El Constitucional planea exculpar a Gri?¨¢n del delito de malversaci¨®n en el ¡®caso de los ERE¡¯

El Tribunal Constitucional va a eliminar el delito de malversaci¨®n de la condena impuesta por el Supremo en 2022 al expresidente de la Junta de Andaluc¨ªa y expresidente del PSOE Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n en el caso de los ERE. As¨ª figura en la ponencia (borrador de sentencia) que el tribunal aprobar¨¢ previsiblemente la pr¨®xima semana, seg¨²n ha adelantado El Espa?ol y han confirmado fuentes del ¨®rgano de garant¨ªas. Esa revisi¨®n implicar¨¢ suprimir la pena de seis a?os de prisi¨®n que pesa sobre Gri?¨¢n, aunque el socialista no lleg¨® a entrar en la c¨¢rcel por motivos de salud.

El Constitucional tambi¨¦n revisar¨¢ la condena del expresidente andaluz Manuel Chaves, de modo que su pena de nueve a?os de inhabilitaci¨®n por un delito de prevaricaci¨®n sea rebajada sustancialmente. Ambos exdirigentes llevan a?os fuera de la vida pol¨ªtica.

La ponencia de sentencia del ¨®rgano de garant¨ªas referida a Gri?¨¢n y a Chaves va en la misma l¨ªnea de las sentencias dictadas la semana pasada y que supusieron la excarcelaci¨®n de varios ex altos cargos de la Junta condenados por los ERE. El Constitucional censur¨® en esas sentencias la interpretaci¨®n de los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n que hab¨ªan hecho primero la Audiencia Provincial de Sevilla (en 2019) y despu¨¦s el Supremo (en 2022) y que derivaron en las condenas a 15 exdirigentes del Gobierno andaluz.

Aquellas sentencias sosten¨ªan que, entre los a?os 2000 y 2009, el Gobierno andaluz del PSOE urdi¨® un ¡°sistema fraudulento¡± dotado con 680 millones de euros que, en medio de un ¡°descontrol absoluto¡±, reparti¨® fondos a empresas en crisis ¡ªlos llamados ERE fraudulentos¡ª para garantizar la ¡°paz social¡±. Doce de los 15 condenados acudieron al Constitucional, que en las ¨²ltimas dos semanas ha resuelto siete de esos recursos: el de la exconsejera de Hacienda Magdalena ?lvarez, condenada por prevaricaci¨®n (a quien concedi¨® amparo parcial); el del exconsejero de Empleo Jos¨¦ Antonio Viera (un recurso que el tribunal desestim¨® de plano por un defecto de forma, por lo que Viera sigue cumpliendo c¨¢rcel por malversaci¨®n, aunque en r¨¦gimen de semilibertad por su estado de salud); el de Miguel ?ngel Serrano Aguilar, exdirector de la agencia p¨²blica encargada de pagar las ayudas a las empresas en crisis (condenado por malversaci¨®n y que sali¨® de la c¨¢rcel el pasado martes tras recibir el amparo del Constitucional) y los de los exconsejeros Carmen Mart¨ªnez Aguayo, Antonio Fern¨¢ndez, Francisco Vallejo (que abandon¨® tambi¨¦n la prisi¨®n) y Jes¨²s Mar¨ªa Rodr¨ªguez Rom¨¢n. Cada caso tiene sus matices, pero en todos ellos, salvo el de Viera, el Constitucional ha ordenado anular o rebajar considerablemente las condenas.

El precedente de Aguayo

La anulaci¨®n del delito de malversaci¨®n en el caso de Gri?¨¢n se daba por segura en fuentes del propio Constitucional tras la sentencia dictada la semana pasada sobre la exconsejera de Econom¨ªa y Hacienda de la Junta Carmen Mart¨ªnez Aguayo, que fue n¨²mero dos de Gri?¨¢n entre 2004 y 2009. La Audiencia de Sevilla y el Supremo hab¨ªan condenado a Aguayo a seis a?os de c¨¢rcel por malversaci¨®n al entender que, aunque no gestion¨® directamente los fondos de los ERE, debi¨® actuar para impedir el fraude. La sentencia condenatoria no le atribu¨ªa, por tanto, una conducta directamente malversadora, sino una supuesta pasividad ante la normativa que permiti¨® que se usaran fondos p¨²blicos para fines il¨ªcitos. Es decir, subrayaba el hecho de que quienes tomaron parte en la confecci¨®n de las leyes de presupuestos y las modificaciones presupuestarias ten¨ªan ¡°competencias funcionales para evitar la sustracci¨®n¡± pero ¡°no hicieron nada¡± para evitarla.

