El pacto PSOE-ERC elude el relato judicial del ¡®proc¨¦s¡¯ fijado?por?el?Supremo

El acuerdo firmado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro S¨¢nchez describe los ¡°elementos esenciales del conflicto pol¨ªtico¡± entre el Estado y Catalu?a, pero ese relato pasa de puntillas por la derivada judicial y elude citar la sentencia del proc¨¦s dictada por el Tribunal Supremo o referirse a los hechos que los jueces dieron por probados. El texto constata que los ¡°acontecimientos¡± producidos entre la sentencia del Estatut de 2010 hasta el refer¨¦ndum de independencia anulado por el Tribunal Constitucional en 2017 ¡°generaron una tensi¨®n institucional y social, que se agrav¨® con el inicio de m¨²ltiples procedimientos judiciales, buena parte de los cuales, todav¨ªa hoy, siguen tramit¨¢ndose¡±. Esa y el acuerdo para ¡°culminar la desjudicializaci¨®n a trav¨¦s de la aprobaci¨®n de una la ley de amnist¨ªa¡± son las ¨²nicas referencias al recorrido del proc¨¦s en los tribunales.

Pero aunque no se detenga en esa parte del conflicto ni entre a cuestionar lo que han dictaminado los jueces, el texto firmado este jueves por F¨¦lix Bola?os y Oriol Junqueras expone algunos hechos que, aunque sea de forma tangencial, colisionan con el relato judicial fijado en la sentencia del Supremo. El acuerdo atribuye al conflicto pol¨ªtico ¡°profundas ra¨ªces hist¨®ricas¡±, pero sit¨²a el inicio de la escalada del proc¨¦s en la sentencia del Estatut. ¡°Esto llev¨® el debate a una situaci¨®n de conflicto en el que conviv¨ªan distintas legitimidades que operaron en direcciones opuestas: una legitimidad parlamentaria y popular con una voluntad manifiesta concretada en ese texto y una legitimidad institucional y constitucional, ambas imprescindibles en una democracia avanzada y en un Estado de derecho¡±, recoge el texto.

El PSOE y ERC establecen as¨ª la coexistencia de una supuesta legitimidad que los independentistas se atribuyeron con las resoluciones adoptadas por el Parlament, la victoria de los partidos secesionistas en las elecciones catalanas o la consulta del 1-O, y la legitimidad que establec¨ªan las leyes y la Constituci¨®n. El acuerdo pone al mismo nivel ambas legitimidades y constata que existi¨® una confrontaci¨®n entre ambas que acab¨® desembocando en el conflicto pol¨ªtico al que ahora se quiere poner fin. Para el Supremo, sin embargo, solo hab¨ªa una legitimidad posible, la de las leyes, y reproch¨® a los l¨ªderes del proc¨¦s ¡°arrogarse el monopolio de interpretar qu¨¦ es lo leg¨ªtimo¡±.

En opini¨®n de los jueces, el 1-O fue un gran enga?o al pueblo catal¨¢n por parte de los l¨ªderes independentistas, que ¡°eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jur¨ªdica de un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n que se presentaba como la v¨ªa para la construcci¨®n de la Rep¨²blica de Catalu?a¡±. ¡°Eran conocedores de que lo que se ofrec¨ªa a la ciudadan¨ªa catalana como el ejercicio leg¨ªtimo del ¡®derecho a decidir¡¯, no era sino el se?uelo para una movilizaci¨®n que nunca desembocar¨ªa en la creaci¨®n de un Estado soberano. Bajo el imaginario derecho de autodeterminaci¨®n, se agazapaba el deseo de [...] presionar al Gobierno de la naci¨®n para la negociaci¨®n de una consulta popular¡±, afirm¨® el alto tribunal en la sentencia, en la que tambi¨¦n carg¨® contra la supuesta legitimidad parlamentaria que daban las leyes de desconexi¨®n aprobadas por el Parlament el 6 y 7 de septiembre de 2017. Con ellas, seg¨²n el tribunal, la Generalitat intent¨® ¡°crear una aparente cobertura jur¨ªdica que permitiera hacer creer a la ciudadan¨ªa que cuando depositara su voto estar¨ªa contribuyendo al acto fundacional de la Rep¨²blica independiente de Catalu?a¡±.

El acuerdo entre socialistas y republicanos habla tambi¨¦n de las ¡°diferentes concepciones de la soberan¨ªa¡± entre las dos partes del conflicto, y sostiene que esta discrepancia ha marcado las relaciones pol¨ªticas e institucionales, al igual que ¡°la existencia de mayor¨ªas parlamentarias y aspiraciones pol¨ªticas contrapuestas en Catalunya y en el conjunto de Espa?a¡±. La sentencia del Supremo, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aclaraba que las aspiraciones secesionistas de quienes impulsaron el proc¨¦s eran leg¨ªtimas, pero no as¨ª el intento de imponerlas por la fuerza. Los jueces tampoco han avalado hasta ahora las ¡°diferentes concepciones de soberan¨ªa¡±. Para el Constitucional, la soberan¨ªa solo se concibe de una forma: es nacional y reside en el pueblo espa?ol.