El Tribunal de Cuentas mantiene la convocatoria sobre el juicio del ¡®proc¨¦s¡¯ en plena negociaci¨®n de la investidura

El Tribunal de Cuentas mantiene en pie la previsi¨®n de celebrar el pr¨®ximo 17 de noviembre el juicio por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos en el curso del proc¨¦s. En esa fecha faltar¨¢n 10 d¨ªas para que se consume el plazo para la investidura del presidente del Gobierno que, de no lograrse, conducir¨¢ directamente a repetir las elecciones generales. Ante la falta de informaci¨®n sobre el estado de las conversaciones y sobre la posibilidad de que la supuesta responsabilidad contable de los expedientados en este asunto vaya a incluirse en una hipot¨¦tica ley de amnist¨ªa, el m¨¢ximo ¨®rgano fiscalizador de las cuentas p¨²blicas carece de datos objetivos para suspender la vista, medida que, por otra parte, no ha pedido el fiscal ni ninguna de las defensas.

En ausencia de posibles medidas contempladas en una amnist¨ªa, la celebraci¨®n de la vista resulta forzosa no solo por el expediente de responsabilidad contable instruido por el propio Tribunal de Cuentas, sino tambi¨¦n a resultas de la sentencia que el Supremo dict¨® en octubre de 2019, condenando a los principales l¨ªderes del proc¨¦s por los delitos de sedici¨®n ¡ªentonces a¨²n vigente y actualmente derogado¨D y malversaci¨®n. La fijaci¨®n de la cuant¨ªa del dinero malversado qued¨® pendiente de la decisi¨®n del ¨®rgano de fiscalizaci¨®n, as¨ª como su restituci¨®n a las arcas p¨²blicas. En este caso ser¨ªan las de la Generalitat catalana, como administraci¨®n perjudicada por la desviaci¨®n de fondos para fines il¨ªcitos, singularmente la promoci¨®n exterior de los proyectos independentistas.

Est¨¢n encausados por este motivo 35 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, as¨ª como el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros, entre ellos Ra¨¹l Romeva y Jordi Turull. Al comienzo de la investigaci¨®n, la posible responsabilidad contable de los expedientados se cifr¨® en varias decenas de millones de euros (lleg¨® a hablarse de 70 millones), pero el avance de la instrucci¨®n y, en paralelo, las medidas adoptadas para facilitar el restablecimiento de un clima menos tenso en las relaciones entre el Gobierno y las fuerzas independentistas, entre ellas los indultos, propiciaron sustanciales rebajas sucesivas.

El fiscal fij¨® finalmente la suma reclamada en 3,4 millones de euros, en especial por los gastos de Diplocat para promover el proc¨¦s en el extranjero. Esta cantidad, adem¨¢s, pudo ser avalada por el Institut Catal¨¤ de Finances, lo que hizo innecesario que los investigados vieran embargados sus bienes, al contar con una garant¨ªa que les protege hasta que exista una sentencia firme sobre el caso, lo que puede tardar varios a?os, a menos que una ley de amnist¨ªa determine el archivo del procedimiento.

Tambi¨¦n interviene en este expediente Societat Civil Catalana, cuya demanda cifr¨® la deuda de los imputados en 5,3 millones de euros. El Tribunal de Cuentas tendr¨ªa que moverse en estos m¨¢rgenes en caso de dictar una sentencia condenatoria, puesto que no puede imponer una sanci¨®n superior a la solicitada por las acusaciones.

A petici¨®n de una de las defensas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont est¨¢ citado para que preste declaraci¨®n en la vista. Fuentes del propio tribunal han explicado que esta citaci¨®n se aprob¨® a instancia de parte y con escasas, por no decir nulas expectativas, de que Puigdemont acuda al llamamiento, dado que la orden de detenci¨®n dictada por el instructor de la causa del proc¨¦s en el Supremo, Pablo Llarena, sigue vigente para todos los cuerpos policiales en el interior de Espa?a. Puigdemont tambi¨¦n hubiera podido solicitar que la pr¨¢ctica de su declaraci¨®n se realizara por videoconferencia. Fuentes del propio tribunal consideran que si la pidiera ahora, ya en puertas del juicio, dif¨ªcilmente se podr¨ªa acceder a la solicitud, por falta de tiempo para organizar t¨¦cnicamente la prueba con las debidas garant¨ªas.