M¨¢s del 60% de las multas de la ¡®ley mordaza¡¯ est¨¢n vinculadas al consumo o la posesi¨®n de drogas

Desde la entrada en vigor de la ley mordaza en marzo de 2015, las sanciones impuestas a ra¨ªz de su aplicaci¨®n ascienden a 1.292 millones de euros. La cifra equivale, por ejemplo, a la partida destinada a investigaci¨®n cient¨ªfica en los Presupuestos Generales del Estado del a?o pasado. El 65% de la recaudaci¨®n (839 millones de euros) corresponde a delitos relacionados con el consumo o la posesi¨®n de drogas. Le siguen las multas relativas a las infracciones de seguridad ciudadana (328 millones de euros, el 25,4% del total); y las relacionadas con tenencia de armas y explosivos (124 millones, el 9,6%), seg¨²n el Ministerio del Interior. Esas cantidades, que no incluyen las infracciones cometidas en Catalu?a, Pa¨ªs Vasco y Navarra, plantea el debate sobre el car¨¢cter punitivo de una ley cuya derogaci¨®n o modificaci¨®n volver¨¢ a estar sobre la mesa en los pr¨®ximos meses, despu¨¦s de varios intentos frustrados por la falta de consenso entre los socios de Gobierno.

Esta recaudaci¨®n es un reflejo del total de sanciones por cada tipo de infracci¨®n. Los datos de Interior indican que, de las 2.155.990 multas vinculadas a la ley mordaza, el 61% tienen que ver con el uso, el cultivo, el tr¨¢fico o la posesi¨®n de drogas. La amplia mayor¨ªa corresponden al art¨ªculo 36.16, que se refiere al consumo o la tenencia de estupefacientes, muy por encima de las infracciones por la plantaci¨®n y cultivo (2.509), por el traslado de personas para facilitar el acceso a sustancias t¨®xicas (842) o por permitir su consumo en el interior de establecimientos p¨²blicos (743). La ley considera graves todas estas infracciones, por lo que impone multas de entre 601 y 30.000 euros, en funci¨®n del caso.

Si se toma como referencia el cannabis, la sustancia m¨¢s consumida en Espa?a, el informe m¨¢s reciente del Observatorio Europeo de las Drogas (que se elabora con datos de 2022 aportados por los gobiernos de cada pa¨ªs) refleja que ning¨²n otro Estado ha impuesto tantas sanciones administrativas por su uso (pese a ocupar el cuarto puesto en cuanto al consumo de esta sustancia por detr¨¢s de Chequia, Italia y Francia). En Espa?a, cualquier acto de consumo en lugares o establecimientos p¨²blicos equivale a una multa de, m¨ªnimo, 600 euros, lo que ha llevado a varias organizaciones sociales a tildarla de abusiva con los ciudadanos.

La Confederaci¨®n espa?ola de Federaciones Cann¨¢bicas (CONFAC), es una de las m¨¢s de cien entidades de diversa ¨ªndole que integran la plataforma No somos delito, desde la que se exige la derogaci¨®n de la ley mordaza. Su portavoz, Ana Afuera, sostiene que se deber¨ªa apostar por una legislaci¨®n m¨¢s pedag¨®gica y que abogue por la responsabilidad individual en lugar por las medidas punitivas. ¡°Una referencia podr¨ªa ser Alemania, donde apuestan por no criminalizar o estigmatizar. Registrar a alguien en la calle porque lleva una china de hach¨ªs es desproporcional. En Alemania puedes cultivar, poseer unos gramos y se permite el consumo en p¨²blico, pero de forma tasada. Por ejemplo, no puedes consumir al lado de un colegio o en lugares donde haya ni?os, pero s¨ª puedes hacerlo donde no molestes. Es una legislaci¨®n propia de una sociedad madura¡±, argumenta.

