El cubo de Rubik de la financiaci¨®n auton¨®mica, clave para investir a Illa
El Gobierno busca cuadrar un complejo acuerdo que contente a sus socios y que, al mismo tiempo, implique a las comunidades gobernadas por el PP
Las negociaciones para que Salvador Illa acceda a la presidencia de la Generalitat han reabierto la vieja y apasionada batalla de la financiaci¨®n auton¨®mica. La disposici¨®n de Pedro S¨¢nchez a implicarse en la b¨²squeda de un trato ¡°singular¡± para Catalu?a que seduzca a ERC ha puesto en guardia al resto de comunidades, que han agitado antiguas reivindicaciones y agravios en vistas a una posible revisi¨®n del modelo que rige el reparto de los recursos entre regiones. Los primeros compases de ese di¨¢logo tambi¨¦n han agrietado el bloque de investidura. El Gobierno, que no quiere reformar el actual modelo de financiaci¨®n sin las comunidades del PP ni desarbolar su mayor¨ªa en el Congreso, explora junto al PSC ¡°f¨®rmulas imaginativas¡±, seg¨²n fuentes cercanas a las negociaciones, que muevan a los republicanos de su demanda del concierto fiscal ¡ªuna l¨ªnea roja para los socialistas¡ª y desbloquee la investidura de Illa antes de que expire el plazo del 26 de agosto.
La ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, empieza ya a girar las piezas del complejo cubo de Rubik que tiene en sus manos. En la primera de las caras que se propone resolver tiene a una ERC en plena crisis con su demanda de un concierto como el vasco o el navarro que el Gobierno ve inviable. Pero el rompecabezas le exige tambi¨¦n atender a sus socios de investidura, como el BNG, Comprom¨ªs o la Chunta, que ya han exigido para sus comunidades lo mismo que obtenga Catalu?a. Y debe contentar tambi¨¦n a Junts, el partido de Carles Puigdemont. La formaci¨®n del expresident tambi¨¦n aspira a una investidura casi imposible al requerir del benepl¨¢cito de Illa, quien ya dio portazo a esa opci¨®n. Complejo aliado en Madrid y feroz adversario en Barcelona, Junts tambi¨¦n ha puesto el grito en el cielo porque el PSC haya hecho de la financiaci¨®n una baza negociadora.
Los socialistas catalanes han ense?ado ya una parte de su oferta a los independentistas: el despliegue de un consorcio formado por el Estado y la Generalitat para dirigir una agencia tributaria que recaude y gestione los impuestos generados en la comunidad. No ser¨ªa un logro menor. Cuando los gobiernos tripartitos de izquierdas gobernaban en Catalu?a, al entonces diputado Francesc Homs, mano derecha de Artur Mas, le gustaba comparar la recaudaci¨®n de impuestos con una gallina. El ave, dec¨ªa el dirigente de Converg¨¨ncia, se la hab¨ªa quedado Madrid, que la alimentaba con recursos de la comunidad, pero luego apenas mandaba cuatro huevos. ¡°?Tenemos la gallina!¡±, predicaba Homs cuando Catalu?a at¨® ese organismo con la negociaci¨®n de la financiaci¨®n en 2009. Con el pacto negociado por el tripartito y bendecido por el partido en el que militaba Puigdemont, el animal volv¨ªa a casa. La agencia fue avalada por el Constitucional, pero nunca ech¨® a andar. La desidia de unos, el desinter¨¦s de otros y las resistencias de los funcionarios podr¨ªan explicar que ese proyecto quedase aparcado y pr¨¢cticamente olvidado. Hasta las elecciones del 12-M, cuando Illa lo resucit¨® para incorporarlo a su programa.
El atractivo de ese organismo est¨¢ en que puede ser clave para resolver algunas de las frecuentes controversias entre la Generalitat y el Gobierno, como la demora de las entregas a cuenta o la falta de informaci¨®n sobre la recaudaci¨®n. ¡°Su esp¨ªritu es contar con una ventanilla ¨²nica para que el ciudadano pueda pagar sus impuestos donde quiera: tanto en la agencia catalana como en la estatal. Eso ya funciona en Alemania, donde los l?nder ya gestionan todos los tributos mediante sus agencias, tambi¨¦n las del Estado federal¡±, explica Maite Vilalta, investigadora y profesora de Hacienda P¨²blica de la Universidad de Barcelona.
El Gobierno explora otros elementos que puedan complementar ese paquete. Se trata sobre todo de transferencias para competencias espec¨ªficas que pueda tener Catalu?a, vinculadas a los Mossos d¡¯Esquadra, la gesti¨®n de prisiones o investigaci¨®n y desarrollo. Y a eso se a?adir¨ªa la quita en el Fondo de Liquidez Auton¨®mica (FLA), que dar¨¢ ox¨ªgeno a unas arcas p¨²blicas todav¨ªa maltrechas por el colapso que sufrieron en los a?os de la crisis financiera. ¡°El Estado puede rebajar mucho el d¨¦ficit fiscal catal¨¢n sin necesidad de hacer ninguna reforma. Dos ejemplos: aplicando la disposici¨®n adicional tercera del Estatuto para elevar las inversiones en la comunidad y ejecutando todos esos compromisos ya se dar¨ªa un paso adelante muy significativo¡±, afirma Oriol Amat, catedr¨¢tico de Econom¨ªa de la Universidad Pompeu Fabra.
