De ¡°esc¨¢ndalo¡± a ¡°prevaricaci¨®n¡±: el Supremo indigna a los aliados del Gobierno
Pisarello, secretario primero del Congreso: ¡°El tribunal no reconoce la soberan¨ªa popular¡±

Del siempre m¨¢s comedido PNV a la contundencia de EH Bildu, Podemos o BNG, los aliados parlamentarios del Gobierno descalifican al Tribunal Supremo por negarse a aplicar a los delitos de malversaci¨®n la ley de amnist¨ªa que apoyaron en el Congreso. Estas formaciones lo interpretan como un ataque a la potestad legislativa de las Cortes. Lo que ha hecho el Supremo equivale a ¡°no reconocer la soberan¨ªa popular que se expresa en el Parlamento¡±, denunci¨® el secretario de la Mesa del Congreso y miembro de Sumar, Gerardo Pisarello, quien a?adi¨®: ¡°Los jueces tienen que aplicar la ley, porque lo contrario es prevaricar¡±. El PNV tambi¨¦n record¨® que es en el legislativo ¡°donde reside la soberan¨ªa popular¡± para lamentar que la ley elaborada en las Cortes ¡°se vea interpretada ahora de un modo restrictivo¡± por el Supremo.
La decisi¨®n del alto tribunal no ha sorprendido a nadie en el Congreso. El PP llevaba tiempo dando por hecho que la justicia no aplicar¨ªa la amnist¨ªa. Alberto N¨²?ez Feij¨®o lo anticip¨® cuando se aprob¨® definitivamente en la C¨¢mara y en los ¨²ltimos d¨ªas los populares insist¨ªan en el vaticinio para atacar al Gobierno. En la sesi¨®n de control del pasado mi¨¦rcoles, Cayetana ?lvarez de Toledo se ampar¨® en un art¨ªculo en El Mundo del catedr¨¢tico Enrique Gimbernat para proclamar que ¡°la malversaci¨®n no es amnistiable¡± e ironizar ante el ministro de la Presidencia y Justicia, F¨¦lix Bola?os: ¡°Confi¨¦sele a Puigdemont que le vendi¨® una amnist¨ªa fake¡±.
Pese a la falta de sorpresa, el contenido del auto redactado por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, fue recibido con indignaci¨®n en el bloque de partidos que sostienen al Gobierno. Marchena no solo enmienda la plana al Congreso en la interpretaci¨®n del delito de malversaci¨®n, sino que se permite introducir comentarios sobre la ¡°precipitaci¨®n¡± con que se aprob¨® la ley, los cambios introducidos durante su tr¨¢mite o lo ¡°extenso¡± de su pre¨¢mbulo.
En p¨²blico, los socialistas han evitado cualquier comentario que pudiera interpretarse como un choque con el Supremo. No as¨ª sus socios de Gobierno. El m¨¢s duro fue Pisarello, con cargo institucional en la Mesa y miembro de los comunes: ¡°Si [los jueces del Supremo] tienen dudas, planteen cuestiones de constitucionalidad. Y si quieren hacer pol¨ªtica, se presentan a las elecciones. Pero lo que vimos en estas decisiones es una aut¨¦ntica verg¨¹enza desde el punto de vista jur¨ªdico¡±.
Los dos grupos independentistas catalanes tampoco hicieron valoraciones en el Congreso y se remitieron a los airados reproches formulados por sus jefes en Catalu?a. Las dos formaciones vascas s¨ª entraron a la cr¨ªtica. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, comparti¨® en X un hilo muy comentado del profesor de Derecho Jos¨¦ Luis Mart¨ª, con acerbas cr¨ªticas al Supremo, y a?adi¨® una cita del jurista franc¨¦s del siglo XVII Arnaud Oihenart: ¡°El juez soberbio retuerce la ley como quiere¡±. La direcci¨®n de los nacionalistas vascos recrimin¨® que ¡°en el momento en que empezaban a darse pasos en positivo hacia la despolitizaci¨®n de la justicia¡±, el Supremo act¨²e ¡°en direcci¨®n opuesta¡±.
Mucho m¨¢s expeditivo se mostr¨® el portavoz de justicia de EH Bildu, Jon I?arritu. ¡°Es una prevaricaci¨®n de libro, incluso con alegatos de apolog¨ªa de la misma, aplicando principios contrarios al derecho en una interpretaci¨®n torticera de la que hacen gala. Prevaricaci¨®n con orgullo¡±, declar¨®. I?arritu opin¨® que el Supremo no solo se mueve por ¡°¨¢nimo de venganza contra el independentismo catal¨¢n¡± sino que ¡°act¨²a contra el actual Gobierno¡±. Y en ese sentido aludi¨® a la necesidad de plantear medidas para hacer frente a la ¡°derechizaci¨®n de la justicia¡±.
En una l¨ªnea parecida, el BNG reclam¨® al Gobierno ¡°medidas de regeneraci¨®n democr¨¢tica reales¡± ante la constataci¨®n de ¡°la existencia de lawfare [guerra judicial o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica]¡±. ¡°Los jueces y juezas deciden intervenir pol¨ªticamente, cosa que es tremendamente escandalosa¡±, afirm¨® un portavoz de los nacionalistas gallegos en el Congreso. Los diputados de Podemos denunciaron asimismo que el Supremo ha decidido ignorar una ley ¡°emanada del poder legislativo¡±, aunque aprovecharon para criticar al PSOE por el acuerdo con el PP para la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial e insistieron en su tesis de que ese pacto consagra ¡°una Gran Coalici¨®n que rompe la mayor¨ªa democr¨¢tica¡±, en palabras de Irene Montero. La diputada de Coalici¨®n Canaria, Cristina Valido, que apoy¨® la investidura de Pedro S¨¢nchez pero vot¨® contra la amnist¨ªa, declin¨® hacer comentarios.
En el PP todo fueron muestras de satisfacci¨®n, al igual que en Vox, cuyo l¨ªder, Santiago Abascal, ya hab¨ªa tuiteado el lunes comentando la decisi¨®n del Supremo: ¡°Un poco de decencia en medio de tanta ignominia¡±.
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