La portavoz considera que Espa?a deber¨ªa regular el consumo del cannabis, aunque cree que su comercializaci¨®n debe ser ¡°responsable, ecol¨®gica¡± y con ¡°criterios ¨¦ticos¡±. ¡°En lugar de regular, lo que estamos viendo es que el Estado saca partido a trav¨¦s de las multas en lo que se ha convertido en una especie de impuesto encubierto¡±, explica. La portavoz es pesimista con posibles cambios en la ley en cuanto al uso del cannabis. Si bien el ¨²ltimo intento para modificar la norma fracas¨® en la pasada legislatura por las discrepancias entre los socios de Gobierno en lo referente a la utilizaci¨®n de pelotas de goma o las devoluciones en caliente, fuentes de Izquierda Unida explican que hay ¡°bastante consenso¡± entre el PSOE y Sumar respecto a la modificaci¨®n del art¨ªculo 36.16, con el objetivo de encontrar una f¨®rmula menos punitiva para las infracciones por consumo o tenencia de sustancias como el cannabis.

Andaluc¨ªa, a la cabeza

Sin olvidar que estos datos no recogen las multas recaudadas en el Pa¨ªs Vasco, Navarra y Catalu?a ¡ªdonde los cuerpos de seguridad auton¨®micos tramitan sus propias sanciones¡ª, hay diferencias entre territorios. Desde la entrada en vigor de la ley en 2015 y hasta finales de 2023, el total recaudado en Andaluc¨ªa (318 millones de euros), es casi cinco veces mayor a la segunda comunidad aut¨®noma en la lista, Comunidad Valenciana, donde se recaudaron 85 millones.

Estas estad¨ªsticas sit¨²an a Canarias (79 millones) como tercera autonom¨ªa donde m¨¢s se ha recaudado, por delante de Castilla-La Mancha (62 millones), Castilla y Le¨®n (55 millones) y Galicia (51 millones). En el sentido opuesto, Murcia (10 millones), La Rioja (13 millones), Cantabria (13 millones) y Asturias (13.766.271) son las comunidades que suman menos dinero acumulan al ejecutar este tipo de sanciones.

Otras incidencias

El resto de multas corresponden a infracciones relacionadas con la desobediencia ciudadana, que suman 636.738 (30%), y en menor medida, con la tenencia de armas y explosivos 205.366 (9%). La mayor¨ªa tienen que ver con los art¨ªculos 36.6 y 36.7, de resistencia, desobediencia o falta de respeto a la autoridad. Diferentes partidos pol¨ªticos y asociaciones exigen la derogaci¨®n de estos art¨ªculos al considerar que las autoridades pueden abusar de este tipo de multas en detrimento de la libertad de expresi¨®n o protesta.

El portavoz de Amnist¨ªa Internacional, Carlos Esca?o, califica de ¡°urgente¡± la derogaci¨®n de la ley. ¡°Se trata de un compromiso pol¨ªtico que el actual Gobierno adquiri¨® en la moci¨®n de censura de 2018. Esta pasividad compromete el futuro, porque del mismo modo que los derechos de hoy son el fruto de las protestas de ayer, los derechos de ma?ana dependen de las protestas de hoy¡±, afirma Esca?o, que lamenta que se han impuesto 300.000 sanciones por falta de respeto a la autoridad. ¡°As¨ª es imposible tener una sociedad civil movilizada y activa a la hora de luchar contra los problemas sociales actuales como, por ejemplo, la vivienda¡±, apunta.

El caso de Catalu?a

En Catalu?a, la aplicaci¨®n de la ley mordaza ha despertado una reciente pol¨¦mica. En septiembre del pasado a?o, se modific¨® el sistema para que las multas pasasen a ser tramitadas por la conserjer¨ªa de Interior, en lugar de la propia Polic¨ªa. La Generalitat aleg¨® que se propon¨ªa paliar algunos efectos de la ley y evitar que los agentes pudieran multar a manifestantes o activistas indiscriminadamente. Sin embargo, el sindicato mayoritario de Polic¨ªa (SAP-FEPOL) y el de los Mossos d¡¯Esquadra (SME-FEPOL), emitieron dos comunicados la pasada semana para denunciar la pasividad y la falta de eficacia a la hora de aplicar estas multas. En concreto, denuncian que desde que las sanciones dependen de Interior, han caducado el 81% de los expedientes incoados, casi cuatro veces por encima de cuando depend¨ªan de la polic¨ªa auton¨®mica (con un 23% de expedientes prescritos).