El PP insta al presidente del Constitucional a apartarse del ¡®caso ERE¡¯ y recusa a dos magistradas

El PP ha instado al presidente del Tribunal Constitucional, C¨¢ndido Conde-Pumpido, a apartarse de las sentencias pendientes sobre el caso de los ERE, al tiempo que ha anunciado la recusaci¨®n de otras dos magistradas, Inmaculada Montalb¨¢n ¡ªvicepresidenta del tribunal y ponente de dichos fallos¡ª y Mar¨ªa Luisa Balaguer, porque estiman que hay motivos para cuestionar su imparcialidad de en este asunto. El vicesecretario de Coordinaci¨®n Auton¨®mica y Local y An¨¢lisis Electoral, El¨ªas Bendodo, ha explicado que el PP, como parte personada en este procedimiento judicial, pedir¨¢ la abstenci¨®n de los tres mencionados miembros del ¨®rgano de garant¨ªas, empezando por la de su presidente, para ¡°garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del tribunal¡±. Bendodo ha citado el precedente de que Conde-Pumpido ya se apart¨® del caso cuando era magistrado del Tribunal Supremo, porque siendo fiscal general del Estado hab¨ªa participado en la tramitaci¨®n del asunto.

El anuncio de estas iniciativas de los populares ha sido acogido con sorpresa en el Constitucional por el momento en que se presentan, cuando ya se han dictado seis sentencias sobre el caso de los ERE y quedan pendientes otras tantas para el pleno que el tribunal va a celebrar la pr¨®xima semana. Las fuentes consultadas estiman que las recusaciones ser¨ªan muy probablemente consideradas ¡°extempor¨¢neas¡±, seg¨²n fuentes del ¨®rgano de garant¨ªas consultadas, y tendr¨ªan muy escasas, por no decir nulas, posibilidades de prosperar. Y eso se debe a que se entiende que una recusaci¨®n debe presentarse en cuanto se conocen los motivos existentes para ello, no cuando el tribunal est¨¢, como ahora, en plena fase de deliberaci¨®n y resoluci¨®n de un conjunto de recursos que se presentaron hace m¨¢s de un a?o. Por otro lado, las objeciones referidas a la trayectoria de los magistrados o magistradas recusados no obedecen a hechos que se conozcan ahora, y por tanto debieron plantearse desde el inicio de la tramitaci¨®n de los recursos en el ¨®rgano de garant¨ªas, ya que el PP ha estado personado desde un primer momento.

El PP argumenta sobre Conde-Pumpido que en la etapa de su pertenencia al Supremo reconoci¨® ¡°estar afectado por una causa de incompatibilidad¡± y que estim¨® que con su abstenci¨®n se garantizaba la imparcialidad de dicho tribunal. Bendodo se pregunta: ¡°?Por qu¨¦ se abstuvo entonces y ahora no, siendo la misma causa y los mismos condenados?¡±. Y se ha respondido afirmando que ¡°la falta de congruencia es palmaria y es cuesti¨®n de n¨²meros y votos¡±.

En el caso de Inmaculada Montalb¨¢n, el vicesecretario del PP ha recordado que la vicepresidenta del Constitucional fue presidenta de la secci¨®n tercera de la Sala de Contenci¨®n Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) y fue ponente o particip¨® en, al menos, 22 sentencias relacionadas con los ERE. En relaci¨®n con Mar¨ªa Luisa Balaguer, explica que la actual magistrada del ¨®rgano de garant¨ªas fue consejera del Consejo Consultivo de Andaluc¨ªa del 2012 al 2014, ponente en 28 dict¨¢menes ¡°que abarcaban, pr¨¢cticamente, toda la casu¨ªstica de los ERE¡±, entre ellos, ¡°revisiones de oficios, subvenciones ilegales, inclusi¨®n de prejubilados en p¨®lizas y revisi¨®n de avales al conocido fondo de reptiles¡±.

El PP, como parte en este procedimiento, tambi¨¦n ha informado de que, si bien su iniciativa se dirige ahora contra tres magistrados del Constitucional, no descarta ampliarla a otros dos, considerando que fueron cinco los miembros del tribunal que ¡°tuvieron vinculaci¨®n directa firmando sentencias sobre los ERE y ahora est¨¢n votando a favor de exculpar a condenados¡±. En este sentido, la representaci¨®n procesal de los populares apunta al magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo, ¡°que fue director general de Justicia con Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andaluc¨ªa en el periodo investigado por los ERE¡±. El PP tambi¨¦n subraya que Campo fue, asimismo, secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andaluc¨ªa en la Junta de Andaluc¨ªa entre el a?o 2014 y 2015. La tesis del PP es que Campo emiti¨® juicios p¨²blicos que le comprometen, como cuando ¡°expres¨® su perplejidad por el procesamiento de Ch¨¢vez y Gri?¨¢n en una entrevista en el 2016 cuando era el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso¡±. Por ¨²ltimo, los populares subrayan que Mar¨ªa Luisa Segoviano, tambi¨¦n del Constitucional, firm¨® en su etapa de magistrada de la Sala de lo Social del TSJA dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE, concretamente el ERE de Nexpron y el de SOS Cu¨¦tara.

En las fuentes consultadas del Constitucional recalca que todos estos hechos eran conocidos desde hace mucho tiempo y nunca fueron utilizados como base para recusar a magistrados del ¨®rgano de garant¨ªas. De ah¨ª que en esos medios se considere que la iniciativa anunciada ahora por el PP tiene objetivos pol¨ªticos y de deterioro institucional, y no cuenta con viabilidad de prosperar porque, insisten, deben plantearse en cuanto se conocen los hechos que se esgrimen como motivo para cuestionar la imparcialidad del tribunal.