El Gobierno y los independentistas blindan la negociaci¨®n de la amnist¨ªa frente a la presi¨®n judicial

Una vez m¨¢s llega una decisi¨®n judicial muy relevante en el momento decisivo de una negociaci¨®n entre el Gobierno y los independentistas. Si el 7 de noviembre fue el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n quien redact¨® un auto implicando a Carles Puigdemont en el caso Tsunami por presunto delito de terrorismo, justo el d¨ªa en que estaba previsto cerrar en Bruselas el pacto de investidura entre el PSOE y Junts, esta vez fue el Tribunal Supremo el que decidi¨® el jueves imputar por el mismo delito al l¨ªder de Junts, que es aforado como eurodiputado. Ha sucedido justo cuando se estaban acercando posiciones para cerrar la ley de amnist¨ªa, cuyo plazo culmina el d¨ªa 7, la pr¨®xima semana.

En noviembre, aquel auto de Garc¨ªa-Castell¨®n complic¨® mucho la negociaci¨®n, que finalmente se cerr¨® cuatro d¨ªas despu¨¦s en medio de una gran tensi¨®n, y otros movimientos de este magistrado han generado muchos nervios y cambios de posici¨®n en Junts, que exig¨ªa m¨¢s cambios. Sin embargo, ahora distintas fuentes de los dos sectores coinciden en que el Gobierno y los independentistas, no solo Junts, sino tambi¨¦n ERC ¡ªque est¨¢ pendiente de cualquier reforma que se pacte¡ª, est¨¢n decididos a blindar la negociaci¨®n de la presi¨®n judicial.

No parece que la nueva resoluci¨®n del Supremo, que fue criticada abiertamente por los independentistas mientras el PSOE, como es habitual, manten¨ªa silencio y trasladaba su respeto a cualquier decisi¨®n judicial, vaya a alterar esta vez una negociaci¨®n que est¨¢ muy avanzada. Todas las fuentes consultadas coinciden en ver como muy probable un acuerdo en breve, aunque nadie lo da por seguro, dados los antecedentes. Pero algunas de estas fuentes se?alan que la decisi¨®n del Supremo incluso fuerza a los negociadores a¨²n m¨¢s a llegar a un pacto, ante la evidencia de que una parte de la justicia quiere impedir a toda costa que la amnist¨ªa tenga efectos reales.

El presidente, Pedro S¨¢nchez, no ha hablado esta vez al respecto, pero su posici¨®n ya qued¨® muy clara hace un mes en una rueda de prensa en Bruselas, cuando dijo que ¡°todos los independentistas ser¨¢n indultados porque no son terroristas¡±. El Gobierno insiste en que en el proc¨¦s no hubo terrorismo, y en privado algunos de sus miembros ironizan con la ¡°casualidad¡± de que la decisi¨®n llegue justo cuando se est¨¢ ultimando la negociaci¨®n de la ley, pero en p¨²blico el mensaje sigue siendo el de respeto total a la justicia. El Ejecutivo es m¨¢s cercano a la posici¨®n de la Fiscal¨ªa, que insiste en que no hubo terrorismo, sino des¨®rdenes p¨²blicos agravados, en las manifestaciones en el aeropuerto de Barcelona de 2019.

Los partidos independentistas catalanes coincidieron en criticar el trasfondo de la decisi¨®n judicial y en acusar al Tribunal Supremo de saltarse la divisi¨®n de poderes. Desde las filas de Junts, su portavoz, Josep Rius, acus¨® a los magistrados de querer ¡°interferir en la voluntad del legislativo¡± con la acusaci¨®n de terrorismo, haciendo referencia indirecta a la negociaci¨®n parlamentaria para aprobar la ley de amnist¨ªa. Por su parte, la republicana Marta Vilaret critic¨® al Supremo por querer convertirse en un ¡°actor pol¨ªtico¡±.

Rius no se refiri¨® espec¨ªficamente al efecto que tiene la imputaci¨®n de Puigdemont en las negociaciones entre Junts y el PSOE, pero en su intervenci¨®n dej¨® claro que ve una voluntad de la judicatura de ¡°bajar a la arena pol¨ªtica¡± y se refugi¨® en la discreci¨®n que ha marcado las negociaciones con los socialistas para no ahondar en la idea. Pero fuentes de la formaci¨®n insistieron en que es tan ¡°rocambolesca¡± la argumentaci¨®n del Supremo que no afectar¨¢ a las negociaciones del segundo intento por aprobar la amnist¨ªa.

¡°Todo el mundo sabe que no hubo terrorismo en Catalu?a durante el proc¨¦s, que Tsunami Democr¨¤tic propon¨ªa protestas no violentas y que los indicios de autor¨ªa de los acusados son muy d¨¦biles¡±, agreg¨® Vilaret, vicesecretaria de ERC. No se puede llamar terrorismo al libre ejercicio del derecho a la manifestaci¨®n¡±, sostuvo, por su parte, Rius.

Dentro de las filas de los republicanos dejaron entrever que si Junts no hubiera votado en contra de la tramitaci¨®n en el Congreso, ahora ser¨ªa posible ahorrarse cualquier turbulencia adicional en la negociaci¨®n. Sin embargo, ERC y Junts aparcaron por un d¨ªa sus diferencias y su diario intercambio de reproches para enviarse mensajes de apoyo mutuo y pusieron el dedo acusador en el Poder Judicial, al que ven entregado a la agenda de ¡°la derecha y la ultraderecha¡±, como dijo en un mensaje en X (antes Twitter) el president, Pere Aragon¨¨s, que insisti¨® en que el Supremo ha tomado ¡°una decisi¨®n pol¨ªtica, no jur¨ªdica¡±.

De momento, en Junts se vuelve a reforzar la idea de que es mejor bunkerizarse para garantizar, como en otros momentos claves de la legislatura, que todo llegar¨¢ a un buen puerto. Puigdemont volvi¨® a recurrir a sus mensajes en X para sentar posici¨®n. All¨ª ironiz¨® sobre la acusaci¨®n y aprovech¨® tambi¨¦n para desmentir una informaci¨®n de El Confidencial sobre el supuesto regalo de un reloj de 7.000 euros por parte de una empresa que organiz¨® varios eventos a independentistas. ¡°Creo que ya solo falta que me salga una cuenta secreta en Panam¨¢. El matrix judicial espa?ol ha adaptado la m¨¢xima del mal periodismo: no dejes que la realidad te arruine una buena imputaci¨®n¡±, se?al¨® el expresidente catal¨¢n.