El Constitucional, sin embargo, ha dictaminado ahora que no se puede condenar por malversaci¨®n a quien cumple estrictamente una ley, en este caso las leyes de Presupuestos de Andaluc¨ªa, que se aprobaban a?o tras a?o y nunca fueron impugnadas por supuesta inconstitucionalidad. Ni Mart¨ªnez Aguayo ni su departamento gestionaron los fondos p¨²blicos millonarios que fueron adjudicados sin control alguno desde otra consejer¨ªa, la de Empleo. La sentencia del ¨®rgano de garant¨ªas sobre Aguayo, dictada el pasado mi¨¦rcoles, supuso en la pr¨¢ctica una exculpaci¨®n de la acusada. La exconsejera pas¨® un a?o y medio en prisi¨®n y estaba en r¨¦gimen de semilibertad (tercer grado) desde principios de junio.

Gri?¨¢n, que fue condenado a seis a?os y dos d¨ªas de c¨¢rcel por la Audiencia de Sevilla, en resoluci¨®n luego confirmada por el Supremo, no ha llegado a entrar en la c¨¢rcel por los dict¨¢menes m¨¦dicos que aconsejaban que recibiera tratamiento fuera de prisi¨®n del c¨¢ncer que padece. La sentencia del Constitucional anular¨¢ ahora dicha condena, estimando que la Audiencia Provincial y el Supremo vulneraron el principio de legalidad penal y los derechos fundamentales del acusado.

Voto particular

En las sentencias de la semana pasada ¡ªque salieron adelante con 7 votos a favor y 4 en contra¡ª, el Constitucional sosten¨ªa que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos ¡°carecen de cualquier eficacia jur¨ªdica¡± antes de ser aprobados por el Parlamento. Y que, una vez que se aprueban, tampoco pueden ser cuestionados penalmente porque ¡°adquieren el rango de ley, a partir del cual [las leyes] han de considerarse v¨¢lidas, sin que puedan constituir la fuente de actos de disposici¨®n il¨ªcita de caudales p¨²blicos a efectos de condenar por delito de malversaci¨®n¡±. Una ley, insiste el tribunal de garant¨ªas, ¡°no puede ser un veh¨ªculo jur¨ªdicamente eficaz para malversar, y la ley de Presupuestos, y sus cr¨¦ditos, no pueden ser il¨ªcitos¡±.

Estos argumentos han sido duramente contestados por los cuatro magistrados del sector conservador del Constitucional. El pasado jueves se dieron a conocer los votos particulares presentados por dos de esos magistrados, C¨¦sar Tolosa y Concepci¨®n Espejel ¡ªque acusan al Constitucional de intentar ¡°suplantar¡± al Supremo y de dotar de ¡°inmunidad¡± a los ex altos cargos de la Junta¡ª, y este lunes ha sido difundido el de Ricardo Enr¨ªquez. Este magistrado expone su discrepancia con la tesis de que no puede haber control jurisdiccional de los procedimientos de elaboraci¨®n de los anteproyectos de ley de presupuestos. Esos procedimientos, sostiene Enr¨ªquez, son ¡°de naturaleza inequ¨ªvocamente administrativa y por ende sujetos a aquel control judicial¡±, lo que a su juicio hicieron correctamente la Audiencia de Sevilla y el Supremo.

Enr¨ªquez considera, por otra parte, que fue ¡°manifiesta¡± la ilegalidad de la que adoleci¨® ¡°la operativa montada por los acusados para evadir las normas vigentes en esos a?os para el otorgamiento de subvenciones a prop¨®sito de las ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas¡±, con lo que su actuaci¨®n revest¨ªa la arbitrariedad requerida para apreciar delito. Menciona, adem¨¢s, la existencia de informes periciales de los interventores generales de Andaluc¨ªa y del Estado. Y subraya que el Constitucional no debe ¡°inmiscuirse¡± en la labor de ¡°valoraci¨®n de la prueba¡± que corresponde al Supremo, como ¡°lamentablemente ha sucedido¡±.

Demandas del PP

El Partido Popular, por su parte, ha criticado este lunes que el Tribunal Constitucional siga con su ¡°goteo de revisiones de penas¡± en el caso de los ERE y ha destacado que ¡°todo apunta¡± a que ¡°va a rematar la amnist¨ªa encubierta a los m¨¢ximos cabecillas¡± del caso. En este escenario, y ante los recursos de amparo pendientes, ha exigido que se inhiban los magistrados ¡°con l¨ªnea directa con el Gobierno¡±, citando al exfiscal general del Estado C¨¢ndido Conde-Pumpido, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la exalto cargo de Moncloa Laura D¨ªez, seg¨²n ha se?alado fuentes populares.