El Supremo pregunta a la Fiscal¨ªa si debe aplicar la amnist¨ªa y mantiene la orden de detenci¨®n a Puigdemont

Apenas cinco horas despu¨¦s de que el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) publicara este martes la ley de amnist¨ªa, marcando as¨ª su entrada en vigor, el Tribunal Supremo ha activado los tr¨¢mites para decidir si aplica la medida de gracia. La Sala Penal ha pedido este martes a la Fiscal¨ªa, el resto de acusaciones y las defensas que informen sobre si hay que aplicar la amnist¨ªa en cada una de las tres causas abiertas en el alto tribunal vinculadas al proc¨¦s: el procedimiento que se sigue contra Carles Puigdemont, Toni Com¨ªn, Llu¨ªs Puig y Marta Rovira, los cuatro procesados que est¨¢n huidos de la justicia espa?ola; la causa ya juzgada y sentenciada por la que Oriol Junqueras y otros tres exconsejeros catalanes siguen cumpliendo una pena de inhabilitaci¨®n por malversaci¨®n; y la instrucci¨®n de Tsunami Democr¨¤tic, en la que se investiga a Puigdemont por terrorismo. Las resoluciones dictadas son bastantes similares entre s¨ª, aunque la firmada por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del proc¨¦s, deja entrever que el juez aprecia resquicios en la ley que podr¨ªan frenar su aplicaci¨®n. Llarena, adem¨¢s, pregunta si debe mantener las ¨®rdenes de detenci¨®n nacional dictadas los procesados y le recuerda a la polic¨ªa que, de momento, estas ¨®rdenes siguen vigentes, por lo que si los encausados entran en Espa?a deber¨¢n ser detenidos.

El Supremo tiene ahora dos meses para decidir si aplica directamente la amnist¨ªa, si eleva una cuesti¨®n ante el Tribunal de Justicia de la UE o el Constitucional o si rechaza de plano aplicar la medida de gracia a todos o a algunos de los encausados. Las resoluciones enviadas este martes por el Supremo se limitan a preguntar la opini¨®n de las acusaciones (la Fiscal¨ªa, la Abogac¨ªa del Estado y Vox) y a las defensas, pero esas providencias contienen algunas pistas de las dudas que alberga la Sala Penal sobre si los encausados en el proc¨¦s y en Tsunami Democr¨¤tic pueden verse beneficiados por la ley. La providencia del juez Llarena, a quien le corresponde decidir sobre los implicados en el proc¨¦s que est¨¢n huidos, recuerda que el art¨ªculo 1 de la ley establece los requisitos para exonerar de responsabilidad criminal los delitos perpetrados en el contexto del proceso independentista catal¨¢n, ¡°pero excluyendo, siempre y en todo caso, los supuestos de hecho que el propio legislador recoge en su art¨ªculo 2¡å, que es el que regula las excepciones a la medida de gracia. Entre esas excepciones, Llarena pone el foco en una: ¡°Los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Uni¨®n Europea¡±.

El instructor recuerda tambi¨¦n que el pre¨¢mbulo de la ley se?ala que ¡°corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnist¨ªa y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ¨¢mbito de aplicaci¨®n establecido por el legislador¡±. Es decir, que una vez que el Congreso ha aprobado la norma y el BOE la ha publicado, son los jueces quienes tienen que decidir qu¨¦ encausados concretos se ven beneficiados por la amnist¨ªa y cu¨¢les no. Y da instrucciones precisas a la Fiscal¨ªa y a las defensas sobre qu¨¦ aspectos deben incluir en su informe: si la amnist¨ªa debe aplicarse o no a los distintos delitos que se atribuyen a los encausados (malversaci¨®n y desobediencia en el caso de Puigdemont, Com¨ªn y Puig, y solo desobediencia en el de Rovira) y si se deben mantener ¡°o modificar¡± las medidas cautelares acordadas contra ellos. De momento, las ¨®rdenes de detenci¨®n siguen vigentes, recuerda Llarena, que ordena a la polic¨ªa que arreste a los encausados si entran en Espa?a, lo que impide, por ahora, que Puigdemont y el resto de procesados viajen a Catalu?a sin riesgo a ser detenidos.

El juez advierte a las partes de que sus informes deben incluir ¡°una particular referencia¡± a si los hechos que se atribuyen a los encausados se entienden comprendidos en las previsiones de la ley para los delitos de desobediencia y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, as¨ª como a si pueden considerarse excluidos de la amnist¨ªa ¡°por la espec¨ªfica previsi¨®n del legislador recogida en su art¨ªculo 2.e¡±, que es el que impide aplicar la medida de gracia a los hechos que hayan causado un da?o econ¨®mico a la UE. El instructor pone as¨ª sobre la mesa los dos apartados de la ley que pueden poner en peligro la amnist¨ªa para Puigdemont: el posible perjuicio financiero para la Uni¨®n y los l¨ªmites que la propia norma fija para beneficiar a los encausados por malversaci¨®n.

La ley establece que se amnistiar¨¢ este delito si el desv¨ªo de fondos estuvo destinado a financiar actos vinculados al proc¨¦s y ¡°siempre que no haya existido prop¨®sito de enriquecimiento¡±, entendido este como ¡°beneficio personal de car¨¢cter patrimonial¡±. Fuentes del tribunal llevan semanas advirtiendo de que los magistrados tienen que estudiar el encaje de este precepto en la jurisprudencia del Supremo, que se?ala que el enriquecimiento no se produce solo cuando hay un lucro personal sino tambi¨¦n cuando genera otro tipo de beneficios. Los fiscales que participaron el juicio del proc¨¦s se amparan en esa jurisprudencia para rechazar que la amnist¨ªa se aplique al delito de malversaci¨®n, pero esa no es, de momento, la postura oficial del Ministerio P¨²blico.

