Los fiscales del ¡®proc¨¦s¡¯ desaf¨ªan a Garc¨ªa Ortiz al oponerse a amnistiar a Puigdemont y Junqueras

Los cuatro fiscales que ejercieron la acusaci¨®n en el juicio del proc¨¦s han formalizado este mi¨¦rcoles su desaf¨ªo al fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, a cuenta de la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa a los l¨ªderes independentistas catalanes. Los fiscales han entregado un informe en el que reafirman su postura de no aplicar la medida de gracia a los encausados por el delito de malversaci¨®n y exigen que, si el fiscal general tiene una opini¨®n distinta, les d¨¦ esa orden por escrito, y que se re¨²na para debatirlo la Junta de Fiscales de Sala. Adem¨¢s, avanzan que, en el caso de finalmente la posici¨®n del Ministerio P¨²blico sea la de aplicar la amnist¨ªa a ese delito, ellos se negar¨¢n a alterar su informe y se apartar¨¢n de la causa.

¡°Si [el fiscal general] considera que debe aplicarse en todo caso la ley [de amnist¨ªa], prescindiendo del an¨¢lisis del hecho concreto y de los argumentos jur¨ªdicos expuestos en los informes que se adjuntan, deber¨¢ ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada, y a continuaci¨®n proceder conforme a lo dispuesto en el art¨ªculo 27 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal ¡ªconvocando la audiencia preceptiva de la Junta de Fiscales de Sala¡ª¡±, sostienen Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, los cuatro fiscales que participaron en el juicio del Tribunal Supremo en 2019. Y a?aden: ¡°Ya que estimamos que su aplicaci¨®n [la de la amnist¨ªa] en lo que concierne al delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios m¨¢s elementales de l¨®gica jur¨ªdica y de legalidad penal exigibles en la interpretaci¨®n y aplicaci¨®n de la norma¡±.

El escrito, de nueve p¨¢ginas, responde a la petici¨®n que les formul¨® Garc¨ªa Ortiz el martes, cuando el Supremo dio cinco d¨ªas de plazo a la Fiscal¨ªa para que informara sobre si hay que aplicar la amnist¨ªa a los cuatro exconsejeros de la Generalitat, entre ellos Oriol Junqueras, que siguen teniendo pendiente una pena de inhabilitaci¨®n por malversaci¨®n, y a los cuatro procesados huidos de la justicia, incluido Carles Puigdemont.

El fiscal general reuni¨® a los fiscales del proc¨¦s para tratar de coordinar la actuaci¨®n ante el Supremo, pero el encuentro evidenci¨® la guerra abierta en el Ministerio P¨²blico en torno a la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa. Garc¨ªa Ortiz les pidi¨® un informe que respondiera a la petici¨®n formulada por los jueces, y los fiscales insistieron en el documento que ya le hab¨ªan enviado la semana pasada. En ¨¦l, adem¨¢s de sostener que la amnist¨ªa no es aplicable al delito de malversaci¨®n que se atribuye a los l¨ªderes del proc¨¦s, incluyeron una cr¨ªtica rotunda a la ley con argumentos m¨¢s pol¨ªticos que jur¨ªdicos. Garc¨ªa Ortiz, seg¨²n fuentes conocedoras de la reuni¨®n, les advirti¨® de que ese era un informe ¡°gen¨¦rico¡± y que la respuesta al Supremo deb¨ªa ser m¨¢s concreta. Los fiscales quedaron en rehacerlo y ese es el documento que han entregado este mi¨¦rcoles, en el que, como ya avanzaron, mantienen su oposici¨®n a amnistiar el delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y avisan de que no van a asumir una orden contraria del fiscal general.

La Fiscal¨ªa se rige por el principio de dependencia jer¨¢rquica, lo que implica que los fiscales tienen que seguir el criterio de su superior, que en el caso de los fiscales del proc¨¦s es directamente el fiscal general. Pero el Estatuto del Ministerio P¨²blico prev¨¦, en su art¨ªculo 27, un mecanismo para solventar las discrepancias, y ese precepto es el que invocar¨¢n estos fiscales si su jefe, Garc¨ªa Ortiz, les dice que hay que defender ante el Supremo la aplicaci¨®n de la medida de gracia a los encausados por malversaci¨®n.

Garc¨ªa Ortiz ha rechazado hasta ahora opinar p¨²blicamente sobre el alcance de la amnist¨ªa, pero fuentes de su entorno se?alan que su posici¨®n diverge de la expresada por los fiscales del proc¨¦s, es decir, que ¨¦l s¨ª considera que la malversaci¨®n que se atribuye a Puigdemont o Junqueras queda bajo el paraguas de la ley porque no supuso un beneficio patrimonial para los l¨ªderes independentistas, la condici¨®n que fija la norma para poder beneficiarse de la medida de gracia. Si Garc¨ªa Ortiz establece que este es el criterio del Ministerio P¨²blico, todos los fiscales tendr¨ªan, en teor¨ªa, que seguirlo.

