El Poder Judicial auditar¨¢ los juzgados de los cinco municipios andaluces m¨¢s saturados por el narcotr¨¢fico

Todav¨ªa no ha pasado ni un mes desde que ocho supuestos narcos a bordo de una semirr¨ªgida acabasen con la vida de dos guardias civiles en el puerto de Barbate y el titular del juzgado de la localidad que lo instruye ya ha cambiado. El suceso, investigado como asesinato, pill¨® al Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n de Barbate (C¨¢diz) con el cambio ya fijado y, desde hace dos semanas, el caso est¨¢ siendo instruido por un juez novel. Esa alta rotaci¨®n, tan com¨²n en los juzgados de C¨¢diz, es, previsiblemente una de las conclusiones a las que llegar¨¢ el Consejo General del Poder Judicial despu¨¦s de que haya decidido analizar la situaci¨®n de sobrecarga que atraviesan los juzgados gaditanos y de Huelva debido a las causas de narcotr¨¢fico.

El Poder Judicial ha encargado un informe a su servicio de inspecci¨®n sobre la situaci¨®n en que se encuentran los juzgados de los cinco municipios m¨¢s afectados por los casos de narcotr¨¢fico: Barbate, Sanl¨²car de Barrameda y La L¨ªnea de la Concepci¨®n (en C¨¢diz) y Ayamonte y Moguer (Huelva). La comisi¨®n permanente del CGPJ ha tomado esta decisi¨®n tras analizar un informe remitido por la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en el que se subraya la gran sobrecarga de trabajo y los escasos medios de esos ¨®rganos, y propone, entre otras medidas, que la Audiencia Nacional asuma las investigaciones a las grandes redes de narcotr¨¢fico ¡°independientemente del ¨¢mbito en que desplieguen¡±. Los jueces han enviado al Gobierno las propuestas del citado informe que requieren reformar la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

El informe sobre la situaci¨®n de los juzgados de instrucci¨®n y primera instancia de los citados municipios, puertas de entrada de las narcolanchas del hach¨ªs y la coca¨ªna y de los grandes cargamentos de droga por v¨ªa mar¨ªtima, deber¨¢ concretar qu¨¦ medidas pueden adoptarse para rebajar la carga de trabajo. Estos ¨®rganos judiciales, especialmente los 19 de las tres ciudades gaditanas citadas, tienen que compaginar la instrucci¨®n de complejas causas de narcotr¨¢fico con el resto de asuntos civiles, penales y de familia (suele ser juzgados mixtos).

La sobrecarga y saturaci¨®n de todos estos juzgados es tan evidente que ya, en enero de 2023, la Fiscal¨ªa Antidroga de C¨¢diz asumi¨® la prescripci¨®n de un proceso que instru¨ªa Juzgado N¨²mero 2 de Barbate desde el a?o 2007 y que se hab¨ªa quedado atorado sin avances. La misma instituci¨®n tiene en su radar causas de 2012, 2013 o 2014 ¡ªa?os en los que la Guardia Civil hizo m¨¢s presi¨®n en la zona¡ª que est¨¢n situaci¨®n similar en juzgados barbate?os y que peligran en correr la misma suerte. De ah¨ª que desde la Audiencia Provincial de C¨¢diz se lleve a?os alertando de la situaci¨®n y de la necesidad de m¨¢s juzgados, medios personales y materiales.

El escrito de la asociaci¨®n profesional ya anticipa la necesidad de una serie de medidas que implican tanto al Ministerio de Presidencia y Justicia, al Ministerio del Interior ¡ªcompetente en refuerzos de medios policiales¡ª y a la Junta de Andaluc¨ªa ¡ªresponsable de las sedes judiciales y del personal administrativo de estas¡ª. La propuesta para el Ministerio de Justicia, que la Comisi¨®n Permanente del CGPJ ha acordado ya darle traslado, supondr¨ªa la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que engloba propuestas como la asunci¨®n por parte de la Audiencia Nacional de los delitos de narcotr¨¢fico.

A eso, la asociaci¨®n Francisco de Vitoria suma la propuesta de liberar al juez instructor de la resoluci¨®n de recursos de reforma, limitar los supuestos en los que quepa interponer recursos de apelaci¨®n contra decisiones del instructor, establecer un complemento salarial de peligrosidad en las zonas consideradas especialmente conflictivas, la implantaci¨®n de los Tribunales de Instancia a medio plazo y unificaci¨®n de los sistemas de gesti¨®n procesal. La entidad entra tambi¨¦n a pedir otras cuestiones extrajudiciales que son las que se trasladar¨¢n a Interior y a la Junta andaluza: el refuerzo de los cuerpos de seguridad y el nombramiento de nuevos letrados de la administraci¨®n de Justicia y funcionarios, respectivamente.

El Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, implementado en 2018 y ahora en vigor en diversas provincias andaluzas, ya conllev¨® un refuerzo policial en la zona. Con la idea de evitar el embudo, el Ministerio de Justicia y la Junta de Andaluc¨ªa se coordinaron para crear en 2019 dos juzgados m¨¢s en Algeciras ¡ªuno de instrucci¨®n y uno penal¡ª, uno de instrucci¨®n en La L¨ªnea ¡ªel n¨²mero 5¡ª y otro igual en San Roque ¡ªel n¨²mero 3¡ª, adem¨¢s de una nueva plaza de magistrado en la secci¨®n en Algeciras de la Audiencia Provincial.

Pero el cuello de botella sigui¨® estando ah¨ª. El atasco es tan acusado que, al igual que ocurre en otros puestos funcionariales de la zona, muchos jueces optan por marcharse de la zona tan pronto les sea posible. Eso lleva a singularidades como que la titular del Juzgado n¨²mero 3 de La L¨ªnea de la Concepci¨®n, Alba Serrano, sea la jueza decana de la localidad, pese a llevar en esa sede desde 2021. Serrano, a su llegada por petici¨®n propia, se encontr¨® con macrocausas policiales que llevaban hasta nueve a?os de instrucci¨®n, divorcios que estaban por tramitar desde hace cuatro a?os o juicios de custodia de menores en los que los ni?os ya eran mayores de edad, tal y como la jueza cont¨® a EL PA?S hace un a?o.

Un a?o despu¨¦s, poco ha cambiado, como reconoce otra fuente judicial de la zona que pone el acento en la necesidad de realizar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procesos de instrucci¨®n en general. Eso, unido a falta de medios personales y materiales, la alta rotaci¨®n de jueces y funcionarios y las macrocausas de narcotr¨¢fico de compleja investigaci¨®n ha creado una tormenta perfecta que ralentiza juzgados locales, m¨¢s all¨¢ de los rese?ados por el CGPJ que pretende investigar. Adem¨¢s de La L¨ªnea, Barbate o Sanl¨²car, zonas cero del narco en distintas ¨¦pocas, la dispersi¨®n del tr¨¢fico de drogas impulsada por el cerco policial ha llevado a complicar la situaci¨®n en juzgados de Chiclana o El Puerto de Santa Mar¨ªa, donde los procesos sin reos y no vinculados al narcotr¨¢fico se convierten en v¨ªctimas colaterales del colapso provocado por el tr¨¢fico de drogas.