El tormentoso periplo de la ley de amnist¨ªa

El acuerdo que llevar¨¢n al Congreso este jueves el PSOE y sus socios, anunciado a las ocho de la tarde de este mi¨¦rcoles, es la tercera versi¨®n de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa. Desde que se registr¨® la primera, en noviembre pasado, los impulsores del texto se han visto forzados a negociar cambios para intentar blindar su objetivo com¨²n: que la medida de gracia beneficie a todos los encausados por el proc¨¦s ¡ªm¨¢s de 400, seg¨²n c¨¢lculos de los negociadores¡ª y que consiga el aval del Tribunal Constitucional y de la justicia europea cuando les toque pronunciarse sobre la norma. La tarea de aunar estos dos prop¨®sitos, complicada por sucesivas resoluciones judiciales, es la que explica los sucesivos cambios en el texto que han llevado a apurar al m¨¢ximo el plazo marcado antes de que la ley pudiera decaer.

Garc¨ªa-Castell¨®n irrumpe en la negociaci¨®n. Al margen de modificaciones puntuales para aclarar algunos aspectos que en el primer texto pod¨ªan resultar ambiguos, el debate hasta ahora se ha centrado en el alcance de la amnist¨ªa para los encausados por terrorismo. Cuando empez¨® a negociarse la medida de gracia, esta imputaci¨®n ya afectaba al caso de los CDR ¡ªlos Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica, surgidos para defender la secesi¨®n tras el refer¨¦ndum ilegal del 1-O¡ª y a Tsunami Democr¨¤tic ¡ªla plataforma que impuls¨® las protestas tras la sentencia del proc¨¦s¡ª, por lo que desde el principio se buscaron f¨®rmulas para incluir en la amnist¨ªa a los encausados por ese delito. Pero las alarmas saltaron el 6 de noviembre. Ese d¨ªa, cuando se daba por hecho que el PSOE y los partidos independentistas iban a anunciar un acuerdo sobre la proposici¨®n de ley, Garc¨ªa-Castell¨®n irrumpi¨® en la negociaci¨®n implicando por primera vez en el caso Tsunami, tras cuatro a?os de investigaci¨®n, a Carles Puigdemont, l¨ªder de Junts y que est¨¢ llamado a ser uno de los principales beneficiarios de la amnist¨ªa.

En esa resoluci¨®n, el magistrado se?ala tambi¨¦n a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, e insiste en investigar como delito de terrorismo las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proc¨¦s, apoy¨¢ndose en un informe de la Guardia Civil que consider¨® que la plataforma que impuls¨® esas movilizaciones era una herramienta de ¡°desestabilizaci¨®n y de presi¨®n pol¨ªtica¡± que pretend¨ªa ¡°movilizar a miles¡± de personas para ¡°comprometer la estabilidad econ¨®mica, social, empresarial e institucional de Espa?a¡±.

El PSOE presenta en solitario el texto. El paso dado por Garc¨ªa-Castell¨®n llev¨® al PSOE y sus socios a revisar de extremo a extremo el texto que ya ten¨ªan casi cerrado. Las conversaciones se alargaron una semana a la b¨²squeda de una redacci¨®n que garantizara la medida de gracia para Puigdemont, Rovira y el resto de encausados en Tsunami. Finalmente, el PSOE registra en solitario, el 13 de noviembre, una proposici¨®n de ley que implicaba amnistiar todos los delitos de terrorismo relacionados con el desaf¨ªo independentista, salvo aquellos que ya tuvieran sentencia firme, una circunstancia que estaban muy lejos de alcanzar tanto la causa del CDR ¡ªdonde tambi¨¦n se investiga este delito¡ª como la que persigue las protestas contra la sentencia del proc¨¦s.

