La Audiencia confirma los indicios de la caja b del PP de Madrid e insiste en juzgar a Granados: ¡°Manipul¨® y false¨® las cuentas electorales¡±

La Audiencia Nacional ha dado otro paso m¨¢s para sentar en el banquillo a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, por su participaci¨®n en la presunta caja b del partido regional. La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso que present¨® el antiguo consejero de Esperanza Aguirre contra el auto de procesamiento que dict¨® el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n en octubre, que lo implica en la supuesta trama de financiaci¨®n irregular de los populares para la campa?a electoral de las auton¨®micas de 2011. En una resoluci¨®n fechada el 19 de junio, a la que tuvo acceso EL PA?S, el tribunal desestima las alegaciones de Granados y confirma la propuesta de juzgarlo por esta pieza, la n¨²mero 9, del macrosumario del caso P¨²nica: ¡°Constan claramente indicios [contra ¨¦l]¡±. Esta decisi¨®n no se puede recurrir.

La Sala de lo Penal incide en que las pruebas apuntan ¡°provisionalmente¡± a que Granados, como director de la campa?a del PP de Madrid de 2011, ¡°manipul¨® y false¨®¡± las ¡°cuentas¡± electorales que se presentaron a los ¨®rganos fiscalizadores ¡°o coadyuv¨® a dichos fines¡±. Adem¨¢s, a?ade el tribunal, en su condici¨®n de consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, tambi¨¦n ¡°atrajo¡± presuntamente al empresario Alejandro de Pedro ¡°para que este, a trav¨¦s de sus empresas, hiciese trabajos de [mejora de la] reputaci¨®n online¡± en favor del propio Granados y de ¡°otros miembros relevantes del Ejecutivo madrile?o, con cargo a los fondos p¨²blicos¡±. Precisamente, hace poco m¨¢s de un mes, la Audiencia Nacional ha condenado a De Pedro a cuatro a?os y tres meses de inhabilitaci¨®n por ejecutar trabajos similares para altos cargos de la Diputaci¨®n de Le¨®n.

La pieza 9 constituye una de las grandes l¨ªneas de investigaci¨®n del caso P¨²nica, en la que el juez instructor lleg¨® a imputar a tres expresidentes de la Comunidad de Madrid: Esperanza Aguirre, Ignacio Gonz¨¢lez y Cristina Cifuentes. Sin embargo, tras recibir el informe final de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sobre las pesquisas, Garc¨ªa-Castell¨®n limit¨® las acusaciones y circunscribi¨® la responsabilidad de la caja b a Granados y a Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, exgerente de los populares madrile?os. Seg¨²n los investigadores, no cuentan con indicios suficientes para apuntar m¨¢s arriba ¡ªaunque el PSOE, personado como acusaci¨®n popular junto a la Asociaci¨®n de Abogados Dem¨®cratas por Europa (Adade), ha recurrido esta decisi¨®n para tratar de sentar en el banquillo a Aguirre y Gonz¨¢lez, entre otros ex altos cargos¡ª.

En su auto de procesamiento, el juez mantiene que Guti¨¦rrez y Granados idearon ¡°una operativa desde el comit¨¦ de campa?a del PP para ocultar los gastos reales¡± de las elecciones de 2011, que no se declararon a la C¨¢mara de Cuentas auton¨®mica. El sistema consist¨ªa en que, al igual que ¡°se hizo en periodos electorales previos¡±, una serie de ¡°empresarios afines¡± hac¨ªan ¡°aportaciones de dinero en efectivo¡± a la formaci¨®n ¡ª¡±que le eran entregadas, directa o indirectamente, al secretario general¡±¡ª y otros facturaban servicios falsos para ocultar los reales. ¡°La relaci¨®n entre Granados y Guti¨¦rrez era de plena confianza¡±, destac¨® tambi¨¦n el magistrado, que declar¨® prescritas otras presuntas irregularidades detectadas en los comicios de 2007 y 2008.

En el recurso contra su procesamiento, Granados aleg¨® que su estatus de director de campa?a solo era un ¡°cargo honor¨ªfico¡±, y que no ten¨ªa ¡°control real¡± de las cuentas del partido. Adem¨¢s, el exconsejero reproch¨® a la Guardia Civil que lo situase como el ¡°artista principal de toda esta copla¡±, y afirm¨® que Garc¨ªa-Castell¨®n se ¡°contradec¨ªa¡± al procesarlo a ¨¦l y dejar fuera a sus superiores. Seg¨²n Granados, Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez eran las personas que ¡°pod¨ªan haber gestionado o conocido¡± todo lo ocurrido en las finanzas de la formaci¨®n, al ¡°entrar dentro de sus facultades¡±.

¡°Se quiere involucrar forzosamente a Granados en el procedimiento, sin tener en cuenta todos los elementos que desvirt¨²an las acusaciones en su contra¡±, expon¨ªa la defensa del popular, que plante¨® la posibilidad de que los hechos de 2011 tambi¨¦n hubiesen prescrito. Sin embargo, la Sala de lo Penal rechaza todas sus alegaciones. El tribunal recuerda que existen suficientes indicios, como intervenciones telef¨®nicas y documentos intervenidos, para sentarlo en el banquillo. Entre otros, seg¨²n consta en el sumario, se encontr¨® en su casa una libreta Moleskine de color negro, con apuntes sobre actos electorales y anotaciones ordenadas en dos columnas, encabezadas cada una de ellas por las palabras en ingl¨¦s ¡°in¡± [dentro] y ¡°out¡± [fuera]¡±. Seg¨²n la Guardia Civil, constituye una prueba clara de los movimientos en la caja b del PP de Madrid.

Los ocho procesados

La Sala de lo Penal se?ala que Granados se enfrenta a posibles delitos electorales, de cohecho y tr¨¢fico de influencias. Adem¨¢s de a Francisco Granados y a Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, dos hombres de la m¨¢xima confianza de Esperanza Aguirre, el juez Garc¨ªa-Castell¨®n proces¨® en octubre a otras seis personas por la Pieza 9 del caso P¨²nica: entre otras, al propio empresario Alejandro de Pedro; a Isabel Gallego, ex jefa de prensa de la presidenta popular; y a Borja Sarasola, exconsejero de Ignacio Gonz¨¢lez. De momento, seg¨²n los datos recabados por EL PA?S, el tribunal ha confirmado el procesamiento de seis de los ocho imputados, y ha anulado el de uno: Francisco Lobo, un ex alto cargo del primer Gobierno de la presidenta madrile?a Isabel D¨ªaz Ayuso.

Esta ¨²ltima decisi¨®n del tribunal supone un serio rev¨¦s para Granados, que en junio consigui¨® echar abajo su procesamiento en la Pieza 5, sobre presuntas adjudicaciones irregulares en varios ayuntamientos de la Comunidad (Valdemoro, Torrej¨®n de Velasco y Serranillos del Valle). En ese caso, los magistrados s¨ª aceptaron el recurso del ex secretario general del PP, que fue tambi¨¦n alcalde de Valdemoro, y que aleg¨® que las concesiones bajo sospecha en la Pieza 5 se dieron entre 2010 y 2014, despu¨¦s de que ¨¦l hubiese dejado la Alcald¨ªa e incluso, en algunos casos, cuando ya hab¨ªa dejado la pol¨ªtica.