El Constitucional entra en fase de perfil bajo para huir de la trifulca pol¨ªtica

El Tribunal Constitucional ha decidido entrar en fase de perfil bajo para no involucrarse en la tensi¨®n que en este ¨²ltimo trimestre caracteriza las relaciones entre el ¨¢mbito pol¨ªtico y el judicial. El ¨®rgano de garant¨ªas no va a llevar al pleno las cuestiones pol¨ªticamente m¨¢s sensibles que tiene planteadas para evitar el primer plano de la exposici¨®n p¨²blica, y posiblemente no resuelva hasta enero los dos primeros recursos contra la tramitaci¨®n parlamentaria de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa. Estas impugnaciones, presentadas por particulares, y que el tribunal debe decidir si admite o no a tr¨¢mite, desembocaron en el anuncio de abstenci¨®n por parte del magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia que elabor¨® los informes de indulto a los condenados en la causa penal del proc¨¦s. El Constitucional quiere evitar que las decisiones que pueda tomar sobre este y otros asuntos puedan colocarle de nuevo en el centro de pol¨¦micas anticipatorias de lo que vaya a decidir sobre el fondo de la ley de amnist¨ªa.

El ¨®rgano presidido por C¨¢ndido Conde-Pumpido busca huir de la trifulca pol¨ªtica. Aunque esta semana le corresponder¨ªa celebrar pleno ¨Cporque son quincenales y el ¨²ltimo fue el pasado d¨ªa 21¨C el tribunal no lo va a llevar a cabo, por el puente de la Constituci¨®n. Pero la decisi¨®n va m¨¢s a all¨¢, porque antes de Navidades habr¨¢ una sola sesi¨®n plenaria, el denominado pleno escoba, como se designa informalmente a los que tienen lugar antes de vacaciones ¨Cen diciembre y en julio¨C para resolver atrasos y cuestiones no especialmente candentes. Quedan excluidos de la pr¨®xima convocatoria, por tanto, algunos de los casos pendientes m¨¢s relevantes, sobre todo, recursos de amparo que ata?en al buen funcionamiento del Parlamento. El tribunal no desea aparecer ahora en el escenario de un inicio de legislatura tormentosa, y no solo en relaci¨®n con la ley de amnist¨ªa.

Se quedan fuera del pr¨®ximo pleno ¨Cel ¨²ltimo del a?o¨C recursos como los presentados por el exdiputado de Podemos Alberto Rodr¨ªguez por la p¨¦rdida de su esca?o. Esta impugnaci¨®n prosperar¨¢, a tenor de la primera deliberaci¨®n, pero el primer borrador de sentencia est¨¢ siendo revisado para modificar los argumentos iniciales. Tambi¨¦n queda para el futuro el examen del caso sobre la votaci¨®n sobre la reforma laboral, que el PP perdi¨® despu¨¦s de que su diputado Alberto Casero pretendiera corregir in extremis su voto err¨®neo favorable a dicha iniciativa del Gobierno. Permanece asimismo en espera la impugnaci¨®n que agit¨® la vida parlamentaria hace un a?o, cuando el Constitucional ¨Centonces con mayor¨ªa conservadora¨C rechaz¨® los recursos del Congreso y del Senado para que se les permitiera seguir adelante con la reforma que deb¨ªa facilitar la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional, bloqueada entonces desde hac¨ªa cinco meses por vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP.

Va a quedar igualmente para los primeros plenos del a?o pr¨®ximo la resoluci¨®n de los mencionados recursos de amparo presentados por particulares contra la ley de amnist¨ªa. Estas impugnaciones se dirigen contra una ley a¨²n pendiente de su tramitaci¨®n parlamentaria. Existe una proposici¨®n, pero no un texto legal susceptible de ser recurrido, por lo que es m¨¢s que probable que estos recursos tengan escaso recorrido. Aparte de que los demandantes no son diputados ni senadores, con lo que su iniciativa no consiste en un amparo parlamentario ni, en rigor, en un recurso de inconstitucionalidad. La cuesti¨®n por la que estas iniciativas han generado preocupaci¨®n en el tribunal deriva de las recusaciones que planteaban. Una de ellas se dirig¨ªa contra el magistrado Juan Carlos Campo, ministro de Justicia en junio de 2021, cuando el Consejo de Ministros aprob¨® los indultos a los l¨ªderes del proc¨¦s. Campo ya ha planteado formalmente su inhibici¨®n porque en los informes en los que se bas¨® el Gobierno para decidir sobre las peticiones de indulto sostuvo que esta figura es distinta de la amnist¨ªa. Y a?adi¨® que, a su juicio, esta ¨²ltima medida, a diferencia de la primera, no es constitucional. Es posible que su abstenci¨®n, de momento circunscrita a este caso, no tenga que ser examinada por el tribunal, ya que lo m¨¢s probable es que esos dos primeros recursos contra la ley de amnist¨ªa ni siquiera se admitan a tr¨¢mite y sean rechazados de plano.

El problema, en cambio, se replantear¨¢ cuando lleguen los primeros recursos con plena legitimaci¨®n y fundamentaci¨®n, por ejemplo, el que presente el PP inmediatamente despu¨¦s de aprobada la ley. Si el Supremo plantea una cuesti¨®n de inconstitucionalidad ¨Cpor sus dudas sobre la legalidad de la amnist¨ªa a los l¨ªderes del proc¨¦s¨C puede tardar algo m¨¢s, porque los miembros de la Sala de lo Penal se tomar¨¢n alg¨²n tiempo para debatir los t¨¦rminos de su iniciativa, para acordarla y ponerla en pr¨¢ctica. Ahora bien, la alegaci¨®n de Juan Carlos Campo para abstenerse seguir¨¢ en pie, puesto que la raz¨®n dada es su tesis de que la amnist¨ªa no encaja con la Constituci¨®n, expuesta en los citados informes sobre los indultos cuando era el titular de Justicia.

La estrategia del tribunal, en todo caso, es no anticipar escenarios y, por tanto, circunscribir por el momento la abstenci¨®n de Campo al asunto en que era ponente. En paralelo, se van a rechazar las recusaciones contra otros cuatro magistrados que tambi¨¦n derivan de las primeras impugnaciones presentadas, y que afectan al presidente del tribunal, C¨¢ndido Conde-Pumpido, y a los magistrados Ram¨®n S¨¢ez, Laura D¨ªez, Mar¨ªa Luisa Balaguer y Mar¨ªa Luisa Segoviano, todos del sector progresista. El hecho de que se haya vuelto a cuestionar a los magistrados ha reforzado en el tribunal la idea de que hay que huir de los focos y abrir un par¨¦ntesis hasta que vuelvan a resolverse recursos con carga pol¨ªtica.

Las sentencias m¨¢s relevantes del pr¨®ximo pleno ser¨¢n muy probablemente las que se refieren a otros dos recursos contra la ley que cre¨® el impuesto a las grandes fortunas, a los que se aplicar¨¢ la misma doctrina por la que se rechaz¨® la impugnaci¨®n de la Comunidad de Madrid, impulsada por su presidenta, Isabel D¨ªaz Ayuso. Esta doctrina se extendi¨® luego a las sentencias sobre los recursos de Andaluc¨ªa y Galicia, a las que seguir¨¢n los procedentes de Murcia y la Asamblea de Madrid. Con la particularidad de que las ya dictadas cuentan con el voto particular en contra de los cuatro magistrados del sector conservador, muy cr¨ªticos con las estrategias parlamentarias seguidas por el Gobierno para aprobar dicho impuesto. Esta circunstancia contribuye a explicar por qu¨¦ en el Constitucional no hay prisas por abordar recursos sobre materias sobre las que existen grandes diferencias entre los sectores conservador y progresista del tribunal.