugnaba el acuerdo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, adoptado en la sesi¨®n constitutiva de la XIII Legislatura, el 21 de mayo de 2019, y que dio por debidamente prestado el juramento o promesa de acatamiento de la Constituci¨®n de 29 diputados que a?adieron comentarios a la expresi¨®n ¡°s¨ª, juro¡± o ¡°s¨ª, prometo¡±. Oriol Junqueras, por ejemplo, acat¨® la Constituci¨®n ¡°desde el compromiso republicano, como preso pol¨ªtico y por imperativo legal¡±. Los diputados de Junts manifestaron su ¡°lealtad al mandato democr¨¢tico del 1 de octubre¡± (en alusi¨®n al refer¨¦ndum ilegal de independencia de 2017). Gabriel Rufi¨¢n prometi¨® ¡°por la rep¨²blica catalana¡±. Y varios diputados de Podemos lo hicieron ¡°por la democracia y los derechos sociales¡±. En la constituci¨®n de las Cortes de la presente legislatura, el 3 de diciembre de 2019, los parlamentarios de Junts per Catalunya, ERC, PNV, CUP, EH Bildu y cuatro diputados de Podemos usaron tambi¨¦n distintas f¨®rmulas alternativas.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Mar¨ªa Luisa Segoviano, ha sido aprobada por seis votos a favor (los del bloque progresista) y cuatro en contra (del sector conservador). No particip¨® en la deliberaci¨®n el magistrado Juan Carlos Campo, que decidi¨® abstenerse porque Meritxell Batet es su pareja.

Los diputados del PP que demandaron amparo argumentaban que aceptar esas f¨®rmulas de acatamiento de la Constituci¨®n vulneraba su derecho de representaci¨®n pol¨ªtica, establecido en el art¨ªculo 23.2 de la Constituci¨®n, y derivaba en un trato desigual entre representantes p¨²blicos, ya que quienes hab¨ªan acatado la Constituci¨®n conforme a las exigencias normativas hab¨ªan tenido que ¡°soportar¡± que otros diputados utilizaran f¨®rmulas distintas de las previstas legalmente.

El Constitucional afirma en su sentencia que el art¨ªculo 23.2 de la Carta Magna no consagra ¡°un derecho al respeto de todas las prescripciones de los reglamentos parlamentarios¡±, sino que s¨®lo lo garantiza ¡°frente a aquellas contravenciones de las normas parlamentarias que afectan al n¨²cleo de los derechos y facultades de los representantes pol¨ªticos como son, principalmente, los que tienen relaci¨®n directa con el ejercicio de las potestades legislativas y de control de la acci¨®n del Gobierno¡±. El tribunal subraya, en ese sentido, que no queda acreditado que la decisi¨®n de la presidenta del Congreso ¡°haya incidido, cercen¨¢ndolos, en los derechos y facultades que conforman el estatus propio del cargo de diputado del Congreso del que son titulares los demandantes¡±. El fallo destaca que no se produjo ¡°un trato desigual entre los diputados, ya que fueron validadas todas las f¨®rmulas de acatamiento¡±. Y a?ade que el tribunal ¡°no ha de proceder al an¨¢lisis sobre si existi¨® una eventual contravenci¨®n de las normas parlamentarias por dar validez a estas f¨®rmulas de acatamiento de la Constituci¨®n¡±.

Los magistrados Ricardo Enr¨ªquez, Enrique Arnaldo y Concepci¨®n Espejel ¡ªdel sector conservador¡ª, han formulado un voto discrepante, al estimar que, ¡°si bien es cierto que la sentencia aprobada no prejuzga la cuesti¨®n de la validez de las f¨®rmulas utilizadas para acceder al cargo¡± por los diputados que utilizaron frases alternativas, el Constitucional ¡°ha desaprovechado¡± la ocasi¨®n para clarificar la controversia sobre el comportamiento de esos diputados. Dichos magistrados argumentan que la sentencia que el tribunal dict¨® en 1990 sobre esta materia acept¨® que a las f¨®rmulas ¡°s¨ª, juro¡± o ¡°s¨ª, prometo¡± se antepusiera la expresi¨®n ¡°por imperativo legal¡±. Pero consideran que aquella admisi¨®n supon¨ªa que ¡°en ning¨²n caso podr¨ªan tenerse por v¨¢lidas expresiones que condicionaran o contradijesen la naturaleza esencialmente formal y solemne del acto del juramento y su sentido ¨²ltimo de representar un acto de homenaje y respeto a la Constituci¨®n¡±.

A?aden los magistrados discrepantes que los derechos de los diputados que impugnaron la decisi¨®n de la presidenta del Congreso s¨ª se han visto vulnerados, porque ¡°se les impone esa obligaci¨®n de participar en comisiones y plenos con personas que no pueden ejercer sus derechos como diputados¡±. El Constitucional, seg¨²n estos magistrados del sector conservador, ha dictado con anterioridad dos sentencias en las que declar¨® que ¡°la aceptaci¨®n por los ¨®rganos de la C¨¢mara de unos votos emitidos por parlamentarios receptores de una delegaci¨®n de voto ilegal por proceder de diputados suspendidos en su cargo pon¨ªa a los dem¨¢s en una situaci¨®n de desigualdad¡±. A?aden los magistrados discrepantes que ¡°en el presente caso, con igual o mayor raz¨®n el voto de los diputados recurrentes queda desvalorizado al tener que computarse junto con los emitidos por personas que no han cumplido con un requisito esencial para el pleno ejercicio de su cargo¡±.

El magistrado C¨¦sar Tolosa, finalmente, tambi¨¦n discrepa de la decisi¨®n, con sus propios argumentos. Tolosa afirma que la aceptaci¨®n de f¨®rmulas alternativas de juramento ¡°desnaturaliz¨®, al no quedar legalmente constituidas, la representaci¨®n colegiada y conjunta del pueblo espa?ol que se atribuye a las Cortes Generales¡±. A juicio de dicho magistrado ¡ªdel sector conservador, como los tres anteriores¡ª, la aceptaci¨®n de tales f¨®rmulas ¡°socav¨® la esencia misma de la condici¨®n de diputados de quienes s¨ª hab¨ªan adquirido tal condici¨®n¡±.