La ONU insta a Espa?a a adoptar ¡°las medidas necesarias¡± contra ¡°las leyes de concordia¡± de PP y Vox

Tras analizar las iniciativas de los gobiernos bipartitos de PP y Vox para derogar las leyes regionales de memoria y sustituirlas por otras llamadas ¡°de concordia¡±, Naciones Unidas insta a Espa?a a que adopte ¡°todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los est¨¢ndares internacionales de los derechos humanos en materia de preservaci¨®n de la memoria hist¨®rica de las graves violaciones de los derechos humanos¡±. De momento, el Gobierno ya ha avanzado que llevar¨¢ la ofensiva de la derecha y la extrema derecha contra las leyes de memoria al Constitucional y ha pedido amparo, adem¨¢s de a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.

El informe de la ONU est¨¢ firmado por Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoci¨®n de la verdad, la justicia, la reparaci¨®n y las garant¨ªas de no repetici¨®n; Aua Bald¨¦, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Tras analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en Castilla Le¨®n, Arag¨®n y la Comunidad Valenciana, los tres expertos de Naciones Unidas aseguran que ¡°las llamadas leyes de concordia podr¨ªan transgredir la obligaci¨®n del Estado espa?ol de garantizar la preservaci¨®n de la memoria hist¨®rica de graves violaciones de derechos humanos¡±, ya que, se?alan, ¡°ordenan la supresi¨®n de m¨²ltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria hist¨®rica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislaci¨®n estatal y auton¨®mica vigente en la materia¡±. Para la ONU, esas iniciativas del PP y Vox all¨¢ donde gobiernan juntos, ¡°pueden acarrear l¨ªmites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las v¨ªctimas¡± de la Guerra Civil y la dictadura franquista; ¡°obstaculizan o suprimen la subvenci¨®n de proyectos¡± en la materia y ¡°pueden invisibilizar¡±, advierten, ¡°las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el r¨¦gimen dictatorial franquista¡±.

Naciones Unidas destaca que las iniciativas de PP y Vox para derogar las leyes regionales de memoria sustituy¨¦ndolas por otras llamadas de concordia, ¡°evitan, y/o omiten nombrar o condenar el r¨¦gimen franquista¡± y subraya que contribuyen a alentar teor¨ªas ¡°revisionistas o negacionistas¡± sobre la Guerra Civil y la dictadura. Tambi¨¦n se refieren, espec¨ªficamente, al proyecto de ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, y c¨®mo, al aludir a ¡°las v¨ªctimas de la II Rep¨²blica [cuyo gobierno fue elegido democr¨¢ticamente] y al ¡°terrorismo etarra e isl¨¢mico¡±, se ¡°desvirt¨²a¡± el objetivo de las leyes de memoria de ¡°atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de v¨ªctimas del franquismo y la Guerra Civil¡±, esto es, las que no hab¨ªan sido reparadas. La ley de concordia de la Comunidad Valenciana afirma en su exposici¨®n de motivos: ¡°Vamos a aprovechar para reconocer a todas las v¨ªctimas de la violencia pol¨ªtica y social que ha vivido nuestro pa¨ªs, tambi¨¦n las del terrorismo¡±. Ya existe una norma que ampara a este colectivo, por lo que el texto, de siete p¨¢ginas, aclara que la nueva normativa ¡°no elimina ni uno solo de los derechos que ya est¨¢n reconocidos por la ley 1/2004 de 24 de mayo de ayuda a las v¨ªctimas del terrorismo, que sigue vigente¡±.

El informe recuerda las obligaciones internacionales en la materia adquiridas por Espa?a al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos (1977) y la Convenci¨®n Internacional para la protecci¨®n de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2009), entre otros tratados internacionales, e insiste: ¡°Todos los poderes del Estado espa?ol, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de Gobierno, cualquiera sea su nivel -nacional, regional o local-, deben cumplir con la obligaci¨®n de proteger los derechos humanos y garantizar la preservaci¨®n hist¨®rica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos¡±. Adem¨¢s, los relatores de la ONU advierten de que ¡°el incumplimiento de estas obligaciones por parte de tales entidades u autoridades est¨¢ en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado espa?ol¡±.

Naciones Unidas conoce bien el caso de Espa?a. En 2014, el entonces relator especial de la ONU para la promoci¨®n de la verdad, la justicia, la reparaci¨®n y las garant¨ªas de no repetici¨®n, Pablo de Greiff, visit¨® el pa¨ªs para comprobar qu¨¦ grado de todas las cosas que componen el largo nombre de su cargo ten¨ªan las v¨ªctimas del franquismo. Al volver, redact¨® un demoledor informe sobre las deficiencias de la ley de memoria vigente, la de 2007. El Gobierno lo llam¨® para elaborar la Ley de Memoria Democr¨¢tica de 2022, que incorpor¨® sus recomendaciones, fundamentalmente, la asunci¨®n, por parte de la Administraci¨®n (Gobierno central, regional y local) de las tareas de localizaci¨®n, exhumaci¨®n e identificaci¨®n de v¨ªctimas. Durante el debate de la norma en el Congreso, ante la f¨¦rrea oposici¨®n de PP y Vox, De Greiff ya record¨® que las pol¨ªticas de memoria no son un capricho de un partido pol¨ªtico, sino ¡°obligaciones del derecho internacional¡±, vigentes en los pa¨ªses que, como Espa?a, tuvieron un pasado traum¨¢tico y acumulan deudas con los represaliados y sus familias. El informe de Naciones Unidas sobre las iniciativas de PP y Vox contra las leyes de memoria regionales y estatales recuerda ¡°la obligaci¨®n del Estado espa?ol en su conjunto¡± de ¡°garantizar la preservaci¨®n de la memoria colectiva relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo dedictadura franquista y Guerra Civil¡±, porque a eso obligan, recuerdan, ¡°los est¨¢ndares internacionales¡± y porque de esa tarea depende ¡°el desarrollo de una cultura de democracia y respeto de los derechos humanos¡± que permita ¡°reflexionar sobre el presente e identificar los problemas contempor¨¢neos relacionados con exclusi¨®n, discriminaci¨®n, marginaci¨®n y abusos de poder¡±.