El Gobierno conf¨ªa en el Constitucional para rematar la amnist¨ªa

No era f¨¢cil imagen el final de la partida en 2021. En ese momento, el Gobierno recibi¨® dur¨ªsimas cr¨ªticas de la izquierda por haberse tragado como magistrados del Tribunal Constitucional a Enrique Arnaldo y Concepci¨®n Espejel, dos personas muy estrechamente vinculadas al PP. El m¨¢s pol¨¦mico fue el primero, que hab¨ªa actuado como operador pol¨ªtico de los populares durante a?os en la justicia y hab¨ªa tenido diversos contratos con administraciones populares. El socialista Od¨®n Elorza incluso rompi¨® la disciplina de voto para no apoyar a Arnaldo. En p¨²blico, el Gobierno trasladaba malestar. Pero en privado aseguraba: ¡°Con el tiempo se ver¨¢ para qu¨¦ lo hacemos. Renovar el Tribunal Constitucional es la prioridad absoluta, y habr¨¢ que pagar los peajes necesarios¡±. La mayor¨ªa, en ese momento, segu¨ªa siendo conservadora.

Tampoco era f¨¢cil imaginar en 2022 las consecuencias que tendr¨ªa la formidable batalla que se vivi¨® entre el Gobierno y la derecha judicial y pol¨ªtica para impedir la renovaci¨®n del Constitucional y por tanto el cambio a una mayor¨ªa progresista. Durante seis meses, La Moncloa, el PP, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-con una mayor¨ªa conservadora liderada por Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas, un hombre clave que ahora ser¨¢ magistrado a propuesta del PP- y el propio Constitucional libraron una guerra sin cuartel.

F¨¦lix Bola?os, ahora ministro de Justicia pero ya entonces principal estratega del Ejecutivo en este asunto, presion¨® con varios cambios legales para intentar forzar al CGPJ a renovar el tribunal. Los vocales conservadores daban largas, incluso se negaban a reunirse. Todo era muy pol¨¦mico. Bola?os recib¨ªa cr¨ªticas por lo que muchos juristas defin¨ªan como ¡°chapuzas legales¡± para forzar la renovaci¨®n. El Constitucional, a¨²n conservador, lleg¨® incluso a paralizar una votaci¨®n en el Senado, algo in¨¦dito en democracia, para que no se tramitara la reforma.

Despu¨¦s de seis meses, Bola?os y los progresistas del CGPJ encontraron una manera: votaron por sorpresa los nombres que propon¨ªa el otro bloque -el conservador C¨¦sar Tolosa y la progresista Mar¨ªa Luisa Segoviano- y as¨ª se logr¨® renovar. Tambi¨¦n hubo muchas cr¨ªticas por haber tragado ese nuevo sapo de no poder elegir ni a su propia candidata. Un mes antes hab¨ªa llegado la decisi¨®n m¨¢s criticada de todas: el Gobierno eligi¨® para su cuota de dos miembros del Constitucional al ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a Laura D¨ªez, que hasta seis meses antes trabajaba en La Moncloa con Bola?os como directora general de Asuntos Constitucionales.

La politizaci¨®n en los dos lados era muy evidente. El PSOE, que hab¨ªa visto c¨®mo lleg¨® a presidir el Constitucional un militante del PP, Francisco P¨¦rez de los Cobos, decidi¨® jugar fuerte con un objetivo claro: garantizar que no vuelva a pasar algo como la sentencia del Estatut, que se produjo en 2010, cuando en teor¨ªa el Constitucional ten¨ªa una mayor¨ªa progresista -suelen cambiar cada nueve a?os, en funci¨®n de qui¨¦n est¨¢ en el Gobierno en el momento de la renovaci¨®n de los dos magistrados que corresponde elegir al Ejecutivo- porque Manuel Arag¨®n Reyes, elegido por Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, decidi¨® unirse a los conservadores y tumbar una parte del Estatut.

