Puigdemont pide al Tribunal de Cuentas que suspenda el juicio por gastos irregulares del ¡®proc¨¦s¡¯

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal de Cuentas que suspenda la vista que tiene convocada para el pr¨®ximo d¨ªa 17 sobre la presunta responsabilidad contable del propio l¨ªder de Junts y otros 34 ex altos cargos de Catalu?a en relaci¨®n con los gastos del proc¨¦s, en especial los realizados para su promoci¨®n en el exterior. El argumento de Puigdemont es que no le pueden juzgar por el supuesto uso indebido de fondos p¨²blicos para organizar el refer¨¦ndum ilegal del 1-O y difundir las tesis independentistas. La tesis del fugado en Waterloo es que no se cometi¨® delito ni irregularidad alguna, cuando, adem¨¢s, no hay ninguna sentencia que en la jurisdicci¨®n penal le haya condenado por tales hechos.

Los hechos recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo tienen una conexi¨®n directa con el procedimiento contable que se sigue en el Tribunal de Cuentas, ya que le corresponde al ¨®rgano fiscalizador concretar la cantidad de dinero p¨²blico que, de acuerdo con el fallo del Supremo, se emple¨® indebidamente y se malvers¨®. Puigdemont hubiera podido formular esta alegaci¨®n desde hace tiempo, pero ha elegido presentar su escrito cerca ya de la fecha de celebraci¨®n de la vista, para la que est¨¢ citado a comparecer personalmente, a petici¨®n de otra de las defensas.

En el tribunal nunca se ha cre¨ªdo que vaya a presentarse, por la obvia raz¨®n de que sigue vigente la orden de detenci¨®n dictada por el instructor del Supremo, el magistrado Pablo Llarena, pero se baraj¨® la posibilidad de que pidiera declarar por videoconferencia. Ahora queda claro que su opci¨®n es solo una: aplazar sine die la vista en el Tribunal de Cuentas, sin hacer para ello la menor alusi¨®n a las negociaciones que mantiene con el PSOE para un pacto que permita la investidura del presidente en funciones, Pedro S¨¢nchez, y una ley de amnist¨ªa por los hechos del proc¨¦s.

El argumento esencial de Puigdemont para solicitar la suspensi¨®n de la vista se basa en que, ¡°si bien un verdadero enjuiciamiento contable puede ser compatible con el enjuiciamiento penal, de conformidad con lo previsto en la Ley Org¨¢nica del Tribunal de Cuentas, la acci¨®n contable, como la acci¨®n civil, de conformidad con el art¨ªculo 111 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solo se puede ejercer con separaci¨®n cuando exista sentencia firme en la jurisdicci¨®n penal, cuando se trata de unos mismos hechos¡±. El escrito presentado al Tribunal de Cuentas a?ade que podr¨ªan darse ¡°resoluciones contradictorias¡± en v¨ªa penal y contable, con lo que sugiere, entre otras hip¨®tesis, la de una absoluci¨®n en la primera, donde no ha sido juzgado, y una condena en la segunda, a resultas de la vista en el ¨®rgano fiscalizador.

¡°La cuesti¨®n prejudicial penal¡±, argumenta el escrito del defensor de Puigdemont, Gonzalo Boye, ¡°constituye un elemento previo necesario, o decisivo, para la declaraci¨®n de responsabilidad contable, pues es evidente que se trata de los mismos hechos¡±. El texto a?ade que es notorio que la sentencia de la Sala Penal del Supremo no puede servir de base para atribuir hechos concretos a Puigdemont, ni tampoco ¡°para la determinaci¨®n de la eventual responsabilidad contable, sin manifiesta vulneraci¨®n de su derecho a la presunci¨®n de inocencia¡±.

La defensa de Puigdemont cita jurisprudencia del Supremo en el sentido de que ¡°el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ning¨²n caso sobre la responsabilidad contable derivada de una conducta presuntamente delictiva mientras no exista una resoluci¨®n penal firme, que declare si, en efecto, se trata de hechos constitutivos de delito¡±. En medios del ¨®rgano fiscalizador se cita, en todo caso, la existencia de otras resoluciones en las que la Sala de lo Contencioso del Supremo habr¨ªa sido menos taxativa respecto a la exigencia de una previa condena penal. La decisi¨®n sobre la suspensi¨®n o no de la vista queda ahora en manos de la consejera encargada del juicio, Elena Hern¨¢ez, nombrada en su d¨ªa a propuesta del PP y exvocal de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de la Comunidad de Madrid.