Las causas a empresas por corrupci¨®n se duplicaron en el ¨²ltimo a?o

Mientras los casos de Koldo Garc¨ªa, antiguo asesor del que fuera ministro Jos¨¦ Luis ?balos; del expresidente de la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol Luis Rubiales y de la pareja de la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso, sacuden el panorama pol¨ªtico y medi¨¢tico, y se preparan comisiones de investigaci¨®n parlamentaria, los tribunales siguen dictando sentencias por corrupci¨®n. El a?o pasado fueron 56, de las que un tercio (18) fueron absolutorias. En las que s¨ª se impusieron penas, 15 lo fueron tras alcanzar un acuerdo entre los encausados y la Fiscal¨ªa para la pena; 20, sin ese pacto, y las tres restantes fueron condenatorias solo en parte, seg¨²n detalla el Repositorio de Datos sobre Procesos de Corrupci¨®n del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 256 personas en los 32 procedimientos por delitos de corrupci¨®n concluidos el a?o pasado. De ellos, 71 eran personas jur¨ªdicas (empresas y otras entidades con derechos y obligaciones).

Las cifras de las resoluciones son inferiores a las de 2022, cuando los tribunales espa?oles dictaron 61 sentencias. Entonces, las absolutorias fueron 16. Para este a?o hay pendiente de celebrar una treintena de juicios por algunas de las grandes causas de corrupci¨®n, como los casos G¨¹rtel, Lezo y P¨²nica, que sientan en el banquillo a exdirigentes del PP. Este repositorio de informaci¨®n recoge datos desde el tercer trimestre de 2015 hasta la actualidad, tanto a nivel nacional como por comunidades aut¨®nomas. De acceso p¨²blico, utiliza como indicadores de la lucha contra la corrupci¨®n el n¨²mero de acusados y/o procesados, de procedimientos, de sentencias dictadas y el sentido de las mismas, y el de presos por estos delitos. Se actualiza cada tres meses.

La informaci¨®n se circunscribe a la denominada corrupci¨®n p¨²blica, tanto administrativa como pol¨ªtica, es decir, aquella que afecta a funcionarios y cargos p¨²blicos en el ejercicio de sus funciones, y que afectan al dinero p¨²blico. Bajo el concepto gen¨¦rico de corrupci¨®n se recoge una larga lista de delitos como los de prevaricaci¨®n urban¨ªstica, prevaricaci¨®n de funcionarios p¨²blicos, infidelidad en la custodia de documentos y violaci¨®n de secretos, cohecho, tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios p¨²blicos y abusos en el ejercicio de su funci¨®n y receptaci¨®n y blanqueo de capitales.

Hay una segunda cifra de la actualizaci¨®n de esta base de datos que llama la atenci¨®n: los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 256 personas en los 32 procedimientos por delitos de corrupci¨®n concluidos el a?o pasado. De ellos, 71 eran personas jur¨ªdicas (empresas y otras entidades con derechos y obligaciones). La inmensa mayor¨ªa, en juzgados de Andaluc¨ªa (64), seguido a mucha distancia por los de Madrid (cinco) y Comunidad Valenciana (dos). Este n¨²mero supone el doble del a?o anterior, cuando fueron 36, aunque iguala a las cifras de 2021. Entre 2018 y 2020, las cifras se hab¨ªan situado entre las 30 sociedades del primero de esos a?os a los 49 del ¨²ltimo. No hay que olvidar que la imputaci¨®n de empresas y otras entidades en causas penales es un concepto relativamente nuevo en el C¨®digo Penal, en el que fue introducido en 2010 y reformado profundamente cinco a?os m¨¢s tarde. Antes se consideraba que las personas jur¨ªdicas no pod¨ªan delinquir.

El n¨²mero de empresas encausadas por corrupci¨®n previsiblemente se incrementar¨¢n en los pr¨®ximos a?os una vez que Espa?a traspuso en febrero del a?o pasado ¨Dcon retraso¨D la directiva europea de 2019 conocida como Whistleblowing (¡±denuncia de irregularidades o de pr¨¢cticas corruptas¡±), por la que las empresas de m¨¢s de 50 trabajadores deben contar con un canal interno de denuncias de irregularidades dando protecci¨®n a aquella persona que desde dentro de una organizaci¨®n, ya sea una empresa privada o un organismo de la administraci¨®n, denuncia las irregularidades que conoce.

Aunque en un primer momento la obligatoriedad de tener este buz¨®n solo afectaba a las grandes empresas con m¨¢s de 250 trabajadores, desde el pasado diciembre todas las compa?¨ªas con plantillas que superen el medio centenar de empleados deben contar con este canal o, de lo contrario, se exponen a multas de hasta un mill¨®n de euros. Las empresas p¨²blicas, los partidos pol¨ªticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones tambi¨¦n est¨¢n obligadas a crear este canal de denuncias si reciben o gestionan fondos p¨²blicos.

El resto de los procesados, 185, fueron personas f¨ªsicas, con un claro predominio de los varones (152) frente a las mujeres (33). El a?o anterior hab¨ªan sido menos, 164, repartidos en 138 hombres y 26 mujeres. Por comunidades, los juzgados de Andaluc¨ªa fueron tambi¨¦n los que m¨¢s personas procesaron, 125, seguidos por los de Madrid (22) y la Comunidad Valenciana (21). No obstante, el reflejo de todo esto en las c¨¢rceles es peque?o. Seg¨²n las estad¨ªsticas de las tres administraciones que gestionan las prisiones en Espa?a ¨DMinisterio del Interior, Generalitat catalana y gobierno vasco¨D, a 1 de enero de 2024 hab¨ªa en ellas 91 presos por alg¨²n delito vinculado con la corrupci¨®n, de los que 35 eran en concreto por malversaci¨®n, seguido por los de cohecho (22). En esa fecha, la poblaci¨®n reclusa ascend¨ªa a 56.979 internos.

Los datos se conocen en un momento en el que la corrupci¨®n ha vuelto a situarse entre las 10 primeras preocupaciones de los espa?oles en el bar¨®metro de opini¨®n de marzo del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS). En este ¨²ltimo sondeo, un 12,2% de los consultados la citaban entre las tres primeras, frente al 4,9% del mes anterior, cuando ocupaba el decimoctavo lugar. Entre uno y otro sondeo hab¨ªa estallado, precisamente, el caso Koldo, en el que se investiga una supuesta trama que ama?¨® contratos p¨²blicos para la compra de mascarillas en el peor momento de la pandemia, pero a¨²n no hab¨ªan estallado los esc¨¢ndalos que afectan a Rubiales y Ayuso.