El Constitucional propina un correctivo al Supremo por el ¡®caso ERE¡¯

El Tribunal Constitucional dar¨¢ previsiblemente un vuelco may¨²sculo al caso de los ERE el pr¨®ximo martes. Trece a?os despu¨¦s del inicio de esta macrocausa y tras dos sentencias condenatorias, la tesis de que la c¨²pula de la Junta de Andaluc¨ªa ¡ªentonces en manos del PSOE¡ª urdi¨® un plan ilegal entre 2000 y 2009 para conceder ayudas sociolaborales por 680 millones a empresas en crisis se derrumba. El Constitucional propinar¨¢ un serio correctivo al Supremo y a la Audiencia Provincial de Sevilla por infringir en la llamada ¡°pieza pol¨ªtica¡± del caso el derecho a la presunci¨®n de inocencia y el principio de legalidad penal.

El tribunal de garant¨ªas ¡ªseg¨²n las ponencias de sentencia que han ido conoci¨¦ndose esta semana¡ª considera que el sistema de subvenciones dise?ado para rescatar compa?¨ªas en crisis se apoy¨® en las leyes de Presupuestos auton¨®micas y, por tanto, ten¨ªa un respaldo normativo que imposibilitaba la malversaci¨®n y la prevaricaci¨®n tal y como la argumentaron los jueces sevillanos y del Supremo. Esta nueva tesis desmonta el andamiaje de las dos sentencias que condenaron a 15 ex altos cargos de la Junta ¡ªtres m¨¢s fueron absueltos por el Supremo y otro falleci¨®¡ª. Seis de ellos permanecen en prisi¨®n.

La primera consecuencia inmediata de la estimaci¨®n de los recursos de amparo ante el Constitucional es que muy probablemente los dirigentes encarcelados saldr¨¢n en libertad en breve. Recuperar el honor perdido para los pol¨ªticos socialistas condenados, incluidos los expresidentes de la Junta y exministros Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, que lo fueron todo en Andaluc¨ªa ¡ª23 de los 36 a?os de Gobiernos socialistas ininterrumpidos¡ª es otro cantar, mucho m¨¢s arduo. La sombra de la corrupci¨®n ha calado durante m¨¢s de una d¨¦cada en el PSOE andaluz y la opini¨®n p¨²blica se revierte con gran dificultad cuando caen l¨ªderes pol¨ªticos.

?Por qu¨¦ se conden¨® por prevaricaci¨®n?

Los jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla (en 2019) y el Supremo (en 2022) consideraron que la entonces c¨²pula de la Junta intervino de forma ¡°determinante¡± en los procesos de aprobaci¨®n de las partidas presupuestarias que permitieron la concesi¨®n de las ayudas sociolaborales. Las sentencias reprocharon a los dirigentes socialistas que lo hicieron ¡°a sabiendas¡± de que las aprobaban mediante ¡°un instrumento jur¨ªdico ilegal¡± y ¡°con la finalidad de eludir el control previo¡± de la Intervenci¨®n del Gobierno auton¨®mico y la restante normativa de subvenciones que aprobaba el Parlamento andaluz.

Ese delito de prevaricaci¨®n conden¨® a Chaves y Gri?¨¢n, pero tambi¨¦n a destacados pol¨ªticos como el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarr¨ªas, la exconsejera de Econom¨ªa y exministra Magdalena ?lvarez, el exviceconsejero de Hacienda Jos¨¦ Salgueiro o el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano.

?Qui¨¦n fue condenado por malversaci¨®n?

La tesis de que la c¨²pula del Gobierno andaluz, del PSOE, se concert¨® para instituir el sistema ilegal la sostuvieron la primera instructora (la jueza Mercedes Alaya), la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la Audiencia de Sevilla y, por ¨²ltimo, el Tribunal Supremo. A los 10 condenados por disponer de los fondos p¨²blicos ¡°sin control¡± y de forma ¡°discrecional y arbitraria¡± se les achac¨® haber urdido un sistema para eludir a los interventores, conocer los desmanes que se cometieron en la Consejer¨ªa de Empleo con las ayudas y permitirlos, y, en definitiva, ejercer una administraci¨®n desleal de los fondos p¨²blicos. Sobresalen el expresidente y exconsejero de Econom¨ªa Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y su n¨²mero dos, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, condenados a seis a?os de c¨¢rcel, pero tambi¨¦n recibieron condena de prisi¨®n por malversaci¨®n otros tres exconsejeros, dos exviceconsejeros y dos ex directores generales.