El PSC, que justo acaba de empezar a negociar apartado de los focos, se reserva dar a conocer todo el per¨ªmetro que est¨¢ dispuesto a abarcar. Un acuerdo de ese calibre, basado en la agencia y transferencias, tiene varias virtudes: uno, est¨¢ dentro del ordenamiento jur¨ªdico; dos, responder¨ªan a la demanda de ¡°singularidad¡± sin cruzar la l¨ªnea roja de un concierto fiscal que ya no cuenta con el respaldo mayoritario del Parlamento catal¨¢n, y tres, ser¨ªa extensible al resto de comunidades, como ya sucedi¨® con la quita de la deuda del FLA acordada con los republicanos. De nuevo, un pacto bilateral con Catalu?a abrir¨ªa la puerta a beneficios extensibles al resto de regiones. O bien a acuerdos de transferencias o acuerdos ya existentes en otras comunidades. Es decir, una negociaci¨®n con mucha letra peque?a. ¡°La financiaci¨®n singular para Catalu?a es tan obligada como la de Castilla-La Mancha, Andaluc¨ªa o Madrid. No se trata de privilegios, pero s¨ª de hacer, en la medida de lo posible, trajes a medida. Bilateralismo s¨ª, multilateralismo, tambi¨¦n¡±, opina Javier Loscos, profesor de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Reforma de la financiaci¨®n sin prisas
Las comunidades esperan, sin embargo, que el Gobierno abra el mel¨®n de la reforma del modelo de financiaci¨®n auton¨®mica, que debi¨® haberse revisado hace una d¨¦cada. Montero anunci¨® en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera de diciembre que se dispon¨ªa a hacerlo. Y S¨¢nchez lo reiter¨® esta semana en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, Hacienda no quiere sacar adelante una reforma del modelo de financiaci¨®n auton¨®mica sin el apoyo de las comunidades del Partido Popular. Por ahora, les ha instado a acudir al consejo de este mes con una propuesta ¨²nica. Esa demanda, sin embargo, es dif¨ªcil que pueda materializarse, puesto que estas tienen intereses dispares, cuando no contradictorios.
Si al final la revisi¨®n del modelo acaba reabri¨¦ndose, el Gobierno cree que puede hacerlo sin prisas, sorteando las posiciones maximalistas que le est¨¢n llegando de todas las comunidades, al considerar que no hay una urgencia. Las comunidades no se hallan ya en la situaci¨®n de la crisis financiera de la d¨¦cada pasada, cuando un Artur Mas asfixiado por el peso de la deuda y desgastado por los recortes sociales lanz¨® el ¨®rdago del pacto fiscal a Mariano Rajoy en 2012. Ahora no es el caso: este a?o, el sistema inyectar¨¢ 150.000 millones de euros a las arcas auton¨®micas, un 15% m¨¢s que el a?o anterior. ¡°El manguerazo que ha dado el Estado a las comunidades aut¨®nomas en los ¨²ltimos a?os ha sido espectacular. La situaci¨®n que han vivido sus arcas durante la crisis de entre 2020 y 2022 no tiene nada que ver con el castigo que sufrieron las administraciones regionales entre 2011 y 2013¡å, explica Santiago Lago, catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad de Vigo.
Ese aumento de los recursos ha permitido que las comunidades hayan sido capaces de hacer frente a las insuficiencias que pueda tener actual modelo, pero algunos expertos temen que con la reactivaci¨®n de las reglas fiscales europeas regrese la presi¨®n a las arcas auton¨®micas en 2025. ¡°El crecimiento sustancial de los recursos de estos a?os permite que ninguna comunidad pierda y, a la vez, se corrijan los desequilibrios que genera el actual sistema¡±, afirma Francisco P¨¦rez, catedr¨¢tico de la Universidad de Val¨¨ncia y director de investigaci¨®n del Instituto Valenciano de Investigaciones Econ¨®micas (IVIE). Y a?ade: ¡°Una de las consecuencias negativas de retrasar la reforma es que si los mayores recursos se distribuyen con unas reglas deficientes el statu quo se sit¨²a cada vez a un nivel m¨¢s elevado¡±. El 65% de las comunidades se destina a sanidad, educaci¨®n o servicios sociales, lo cual explica tanto que algunas comunidades pidan m¨¢s recursos estables como que otras denuncien el dumping fiscal emprendido por regiones como Madrid, que ha llevado a una carrera por bajar impuestos que puede hacer incomprensible para el ciudadano que los ejecutivos auton¨®micos pidan m¨¢s al Estado.
