La amnist¨ªa que exige Junts forma un frente judicial con muchos tent¨¢culos

Junts puso las cartas sobre la mesa en la noche del 23-J ¨D¡°No haremos presidente a Pedro S¨¢nchez a cambio de nada¡±, dijo su cabeza de lista, M¨ªriam Nogueras¨D y al d¨ªa siguiente las ense?¨®: ¡°amnist¨ªa¡± es una de las palabras que, desde esa jornada, repiten los dirigentes de la fuerza liderada por el expresident Carles Puigdemont como condici¨®n para facilitar una investidura del candidato del PSOE. Una exigencia de dif¨ªcil encaje constitucional ¡ªen 2021, una proposici¨®n en esa l¨ªnea fue informada en contra por los letrados del Congreso¡ª y que los socialistas siempre han rechazado de plano. El objetivo ¨²ltimo del partido independentista es tirar abajo ¡ªo dejar sin efecto¡ª las causas judiciales derivadas del proc¨¦s, algunas a¨²n por enjuiciar y otras con condenas de inhabilitaci¨®n que se est¨¢n cumpliendo.

El desaf¨ªo independentista de oto?o de 2017 se tradujo en un marem¨¢gnum de procesos que ahora est¨¢n repartidos por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los juzgados de Catalu?a. Estos son los principales:

Los fugados. Cuatro dirigentes del proc¨¦s permanecen huidos de la justicia: el expresident Carles Puigdemont; sus exconsejeros Toni Com¨ªn y Llu¨ªs Puig; y Marta Rovira, secretaria general de ERC. La Fiscal¨ªa ya ha pedido al juez Pablo Llarena que dicte una nueva orden de detenci¨®n internacional contra Puigdemont y Com¨ªn, que son eurodiputados, despu¨¦s de que el Tribunal General de la Uni¨®n Europea (TGUE) retirase la inmunidad a ambos. Est¨¢n reclamados por malversaci¨®n y desobediencia, delitos que implican posibles penas de prisi¨®n. Rovira ya solo est¨¢ procesada por desobediencia (que no acarrea c¨¢rcel, solo inhabilitaci¨®n), porque en 2022 el Gobierno pact¨® con ERC eliminar el delito de sedici¨®n.

La exconsejera Clara Ponsat¨ª, a la que igualmente solo se imputa ya desobediencia, se fug¨® tambi¨¦n en 2017, pero, una vez eliminada la sedici¨®n, ha regresado varias veces a Espa?a este a?o y el juez, que tuvo que ordenar su detenci¨®n para tomarle declaraci¨®n, acaba de terminar la instrucci¨®n de su caso. Anna Gabriel, exdiputada de la CUP y huida a Suiza en 2018, tambi¨¦n volvi¨® a Espa?a en 2022 y est¨¢ procesada por desobediencia. Otra fugada en 2017, la actual consejera Meritxell Serret, regres¨® en 2021 y fue condenada el pasado abril por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a a un a?o de inhabilitaci¨®n por desobediencia.

Altos cargos pendientes de juicio. Pese a pactar con el Gobierno una reforma del C¨®digo Penal que rebajaba el delito de malversaci¨®n, ERC fracas¨® en su intento de aminorar con ello la responsabilidad penal de muchos de sus cargos medios que colaboraron en el proc¨¦s, porque el Tribunal Supremo consider¨® que esa reforma no pod¨ªa aplicarse a este caso. La amenaza de altas penas de c¨¢rcel por ese delito afecta a cerca de 40 personas ¡ª21 de ellas, ex altos cargos de Junts y ERC¡ª que se encuentran encausadas en Catalu?a por los preparativos del refer¨¦ndum ilegal del 1-O y la promoci¨®n internacional del proc¨¦s con fondos p¨²blicos. Todos est¨¢n pendientes de juicio. Entre ellos, Josep Maria Jov¨¦ y Llu¨ªs Salvad¨®, personas de m¨¢xima confianza de Oriol Junqueras y para quienes la Fiscal¨ªa pide entre seis y siete a?os de c¨¢rcel.

En otra causa est¨¢ Miquel Buch, exconsejero de Interior, de Junts, que ha sido juzgado este julio por pagar supuestamente a un asesor para hacer de escolta de Puigdemont en B¨¦lgica, y est¨¢ a la espera de sentencia. Tambi¨¦n colean a¨²n las causas por desobediencia contra los miembros de las Mesas del Parlament durante el proc¨¦s. Y el Tribunal de Cuentas ha fijado para el 17 de noviembre la vista por el desv¨ªo de fondos para la promoci¨®n exterior del desaf¨ªo soberanista.

La inhabilitaci¨®n de Junqueras. Pese a los indultos y a la reforma de la malversaci¨®n, el Supremo confirm¨® en junio que el exvicepresidente catal¨¢n Oriol Junqueras y tres exconsejeros (Jordi Turull, Dolors Bassa y Ra¨¹l Romeva) deben seguir inhabilitados para ejercer cargo p¨²blico hasta la pr¨®xima d¨¦cada.

Los CDR. Otra causa muy delicada se encuentra en la Audiencia Nacional, que proces¨® a 12 miembros de los Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR) por pertenencia a organizaci¨®n terrorista ¡ªatribuyendo a ocho, incluso, tenencia y fabricaci¨®n de explosivos¡ª. En este ¨®rgano judicial tambi¨¦n se investiga al movimiento Tsunami Democr¨¤tic, que en 2019 organiz¨® las protestas masivas contra la sentencia del proc¨¦s. Adem¨¢s, en los juzgados de Catalu?a se mantienen dispersas causas contra los participantes en aquellos altercados: por ejemplo, la Audiencia de Barcelona ha juzgado esta semana a tres j¨®venes detenidos por disturbios en la plaza de Urquinaona (Barcelona), donde se levantaron barricadas de fuego y hubo enfrentamientos entre manifestantes y polic¨ªas. La Fiscal¨ªa pide para ellos penas de hasta 14 a?os de prisi¨®n.

Otras derivadas. Una de las preguntas que debe responder Junts es si incluye a Laura Borr¨¤s, actual presidenta del partido, en este paquete de hipot¨¦ticos amnistiados. Borr¨¢s fue condenada en marzo a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel por corrupci¨®n, en una causa que nada tiene que ver con el proc¨¦s ¡ªpor trocear contratos, de forma ilegal, para adjudic¨¢rselos a dedo a un inform¨¢tico cuando ella dirig¨ªa la Instituci¨® de les Lletres Catalanes (ILC)¡ª. Sin embargo, la pol¨ªtica ha recurrido ese fallo y defiende que su condena responde a una persecuci¨®n por sus ideas independentistas. En esa tesis tambi¨¦n se mantiene Gonzalo Boye, abogado de varios dirigentes secesionistas y acusado de blanqueo de capitales en una causa de narcotr¨¢fico.