?C¨®mo justific¨® la Audiencia de Sevilla la malversaci¨®n y qu¨¦ zanja el Constitucional?

La Audiencia concluy¨® que los dirigentes de la Junta idearon una f¨®rmula para pagar de manera m¨¢s ¨¢gil las prejubilaciones de 6.000 empleados. El sistema ilegal provoc¨® un ¡°descontrol absoluto¡± sobre los fondos millonarios para garantizar la ¡°paz social¡± en Andaluc¨ªa. Los jueces de Sevilla sostuvieron que los condenados conoc¨ªan que el sistema permiti¨® el enriquecimiento de empresas, a trav¨¦s del ahorro de gastos, y de terceros ¡ªlos llamados intrusos, falsos prejubilados de las empresas beneficiadas por los ERE¡ª, algo ¡°ajeno a cualquier inter¨¦s social o p¨²blico¡±. El Supremo asumi¨® el grueso de la tesis acusatoria de la Audiencia y solo absolvi¨® a tres ex altos cargos.

La discrepancia del Constitucional es total: reduce la malversaci¨®n al inicio de la concesi¨®n de ayudas sociolaborales, durante los a?os 2000 y 2001, con el programa 22E. Desde 2002, los magistrados recuerdan que el Parlamento andaluz decidi¨® crear leyes, las de Presupuestos, para indicarle al Ejecutivo que ten¨ªa una bolsa de dinero (la partida 31L) para empresas en crisis. Esa ley supl¨ªa todas las anteriores. Y una ley, que hab¨ªa pasado por examen, enmienda, aprobaci¨®n y control, y acompa?ada de las correspondientes memorias presupuestarias, informes financieros y fichas del programa, no puede ser ilegal, dice el Constitucional.

La Consejer¨ªa de Empleo tom¨® la decisi¨®n de dar las subvenciones y la agencia Idea las pagaba tras recibir transferencias de financiaci¨®n. Es decir, el sistema de pagos era legal porque ten¨ªa amparo en las leyes de presupuestos, siempre que se ci?eran al objetivo de ayudar a las empresas en crisis, remarca el tribunal de garant¨ªas. Y a?ade que, si las leyes de Presupuestos eran incorrectas y amparaban un sistema ilegal de ayudas, deb¨ªan haber sido recurridas como inconstitucionales, no iniciar un proceso para condenar a sus impulsores. Es decir, seg¨²n el Constitucional, las leyes de Presupuestos pudieron tener un efecto pernicioso que devino en corrupci¨®n ¡ªcon la entrega de ayudas falsas¡ª, pero hab¨ªa que aplicarlas porque no era posible incumplirlas.

?Qu¨¦ pasar¨¢ a partir de ahora con las m¨¢s de 100 piezas separadas que se instruyen por las ayudas concedidas?

El caso se desinflar¨¢ previsiblemente a¨²n m¨¢s a medida que pasen los meses. Lo m¨¢s probable, seg¨²n lo indicado por el Constitucional, es que la inmensa mayor¨ªa de piezas se archiven y el caso quede reducido a aquellas subvenciones en las que el destinatario ¡ªempresas o intrusos¡ª us¨® el dinero para un destino alejado del fin que indicaba la Ley de Presupuestos. Es decir, aquellos casos en los que se dio dinero a compa?¨ªas que ten¨ªan liquidez ¡ªy no estaban en crisis¡ª como FCC o Cespa, que lo usaron para subidas salariales; o a personas que fueron integradas en los expedientes de regulaci¨®n de empleo por su v¨ªnculo con altos cargos de Empleo gracias al enchufismo. Tambi¨¦n otros casos como la concesi¨®n de dinero a eventos como los Juegos del Mediterr¨¢neo o muestras de artesan¨ªa.

Las empresas que recibieron subvenciones porque su situaci¨®n financiera era comprometida y sus responsables puedan acreditarlo tendr¨¢n la previsible buena noticia de que el magistrado instructor, Jos¨¦ Ignacio Vilaplana, archivar¨¢ sus piezas. Un veterano abogado en el caso y que exige anonimato lo resume as¨ª: ¡°Es un movimiento tel¨²rico en las piezas, un antes y un despu¨¦s. Ha cambiado todo¡±.