En este momento de finales de 2022 era muy dif¨ªcil imaginar lo importante que ser¨ªa el Constitucional en 2024, cuando la ley de amnist¨ªa, que entonces el Ejecutivo descartaba, se ha convertido en la clave de b¨®veda de la legislatura. Pero ahora el ambiente en la pol¨ªtica espa?ola es claro: todos los caminos conducen al tribunal presidido por el progresista C¨¢ndido Conde Pumpido.

El Gobierno cuida las formas en p¨²blico, pero en privado diversos miembros trasladan que est¨¢n escandalizados con el auto del Tribunal Supremo que deja en papel mojado la ley de amnist¨ªa con el argumento de que s¨ª hubo enriquecimiento personal de los l¨ªderes del proc¨¦s condenados por malversaci¨®n porque se ahorraron el dinero que tendr¨ªan que haber puesto de su bolsillo. La ley aprobada por el Congreso establec¨ªa quedaban eximidos todos los delitos de malversaci¨®n, salvo en los casos de ¡°beneficio personal de car¨¢cter patrimonial¡±.

Es un argumento totalmente nuevo, que jam¨¢s se utiliz¨® en el juicio del proc¨¦s ni en decisiones posteriores, como se encarga de destacar en su voto particular la magistrada Ana Ferrer: ¡°Ni en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, ni tampoco en el auto 20107/2023, 13 de febrero, hicimos menci¨®n a ning¨²n posible beneficio personal de car¨¢cter patrimonial de quienes en la causa del proc¨¦s resultaron condenados como autores de un delito de malversaci¨®n. Asimilar ahora el desv¨ªo de fondos a la persecuci¨®n de un objetivo pol¨ªtico il¨ªcito, con el ¨¢nimo de obtener un beneficio particular econ¨®micamente evaluable, resulta la incorporaci¨®n de un matiz novedoso, a la vez que peligroso, en cuanto retuerce los perfiles del ¨¢nimo de lucro, en una suerte de inversi¨®n metodol¨®gica que debiendo partir de los presupuestos de la Ley que nos corresponde ahora aplicar, acaba redefiniendo un elemento de tipicidad. De esta manera la interpretaci¨®n que la mayor¨ªa plasma en su resoluci¨®n corre el riesgo de quebrar los principios de legalidad y previsibilidad¡±, escribe.

Algunos miembros del Ejecutivo incluso hablan en privado de prevaricaci¨®n -tomar una decisi¨®n injusta a sabiendas- algo que jam¨¢s dir¨ªan en p¨²blico porque ser¨ªan acusados de no respetar la separaci¨®n de poderes. Pero en cualquier caso todos los consultados, no solo en el Gobierno sino tambi¨¦n en otros partidos de la mayor¨ªa y en el PP, parecen convencidos de que el Constitucional enmendar¨¢ la plana al Supremo y rematar¨¢ la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa para todos los procesados, tambi¨¦n los l¨ªderes. Los dem¨¢s tribunales ya est¨¢n amnistiando a los segundos niveles e incluso a los polic¨ªas procesados por la represi¨®n de las protestas del proc¨¦s, lo que va a provocar una situaci¨®n extra?a durante unos meses: los l¨ªderes seguir¨¢n condenados, como Oriol Junqueras con su inhabilitaci¨®n hasta 2031, o perseguidos, en el caso de que huyeran de la justicia como Carles Puigdemont, pero todos los dem¨¢s estar¨¢n amnistiados.

Lo que nadie se atreve a pronosticar es qu¨¦ consecuencias pol¨ªticas tendr¨¢ esta nueva piedra a la amnist¨ªa puesta por el Supremo. En el Gobierno se hace un an¨¢lisis puramente pol¨ªtico de la decisi¨®n, porque entienden que no tiene motivaciones jur¨ªdicas -no ven serio el argumento del enriquecimiento por ahorro- y creen que el objetivo era complicar la legislatura a S¨¢nchez. Si los socialistas conf¨ªan en el Constitucional, en el PP se aferran al Supremo y creen que el auto cuyo ponente ha sido el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, ha demostrado que la amnist¨ªa es una entelequia -¡±solo han hecho una ley y ni siquiera saben hacerla¡±, se burl¨® Alberto N¨²?ez Feij¨®o- y que la legislatura est¨¢ condenada al fracaso.