Illa s¨ª ha puesto encima de la mesa un elemento que incorporar a la negociaci¨®n: el llamado ¡°principio de ordinalidad¡±, que consiste que ninguna comunidad pueda perder posiciones en los recursos fiscales de los que dispone tras realizar su contribuci¨®n a la solidaridad territorial. ¡°No puede ser que Catalu?a sea la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibir recursos. No es un privilegio, es una cuesti¨®n de justicia¡±, afirm¨® el l¨ªder del PSC, quien dio a entender que ese tambi¨¦n es un elemento que pondr¨¢ sobre la mesa del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, al que ahora podr¨ªa regresar el Ejecutivo catal¨¢n tras a?os de ausencia por el proc¨¦s. Los expertos de la comisi¨®n sobre financiaci¨®n auton¨®mica creada por el exministro Crist¨®bal Montoro ya propugnaban que, a la larga, deb¨ªa haber una mayor coherencia entre las aportaciones de las comunidades y la disposici¨®n de fondos tras hacer esa aportaci¨®n al fondo com¨²n. Algunos analistas quitan dramatismo a esa posibilidad. ¡°El respeto a la ordinalidad se puede leer como una demanda de que nadie adelante a una comunidad en ese ranking. Y es compatible, por ejemplo, con que todas tengan los mismos recursos. Es decir, con una nivelaci¨®n plena¡±, recuerda Santiago Lago.
Demandas de la Comunidad Valenciana y Andaluc¨ªa
Los expertos consultados ven casi sin posibilidades un concierto fiscal para Catalu?a. Y la mayor¨ªa cree que se tratar¨¢ de introducir ajustes. Por ejemplo, la introducci¨®n de nuevas variables como el nivel de precios. ¡°Supondr¨ªa admitir que en algunas comunidades es m¨¢s caro prestar servicios p¨²blicos que en otras¡±, explica Lago. Otros creen que se podr¨ªa retocar el porcentaje de los recursos que van al fondo com¨²n. De nuevo, m¨¢s letra peque?a. Algunos s¨ª esperan que se entre en materia ¡°Es una situaci¨®n sin sentido que la ordinalidad no se respete y los recursos de algunas comunidades con baja capacidad fiscal sean mayores que los de otras en las que se recaudan m¨¢s impuestos¡±, sostiene Francisco P¨¦rez. ¡°Una forma de respetar la ordinalidad es la nivelaci¨®n total de recursos por habitante ajustado. Lo que quiero decir es que respetar la ordinalidad no es lo mismo que nivelar menos sino nivelar cuanto se decida, pero razonablemente¡±, a?ade.
Cuatro comunidades ¨CAndaluc¨ªa, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha¨C han movido ya ficha al pedir un fondo transitorio para corregir su situaci¨®n de infrafinanciaci¨®n hasta que se cierre una reforma del modelo financiaci¨®n. La Fundaci¨®n de Estudios de Econom¨ªa Aplicada (Fedea) ha estimado que ese instrumento deber¨ªa estar dotado de unos 3.000 millones de euros. Montero por ahora ha enfriado esa posibilidad. Sin embargo, fuentes bregadas en otras negociaciones afirman que, al ense?ar sus cartas, esas cuatro comunidades marcan una posible senda para la ministra. ¡°Si logra cuadrar los n¨²meros para contentar a Andaluc¨ªa, la Comunidad Valenciana y Murcia ya pone contra las cuerdas a la direcci¨®n del Partido Popular, que ver¨ªa muy complicado justificar un no, m¨¢xime cuando esa cuesti¨®n se ha abanderado durante tanto tiempo desde Valencia. Y a la vez, pacificar¨ªa el posible descontento que siempre hay dentro del PSOE cuando se abren estos debates. Basta con recordar que Felipe Gonz¨¢lez tuvo que ir a Extremadura para calmar a Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra por la cesi¨®n del 15% del IRPF a Catalu?a¡±, apuntan.
Despu¨¦s de una d¨¦cada de proc¨¦s en la que se proclamaba que la mejor financiaci¨®n era la que proporcionaba la independencia, Catalu?a vuelve a instar a reformar la financiaci¨®n auton¨®mica. Y si Illa sale investido, se dispone tambi¨¦n a volver a la mesa, a la b¨²squeda de un pacto primero bilateral y posteriormente extensible al resto. Como ya ocurri¨® en 1991 con Felipe Gonz¨¢lez; en 1996 y 2001 con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar; en 2009 con Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. La novedad es hasta d¨®nde quiere llevar el trato ¡°singular¡± que reclama y qu¨¦ le piensa dar el Ejecutivo. Pero la negociaci¨®n con ERC solo acaba de comenzar y lleva puestas las luces largas.
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