?Cu¨¢les son los pr¨®ximos pasos tras el acuerdo para renovar el Poder Judicial?
El Congreso y el Senado tendr¨¢n que aprobar la lista por mayor¨ªa de tres quintos, pero eso est¨¢ garantizado por la suma de los diputados socialistas y populares. Varios requisitos del proceso se hicieron ya en 2018, cuando tocaba la renovaci¨®n
Superado el escollo pol¨ªtico para renovar el Poder Judicial, llega el turno de que el Congreso y el Senado tomen la palabra. El acuerdo alcanzado por el PSOE y PP este martes en Bruselas permite desbloquear la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces, que llevaba m¨¢s de cinco a?os y medio con el mandato caducado. Para aprobar la renovaci¨®n hace falta una mayor¨ªa cualificada de tres quintos en las Cortes (210 votos en el Congreso y 177 en el Senado) que queda garantizada con los respaldos parlamentarios de los dos principales partidos, PP y PSOE.
Aunque el acuerdo contempla que el nuevo Consejo debata, redacte y proponga, previo acuerdo de tres quintos de sus miembros, modificar el modo de elecci¨®n del CGPJ, lo primero ser¨¢ la renovaci¨®n del actual consejo con la Ley vigente. El Consejo se reform¨® en 1985, 1990, 1996, 2001, 2008 y, por ¨²ltima vez, en 2013.
En realidad, parte de los requisitos legales para la renovaci¨®n ya se hab¨ªan cumplido en 2018, cuando formalmente tocaba. As¨ª, antes de que concluya un mandato, la ley establece que el presidente del CGPJ env¨ªe una carta a todos los jueces para recordarles cu¨¢ndo vence ese periodo y comunicarles que se hace un plazo para que se presenten candidatos a cubrir las 12 plazas que est¨¢n reservadas a miembros de la carrera ¡ªpuede concurrir cualquier juez que tenga el aval de 25 colegas o de una asociaci¨®n judicial¡ª y 8 para juristas de reconocido prestigio con m¨¢s de 15 a?os de carrera. Como este procedimiento ya se hizo en 2018, han quedado fuera de optar a una vocal¨ªa quienes desde esa fecha ya cumplen los requisitos exigidos. El Poder Judicial ya evalu¨® las candidaturas, y de ah¨ª sali¨® una lista final que el presidente del Poder Judicial remiti¨® a los presidentes del Congreso y del Senado.
Ahora, los ocho vocales jueces que son juristas de reconocido prestigio deber¨¢n comparecer ante la Comisi¨®n Consultiva de Nombramientos del Congreso y del Senado (cuatro en cada uno), pero no as¨ª los 12 de extracci¨®n judicial. Luego, el Congreso y el Senado deber¨¢n convocar una sesi¨®n plenaria espec¨ªfica para votar a esos candidatos, en la que puede haber un debate previo para que los grupos parlamentarios expongan sus posiciones.
Despu¨¦s, se vota el listado, que deber¨¢ alcanzar los tres quintos que PP y PSOE tienen de sobra: suman 259 diputados y les bastar¨ªan 210 (en el Senado, tienen 235 esca?os y ya 177 ser¨ªan bastantes). La elecci¨®n, al tratarse de personas, se hace mediante papeletas.
Los vocales elegidos por las C¨¢maras son luego nombrados por el Rey por real decreto, tras lo cual jurar¨¢n o prometer¨¢n su cargo en la toma de posesi¨®n. Despu¨¦s, el CGPJ celebrar¨¢ su sesi¨®n constitutiva, presidida por el vocal de mayor edad. La ley fija que toma de posesi¨®n y la sesi¨®n constitutiva tendr¨¢n lugar dentro de los cinco d¨ªas posteriores a la expiraci¨®n del anterior Consejo, salvo cuando, como ha ocurrido estos a?os, no ha habido acuerdo en las Cortes. En ese caso, el consejo saliente sigue en funciones y no puede proceder a elegir el nuevo presidente del Poder Judicial.
Ahora, ya renovado, el CGPJ podr¨¢ hacer nombramientos pendientes, una de las secuelas de la no renovaci¨®n m¨¢s perniciosas para el funcionamiento de la judicatura y la justicia. El Consejo nombrar¨¢ a su presidente tras la presentaci¨®n de candidaturas (cada vocal puede proponer un ¨²nico nombre), que ser¨¢ tambi¨¦n presidente del Tribunal Supremo, un cargo que ahora se ejerce en suplencia. En el segundo pleno se votar¨¢ al vicepresidente del alto tribunal, cuya candidatura presenta el presidente, y que precisa de mayor¨ªa absoluta.
Despu¨¦s, comenzar¨¢ la designaci¨®n de nuevos titulares para las 98 vacantes en los principales organismos judiciales. Entre ellas, 25 magistrados del Tribunal Supremo, aproximadamente un tercio del total, en sus salas de Lo Civil, Lo Penal, Lo Social, Lo Contencioso-Administrativo y Lo Militar. Tambi¨¦n est¨¢n pendientes de cubrir una treintena de plazas en los tribunales superiores de justicia de las comunidades aut¨®nomas, entre ellos siete presidencias. Hay tambi¨¦n nombramientos pendientes en la Audiencia Nacional, las provinciales y en la jurisdicci¨®n militar.
Pero el pacto alcanzado este martes prev¨¦ tambi¨¦n que en el plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) elabore un informe para ¡°examinar los sistemas europeos de elecci¨®n de los miembros de los Consejos de la Magistratura an¨¢logos al espa?ol¡± y una propuesta para reformar el sistema de elecci¨®n de los vocales que pueda ser evaluada ¡°positivamente¡± por el informe del Estado de derecho de la Comisi¨®n Europea. El objetivo, seg¨²n el documento del acuerdo, es que el CGPJ est¨¦ en l¨ªnea ¡°con los mejores est¨¢ndares europeos¡±. La propuesta deber¨¢ ser trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que la tramite mediante un proyecto o una proposici¨®n de ley.
La Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) ya ha sufrido dos cambios en estos a?os de interinidad del Consejo. La primera, en 2021, cuando el Congreso limit¨® las funciones y la capacidad del CGPJ y le impidi¨® hacer nombramientos mientras tuviera el mandato caducado; esa restricci¨®n se levant¨® en parte luego, en 2022, cuando la C¨¢mara baja permiti¨® que s¨ª pudiera nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional.
Para modificar de nuevo la LOPJ es precisa la mayor¨ªa absoluta. PSOE y PP han convenido este martes en Bruselas que esa modificaci¨®n se haga por el procedimiento de urgencia, que acorta a la mitad todos los plazos, salvo los de la presentaci¨®n de enmiendas. Ambos grupos parlamentarios (o el Gobierno) pueden solicitarlo a la Mesa de la C¨¢mara, que con toda probabilidad acceder¨¢ a la petici¨®n. Esa v¨ªa r¨¢pida permite que se acelere la fase de debate de la modificaci¨®n, tanto en las comisiones como en el pleno.
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