En el PSOE, por el contrario, miran a Catalu?a, donde a¨²n conf¨ªan en que Salvador Illa pueda lograr la investidura este verano, pero sobre todo creen que la amnist¨ªa ya ha hecho todo el da?o pol¨ªtico que pod¨ªa a la izquierda y est¨¢ amortizada. Y, sin embargo, alargar el proceso judicial, concluyen los socialistas, solo puede servir para que los independentistas sigan m¨¢s tiempo vinculados al Gobierno porque saben que tumbar al Ejecutivo y abrir la puerta al PP y a Vox podr¨ªa suponer que sus l¨ªderes no lleguen nunca a ser amnistiados. Los socialistas creen que, queriendo complicarle la vida al Gobierno, los jueces est¨¢n uniendo a¨²n m¨¢s la mayor¨ªa de manera indirecta.

La batalla entre un sector importante de la justicia y el Gobierno ha dominado los ¨²ltimos a?os de S¨¢nchez. El Supremo ya dej¨® en papel mojado la reforma de la sedici¨®n y la de la malversaci¨®n en 2022. pero ahora con el Constitucional con mayor¨ªa progresista parece haber cambiado la perspectiva. Sin embargo, Sumar cree que no basta con esperar que el Constitucional resuelva los problemas. El socio minoritario de la coalici¨®n est¨¢ presionando dentro del Gobierno para ir m¨¢s lejos y tomar decisiones de fondo para evitar que la justicia, dominada mayoritariamente por los conservadores, se convierta en una especie de ariete de oposici¨®n al Gobierno.

El PSOE y Sumar coinciden en el diagn¨®stico de que algunos jueces se est¨¢n extralimitando en sus funciones con el ¨²nico af¨¢n de complicarle la vida al Gobierno, pero hay una discrepancia clara a la hora de ver qu¨¦ decisiones se toman frente a eso. Sumar est¨¢ reclamando que se aproveche el paquete de regeneraci¨®n democr¨¢tica que est¨¢ preparando La Moncloa -S¨¢nchez anunciar¨¢ las principales l¨ªneas el 17, aunque a¨²n est¨¢ todo muy verde y las concreciones llegar¨¢n a partir de septiembre- para introducir reformas que al menos refuercen la responsabilidad de los jueces cuando toman decisiones como estirar artificialmente procesos que quedan en nada pero tienen graves consecuencias pol¨ªticas, o tratan de influir en la pol¨ªtica. La vicepresidenta segunda, Yolanda D¨ªaz, explic¨® este martes que Mariano Rajoy ¡°elimin¨® la responsabilidad civil de los jueces¡±, de tal modo que ¡°es el ¨²nico cuerpo que no rinde cuentas de lo que hace a pesar de que vemos procesos que tienen el sesgo que tienen¡±. ¡°Tendremos que dar un debate sobre la responsabilidad. Cuando hablamos de democratizar nuestro pa¨ªs, hablamos de esto¡±, remat¨®.

Varias fuentes del sector socialista del Gobierno descartan de plano esa posibilidad. Creen que meterlo ahora en el paquete de regeneraci¨®n abrir¨ªa una guerra con la justicia a¨²n mayor y de consecuencias imprevisibles. Sumar va a dar la batalla hasta el final con este asunto, pero los socialistas insisten en que lo ven inviable. En el PSOE tienen, por ejemplo, duras cr¨ªticas contra el juez Juan Carlos Peinado, que lleva el proceso contra Bego?a G¨®mez, pero creen que no se puede hacer mucho m¨¢s que esperar hasta que se archive el caso por ausencia de pruebas.

La batalla entre el Gobierno y la justicia, decisiva en las dos ¨²ltimas legislaturas de S¨¢nchez, seguir¨¢ siendo clave, pero con una nueva estrategia por parte del Ejecutivo: esperar hasta que el Constitucional resuelva. Si lo hace a favor de la amnist¨ªa -tal vez dentro de un a?o- y si la justicia europea tambi¨¦n la sanciona, se cerrar¨¢ el largo cap¨ªtulo judicial del proc¨¦s. Pero puede que se abran otros.