Fuentes fiscales se?alan que, una vez recibido el informe, Garc¨ªa Ortiz comunicar¨¢ por escrito su postura a Cadena, Zaragoza, Madrigal y Moreno. En el caso de que sea partidario de amnistiar la malversaci¨®n y los fiscales del proc¨¦s se nieguen, estos pedir¨¢n la activaci¨®n del art¨ªculo 27 del Estatuto, que prev¨¦ la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala (m¨¢ximo ¨®rgano asesor de Garc¨ªa Ortiz). Los miembros de esta Junta tendr¨ªan que examinar un informe elaborado por los fiscales del proc¨¦s y otro de Garc¨ªa Ortiz, y fijar una posici¨®n. No obstante, la ¨²ltima palabra la tiene el fiscal general, que cuenta con capacidad para imponer su criterio, diga lo que diga la Junta. Los fiscales del Supremo ya avanzan en el escrito presentado este mi¨¦rcoles que no van a firmar un informe que diga que hay que amnistiar la malversaci¨®n, y que, en ese caso, ellos se apartar¨ªan de la causa y Garc¨ªa Ortiz tendr¨ªa que encargar el informe a otro fiscal del Supremo que s¨ª acepte su criterio.

La ley de amnist¨ªa establece que la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos ser¨¢ perdonada si estuvo destinada a financiar actos vinculados al proc¨¦s y ¡°siempre que no haya existido prop¨®sito de enriquecimiento¡±, entendido este como ¡°beneficio personal de car¨¢cter patrimonial¡±. Con esta redacci¨®n, el Gobierno y sus socios pretenden evitar lo que ocurri¨® con la reforma penal de la malversaci¨®n aprobada en 2022, un cambio con el que el PSOE y los partidos independentistas buscaban rebajar las penas por este delito impuestas a los l¨ªderes del proc¨¦s, pero que no tuvo ese efecto porque el Supremo rechaz¨® aplicarlo al desv¨ªo de fondos vinculado al 1-O. El tribunal esgrimi¨® su propia jurisprudencia, seg¨²n la cual la malversaci¨®n no solo produce enriquecimiento cuando hay un lucro personal, sino tambi¨¦n cuando se genera otro tipo de beneficios. Por eso en la ley de amnist¨ªa se ha a?adido que el beneficio obtenido debe ser de ¡°car¨¢cter patrimonial¡±.

Los promotores de la medida de gracia defienden que no hay ninguna prueba de que el desv¨ªo de fondos del proc¨¦s haya provocado un aumento del patrimonio de los encausados, pero la interpretaci¨®n que hacen los fiscales les lleva a sostener lo contrario. ¡°La malversaci¨®n de caudales p¨²blicos supuso un beneficio patrimonial para los autores, pues destinaron los mismos a la elaboraci¨®n, desarrollo y concreci¨®n de su ilegal proyecto que les produjo un indudable beneficio patrimonial, pues decididos a toda costa a celebrar el refer¨¦ndum ilegal conoc¨ªan perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo con clamorosa infracci¨®n del deber de custodia a su sustracci¨®n del erario p¨²blico de todos los espa?oles¡±, argumentan Cadena, Zaragoza, Madrigal y Moreno en su informe. Es decir, que los l¨ªderes del proc¨¦s usaron dinero p¨²blico para financiar algo que, si no, habr¨ªan tenido que pagar de su bolsillo, y por tanto, al hacerlo, se beneficiaron personalmente en su patrimonio.

Para los fiscales del proc¨¦s, adem¨¢s, esa malversaci¨®n caus¨® un da?o a los intereses financieros de la UE, otra de las excepciones que contempla la ley de amnist¨ªa. ¡°La malversaci¨®n de fondos p¨²blicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Uni¨®n Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminuci¨®n de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Uni¨®n¡±, se?alan.

El informe solo defiende amnistiar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a la exconsejera Clara Ponsat¨ª, procesadas ambas por desobediencia. Como consecuencia, propone levantar la orden de detenci¨®n nacional que pesa sobre Rovira, que huy¨® a Suiza en 2018 para evitar ser juzgada. En el caso de Puigdemont y de los exconsejeros Toni Com¨ªn y Llu¨ªs Puig, como los fiscales concluyen que no hay que aplicarles la amnist¨ªa, abogan por mantener las ¨®rdenes de arresto.

En el caso de que Garc¨ªa Ortiz desoiga el criterio de los cuatro fiscales y defienda ante el Supremo la medida de gracia para los encausados por malversaci¨®n, los fiscales piden que se reclame al tribunal que eleve una cuesti¨®n prejudicial ante la UE para que esta se pronuncie sobre posibles choques entre la legislaci¨®n europea y la ley de amnist¨ªa. En ese supuesto, afirman, s¨ª habr¨ªa que alzar todas las ¨®rdenes de detenci¨®n hasta que el tribunal con sede en Luxemburgo d¨¦ una respuesta.

Recuento de casos

Un recuento elaborado por la Fiscal¨ªa y difundido este mi¨¦rcoles cifra en ¡°aproximadamente¡± 82 los procedimientos penales que pueden verse afectados por la amnist¨ªa, y en unos 486 los encausados que podr¨ªan beneficiarse de la medida de gracia. Esta relaci¨®n incluye las causas del proc¨¦s, Tsunami Democr¨¤tic y CDR que ya se han juzgado o que se est¨¢n investigando en el Supremo y la Audiencia Nacional, as¨ª como dos procedimientos que se siguen en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC). Pero el grueso de las causas corresponde a las Audiencias provinciales de Catalu?a o a juzgados unipersonales de esta comunidad. La provincia que m¨¢s acumula es Barcelona, con 39 procedimientos, seguida de Tarragona, con 12. En Girona se tramitan nueve, y en Lleida, siete.