Respecto al da?o a los intereses de la UE, los fiscales del proc¨¦s sostienen que el uso de fondos p¨²blicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Uni¨®n repercute negativamente en los intereses financieros comunitarios, por el riesgo de fractura territorial y la consiguiente disminuci¨®n de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto. No obstante, otras fuentes jur¨ªdicas y fiscales consideran que este hipot¨¦tico da?o nunca se produjo y que, por tanto, esa excepci¨®n de la ley de amnist¨ªa no es aplicable en este caso.

Informe sobre Junqueras

El tribunal que juzg¨® y sentenci¨® la causa del proc¨¦s, encabezado por el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, ha reaccionado tambi¨¦n a la entrada en vigor de la amnist¨ªa. Los jueces han dictado una providencia que da un plazo de cinco d¨ªas a la Fiscal¨ªa, la acusaci¨®n popular y las defensas para que se pronuncien sobre la aplicaci¨®n de la norma a Oriol Junqueras, Ra¨¹l Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, los cuatro exconsejeros catalanes a los que el alto tribunal conden¨® por malversaci¨®n y a los que el Gobierno indult¨® la pena de c¨¢rcel, pero que siguen teniendo pendiente la de inhabilitaci¨®n. El informe que env¨ªen las partes, a?ade el tribunal, deber¨¢ concretar ¡°las consecuencias derivadas de lo previsto en los art¨ªculos 1 y 2 de la Ley al regular los hechos amnistiables y sus exclusiones¡±.

La sala pide tambi¨¦n que se pronuncie el abogado de la exconsejera Clara Ponsat¨ª, quien, tras permanecer huida en B¨¦lgica durante seis a?os, se present¨® ante el Supremo en marzo de 2023, despu¨¦s de que una reforma penal pactada por el Gobierno y ERC eliminara el delito de sedici¨®n, por el que tambi¨¦n se le persegu¨ªa y que pod¨ªa acarrearle altas penas de c¨¢rcel. Ahora s¨®lo est¨¢ procesada por desobediencia.

La magistrada instructora del caso Tsunami Democr¨¤tic, Susana Polo, tambi¨¦n ha dado traslado a las partes para que informen en el plazo de 10 d¨ªas sobre si se debe aplicar la norma y cerrar la instrucci¨®n que afecta a Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Rub¨¦n Wagensberg. Ambos est¨¢n investigados por un supuesto delito de terrorismo, otra de las excepciones que contempla la ley de amnist¨ªa en determinados casos, por lo que las acusaciones y las defensas deber¨¢n fijar su postura sobre si los hechos que se le atribuyen al expresidente catal¨¢n y al parlamentario republicano caben bajo el paraguas de la medida de gracia.

Sobre Tsunami Democr¨¤tic ha pedido igualmente informe a las partes el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, que instruye la causa para los encausados no aforados, entre ellos, la secretaria general de ERC Marta Rovira y el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Llu¨ªs Alay. El instructor da 10 d¨ªas de plazo a las acusaciones y las defensas para que digan si creen que debe aplicar la medida de gracia a los investigados, a los que atribuye un delito de terrorismo.

Guerra en la Fiscal¨ªa

Tras recibir la providencia del Supremo, el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, ha reunido este mismo martes a los fiscales que participaron en el juicio del proc¨¦s para tratar de coordinar la actuaci¨®n ante el alto tribunal. El encuentro, seg¨²n las fuentes consultadas, ha evidenciado la guerra abierta en el Ministerio P¨²blico en torno a la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa. Garc¨ªa Ortiz ha pedido a los fiscales Javier Zaragoza y Javier Moreno (los otros dos que participan en el caso no han asistido) un informe que responda a la petici¨®n formulada por el Supremo, pero los fiscales han insistido en el documento que le enviaron la semana pasada, en el que adem¨¢s de sostener que la amnist¨ªa no era aplicable al delito de malversaci¨®n que se atribuye a los l¨ªderes del proc¨¦s, incluyeron una cr¨ªtica rotunda a la ley con argumentos m¨¢s pol¨ªticos que jur¨ªdicos.

Garc¨ªa Ortiz, seg¨²n fuentes conocedoras de la reuni¨®n, ha advertido que ese era un informe ¡°gen¨¦rico¡± y que la respuesta al Supremo debe ser m¨¢s concreta. Zaragoza y Moreno han quedado en presentarlo, aunque han avanzado que mantendr¨¢n su postura contraria a amnistiar a los encausados por malversaci¨®n. Si el fiscal general no comparte ese criterio, tendr¨¢ que hacer otro informe jur¨ªdico defendiendo su postura y los fiscales del proc¨¦s podr¨ªan invocar que se activara el art¨ªculo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que prev¨¦ que si un fiscal discrepa de la orden que reciba de un superior ser¨¢ la junta de fiscales la que decida. Garc¨ªa Ortiz no ha avanzado cu¨¢l es su posici¨®n, pero fuentes de su entorno se?alan que, en principio, es partidario de aplicar la ley a todos los hechos vinculados al proc¨¦s, por lo que las fuentes consultadas dan por hecho que los fiscales que han llevado la acusaci¨®n contra los l¨ªderes independentistas se resistir¨¢n a obedecerle y exigir¨¢n la convocatoria de la Junta de Fiscales.