Los impulsores de la norma confiaban en que esa redacci¨®n blindaba la medida de gracia, pero, a medida que avanzaba la tramitaci¨®n, muchos juristas, incluidos los letrados del Congreso, advirtieron de que esa diferencia de trato entre casos con sentencia firme o sin ella pod¨ªa ser cuestionada por el Constitucional o por la justicia europea. Ese temor llev¨® a los partidos a una nueva negociaci¨®n contra el reloj para pactar cambios que salvaguardasen la constitucionalidad de la norma sin dejar fuera a ninguno de los encausados.

Enmienda para blindar el terrorismo. Tras una primera negociaci¨®n fallida, el PSOE, ERC y Junts acordaron a finales de enero una enmienda para los delitos de terrorismo que elimin¨® la referencia a casos con sentencia firme. La diferencia ya no se establec¨ªa en el momento procesal en el que estuviera la causa, sino en la gravedad de los hechos: se amnistiar¨ªan todos los supuestos de terrorismo vinculados al desaf¨ªo independentista salvo aquellos que hayan causado, ¡°de forma manifiesta y con intenci¨®n directa¡±, violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el art¨ªculo 2 (derecho a la vida) y 3 (derecho a no ser sometido a tortura ni a trato inhumano o degradante) del Convenio Europeo para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario.

Los negociadores estaban convencidos de que esa redacci¨®n garantizaba que la norma se aplicase a Puigdemont, Rovira y el resto de encausados por terrorismo. Hasta entonces, Garc¨ªa-Castell¨®n hab¨ªa vinculado las movilizaciones contra la sentencia del proc¨¦s con la muerte de un ciudadano franc¨¦s por un infarto en el aeropuerto de Barcelona, pero, en el caso de que los tribunales confirmaran esa relaci¨®n ¡ªrechazada por informes judiciales, de los Mossos y de los servicios de emergencia¡ª, dif¨ªcilmente se les podr¨ªa atribuir intencionalidad.

Junts se descuelga del pacto tras nuevas resoluciones judiciales. La confianza del partido de Puigdemont en la redacci¨®n dur¨® apenas 48 horas, el tiempo que tard¨® Garc¨ªa-Castell¨®n en dictar un nuevo auto en el que, por primera vez, advert¨ªa de que los implicados en Tsunami pod¨ªan violar ¡°el derecho a la vida e integridad f¨ªsica reconocido en el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n espa?ola y el art¨ªculo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos¡±, justo la l¨ªnea que marcaba la enmienda pactada por el PSOE sus socios. Si prosperara esa interpretaci¨®n, el expresidente catal¨¢n y el resto de encausados en este proceso se quedar¨ªan fuera de la medida de gracia.

A ese movimiento de Garc¨ªa-Castell¨®n, se une el del juez que instruye la trama rusa del proc¨¦s en un juzgado de Barcelona, Joaqu¨ªn Aguirre, quien, en un auto dictado el 29 de enero ¡ªun d¨ªa antes de la votaci¨®n del Pleno del Congreso sobre la proposici¨®n de ley¡ª, sostiene que desde el entorno de Puigdemont se realizaron maniobras para alterar la unidad territorial de Espa?a y buscar alianzas con Rusia para desestabilizar a la UE. El texto de la ley dejaba fuera de la amnist¨ªa los ¡°delitos de traici¨®n¡± y contra la paz del Estado o los delitos que afecten ¡°a los intereses financieros de la Uni¨®n Europea¡±, lo que, seg¨²n c¨®mo avance la investigaci¨®n, pod¨ªa acabar frustrando la aplicaci¨®n de la medida de gracia para los implicados en este caso.

Estos pronunciamientos llevaron a Junts a votar en contra de la amnist¨ªa en el Congreso, lo que devolvi¨® el texto a la Comisi¨®n de Justicia y forz¨® una nueva negociaci¨®n. En las cinco semanas que se ha prolongado esta, la implicaci¨®n de Puigdemont en Tsunami ha recibido el espaldarazo del Tribunal Supremo, que ha abierto una causa por terrorismo contra el expresident, en contra del criterio de la Fiscal¨ªa.