El Supremo condena al Poder Judicial a regular la carga de trabajo de los jueces por su salud laboral

El Tribunal Supremo ha condenado al Poder Judicial por no regular la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral, y le ha encomendado que regule esta cuesti¨®n sin un plazo determinado de tiempo. El Pleno de la Sala de lo Social ha dictado una sentencia en la que rechaza imponer un plazo tres meses al ¨®rgano de gobierno de los jueces para acometer esta regulaci¨®n, como ped¨ªan las cuatro asociaciones judiciales, porque el Plan de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial de 2015-2016, cuyo incumplimiento se reclama, ¡°no establece plazo alguno¡± para realizar esta tarea.

La decisi¨®n judicial, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Garc¨ªa Ponte, estima parcialmente un recurso de casaci¨®n interpuesto por las asociaciones judiciales Juezas y Jueces para la Democracia, Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Profesional de la Magistratura y Foro Judicial Independiente, que aglutinan al 50% de la carrera judicial. La resoluci¨®n anula parcialmente la sentencia de la Audiencia Nacional que desestim¨® en febrero de 2022 la demanda de conflicto colectivo presentada por las asociaciones judiciales contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las asociaciones judiciales han considerado ¡°todo un ¨¦xito¡± la sentencia porque ¡°acoge la eterna reivindicaci¨®n de la Carrera Judicial¡±. En un comunicado conjunto, del que se hace eco Europa Press, inciden en el largo camino hasta llegar a este fallo judicial y auguran mucho trabajo para ¡°para plasmar en unos m¨®dulos definitivos¡± el derecho a que la salud laboral ¡°sea protegida¡±. Tras la difusi¨®n de la decisi¨®n judicial, las asociaciones profesionales se disponen a analizar el pronunciamiento y a seguir trabajando ¡°para que la reivindicaci¨®n se haga verdaderamente efectiva¡±.

El tribunal no acepta obligar al Poder Judicial a regular la carga de trabajo de los jueces conforme a un criterio de dedicaci¨®n o rendimiento para identificar los riesgos de car¨¢cter psicosocial a los que se enfrentan los miembros de la carrera judicial, o que se tengan en cuenta, adem¨¢s, las circunstancias personales y del ¨®rgano, como pretend¨ªan los demandantes. Tambi¨¦n rechaza que se tenga que acometer la regulaci¨®n en un plazo m¨¢ximo de tres meses desde la fecha de la sentencia.

La resoluci¨®n, de 60 p¨¢ginas, explica que el apartado 5.2 del Plan de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial ¡°no establece criterio alguno conforme al cual deba procederse a la regulaci¨®n de la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral¡±. ¡°Nada dice, ni precisa sobre c¨®mo ha de regularse la carga de trabajo (...) ni sobre qu¨¦ criterios deben utilizarse¡±, a?ade la resoluci¨®n. A pesar de esta circunstancia, concluye que el Poder Judicial no ha cumplido con la previsi¨®n que le encomienda la regulaci¨®n sobre la salud laboral. ¡°La conclusi¨®n parece clara: el CGPJ ha fijado solo de forma ¡®provisional¡¯, y no definitiva, la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral. O, si se prefiere, todav¨ªa est¨¢ en proceso de regulaci¨®n de la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud profesional¡±, a?ade la resoluci¨®n.

El plan de prevenci¨®n de riesgos de la carrera judicial fue aprobado en enero de 2015 por la Comisi¨®n Permanente del Consejo General del Poder Judicial. En el texto se recog¨ªan las ¡°singulares¡± caracter¨ªsticas de la actividad judicial, por ejemplo, que no tiene un horario concreto o que el n¨²mero de asuntos que tiene cada ¨®rgano judicial tambi¨¦n carece de limitaci¨®n, aunque los jueces y magistrados s¨ª tienen que celebrar los juicios y vistas y dictar resoluciones dentro de los plazos procesales de cada jurisdicci¨®n. Entre los riesgos de salud para la carrera judicial se citaban situaciones comunes, como golpes, sobreesfuerzos, o derivados del uso de equipos inform¨¢ticos, adem¨¢s de otras, como agresiones o riesgos psicosociales, como estr¨¦s o acoso.

Las cuatro asociaciones reclamaban en su demanda de conflicto colectivo que se declarara que el Poder Judicial estaba incumpliendo su obligaci¨®n de regular la carga de trabajo, tal y como ven¨ªa recogido en el plan de prevenci¨®n de riesgos laborales de la carrera judicial, y reclamaban que se le condenara a hacerlo conforme a un criterio adecuado, distinto al de la carga de trabajo que reciben los respectivos ¨®rganos judiciales, por considerar que este era un criterio inadecuado. Esta pretensi¨®n no se acepta porque Plan de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial de 2015-2016 ¡°no establece criterio alguno conforme al cual deba procederse¡±, seg¨²n recoge la resoluci¨®n.

La sentencia llega despu¨¦s de una larga batalla judicial de las asociaciones, que iniciaron esta reclamaci¨®n en julio de 2017, y se conoce en un contexto en el que las vacantes del Supremo, el bloqueo del CGPJ y la sobrecarga de trabajo ahogan al Poder Judicial. En los ¨²ltimos a?os, ha crecido la litigiosidad ¨Dun 13,6% entre 2020 y 2021, ¨²ltimo a?o del que hay registro, seg¨²n los datos del CGPJ¨D y contin¨²an las reclamaciones de todos los operadores jur¨ªdicos de falta de medios materiales y humanos. Los juzgados m¨¢s congestionados son los de Castilla-La Mancha, Murcia, Islas Baleares, Catalu?a y Madrid, 1,51. Los menos, los de Arag¨®n, Navarra y Asturias.

El pasado martes, el Gobierno aprob¨® la subida salarial de jueces, fiscales y letrados judiciales, unos incrementos retributivos que estaban pendientes de formalizarse desde la pasada primavera. En el caso de los letrados judiciales, el acuerdo se cerr¨® el 28 de marzo, tras dos meses de huelga indefinida que provocaron la suspensi¨®n de 400.000 juicios y vistas y la acumulaci¨®n de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados.