Los socios del Gobierno debaten mejoras t¨¦cnicas a la ley de amnist¨ªa para blindarla

Cost¨® casi tres meses pactar la ley de amnist¨ªa entre todos los aliados del Gobierno, los ocho grupos con 178 esca?os que apoyaron su toma en consideraci¨®n, pero a¨²n siguen las discusiones t¨¦cnicas para mejorar su redacci¨®n y sobre todo blindarla para evitar que puedan echarla atr¨¢s el Tribunal Constitucional o la justicia europea, a la que sin duda recurrir¨¢n los que se oponen a esta norma. Una vez admitida a tr¨¢mite por el Congreso, la proposici¨®n de ley, que finalmente solo tiene la firma del PSOE, pero cuenta con el respaldo pol¨ªtico de otros siete grupos ¡ªSumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG¡ª est¨¢ ahora sujeta a enmiendas. Su presentaci¨®n a¨²n no es inminente, hay plazo hasta el 15 de enero. Pero los grupos ya est¨¢n teniendo conversaciones en estos d¨ªas para tratar de pactar ¡°mejoras t¨¦cnicas¡±, el t¨¦rmino que usan todos, especialmente para evitar que prosperen los recursos contra ella.

Los dos grupos que m¨¢s claramente est¨¢n empujando para esos cambios son ERC y Sumar, seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n, aunque Junts a¨²n se guarda sus cartas. Los dos se fijan en un punto especialmente delicado de la ley: la amnist¨ªa para los delitos de terrorismo, siempre que no tengan resultado de muerte o lesiones graves. Es un apartado pensado para amnistiar a los implicados en las causas de los llamados CDR ¡ªComit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica, con una causa en la Audiencia Nacional con 12 procesados por terrorismo¡ª como la del Tsunami Democr¨¢tic, en la que el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ha implicado tanto a Marta Rovira, secretaria general de ERC, como a Carles Puigdemont, l¨ªder de Junts.

El problema que est¨¢ generando mucho debate entre el PSOE y sus aliados est¨¢ en el art¨ªculo 2.c de la ley, el de las exclusiones de la amnist¨ªa. Ah¨ª se dice que quedan fuera de su alcance ¡°los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Cap¨ªtulo VII del T¨ªtulo XXII del Libro II del C¨®digo Penal, siempre y cuando haya reca¨ªdo sentencia firme y hayan consistido en la comisi¨®n de alguna de las conductas descritas en el art¨ªculo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017¡±.

Algunos grupos creen que esta diferencia entre los delitos con sentencia firme, excluidos de la amnist¨ªa por un motivo pol¨ªtico b¨¢sico ¡ªuna amnist¨ªa de un condenado en firme por terrorismo es algo dif¨ªcil de asumir¡ª, y los que no la tienen, que s¨ª podr¨ªan acogerse a la media de gracia ¡ªlo que beneficiar¨ªa a todos los implicados de CDR y Tsunami, ninguno con condenas ya dictadas¡ª puede ser un problema. Se analiza s¨ª podr¨ªa colisionar con el principio de igualdad que sanciona la Constituci¨®n o la directiva europea contra el terrorismo que cita la propia norma. Y ah¨ª es donde hay abierta una discusi¨®n entre los grupos que a¨²n no han logrado encontrar una soluci¨®n, pero la est¨¢n buscando.

Los socialistas creen que la norma est¨¢ bien y es absolutamente constitucional tal como est¨¢, como afirm¨® en el Congreso el ministro de Justicia, F¨¦lix Bola?os. Adem¨¢s, est¨¢n convencidos de que el derecho de la UE, incluida esa directiva citada, no impide en ning¨²n modo amnistiar delitos de terrorismo de forma excepcional, como es el caso. Pero est¨¢n abiertos a ¡°mejoras t¨¦cnicas¡± en este art¨ªculo y en otros, siempre que la propuesta que planteen los grupos sea s¨®lida y adem¨¢s cuente con el consenso de todos. Y esta es la parte m¨¢s dif¨ªcil pol¨ªticamente, porque la competencia entre ERC y Junts hace muy complejo que puedan ponerse de acuerdo en una enmienda tan sensible.

En cualquier caso, seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n, no habr¨¢ cambio de fondo de la ley, que est¨¢ muy cerrada despu¨¦s de decenas de horas de negociaci¨®n presencial y por videoconferencia. El pacto pol¨ªtico que hay detr¨¢s de esta norma es s¨®lido y todos los grupos que la apoyan est¨¢n de acuerdo en el objetivo: que la amnist¨ªa sea muy amplia y ning¨²n implicado en el proc¨¦s vuelva a entrar en la c¨¢rcel. Eso s¨ª, siempre que sean personas procesadas por asuntos relacionados con el desaf¨ªo independentista, y no por corrupci¨®n, como la familia Pujol, o por trocear contratos, como la presidenta de Junts, Laura Borr¨¤s. Tanto el PSOE como Sumar y ERC rechazan de plano que puedan acogerse a la amnist¨ªa.

La discusi¨®n tendr¨¢ que resolverse en estas semanas. La intenci¨®n es que la ley salga del Congreso en enero o principios de febrero. El PP la bloquear¨¢ en el Senado dos meses, y despu¨¦s, si todo va bien, se aprobar¨ªa a finales de abril. Pero a¨²n quedar¨ªa el largo camino de los recursos.