Interior deja caducar el 80% de las sanciones administrativas, seg¨²n los sindicatos policiales
La Generalitat dej¨® de ingresar hasta 5,6 millones, seg¨²n los representantes de los agentes, por no tramitar y cobrar las infracciones a la ley de seguridad ciudadana
La ley de seguridad ciudadana recoge infracciones como el uso o posesi¨®n de armas, el consumo de droga en la v¨ªa p¨²blica, el da?o al mobiliario p¨²blico o la desobediencia a los agentes de la autoridad. Pero estas conductas no siempre se castigan: desde septiembre de 2023 y hasta mayo de este a?o, el Departamento de Interior de la Generalitat ha dejado caducar o prescribir el 81% de las actas de sanci¨®n administrativa impuestas por fuerzas y cuerpos de seguridad, seg¨²n ha denunciado este lunes el sindicato mayoritario de Polic¨ªa (SAP-FEPOL) y de los Mossos d¡¯Esquadra (SME-FEPOL). El secretario general del sindicato SAP-FEPOL, Pere Garcia, ha subrayado que el culpable de las actas queden sin la correspondiente sanci¨®n es el cambio en la tramitaci¨®n impulsado por el exconseller Joan Ignasi Elena. Ante el fracaso en la gesti¨®n de las sanciones, los sindicatos han lanzado un mensaje a la reci¨¦n nombrada titular de Interior, la socialista, N¨´ria Parl¨®n: ¡°Pedimos a la nueva consejera que no nos vea como un enemigo, sino como la herramienta ¨²til que somos, que nos escuche para conocer las prioridades de la seguridad ciudadana y no viva en una realidad paralela construida sobre sus prioridades pol¨ªticas¡±, ha advertido el secretario.
El pasado septiembre, Elena¨Dhasta este mismo lunes consejero de Interior¨Dpuso en marcha un sistema ¡°m¨¢s neutro y garantista¡±, seg¨²n dijo, de la gesti¨®n de las actas de sanci¨®n, impuestas por los Mossos d¡¯Esquadra, la Guardia Urbana y otros cuerpos de policiales. Tramitar y aplicar los expedientes sancionadores quedaba en manos de los siete servicios territoriales dependientes del departamento de Interior ¨Dlos sindicatos matizan que son ¡°cargos pol¨ªticos nombrados por el consejero¡±¨D, en vez de seguir bajo la competencia de las nueve oficinas regionales de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa (SARP). En mayo, los sindicatos pidieron a Interior los informes sobre los expedientes que hab¨ªan incoado. Mossos y Polic¨ªa denuncian la falta de actividad de los servicios de Interior para detectar las infracciones: entre el 29 de septiembre de 2023 y hasta el 31 de mayo de 2024, se han incoado 11. 975 expedientes (a 1.497 expedientes al mes), mientras que los servicios de Polic¨ªa, durante el mismo periodo de tiempo incoaron 3.019 al mes (27.169 entre el 1 de enero y el 28 de septiembre).
El dato m¨¢s relevante, sin embargo, no se refiere a la apertura de expedientes, sino a su tramitaci¨®n y a la imposici¨®n de la correspondiente sanci¨®n: cuando la gesti¨®n ha estado en manos de Interior, han caducado el 81% de los expedientes incoados, casi un 60% m¨¢s (el 23%) de cuando depend¨ªa de la Polic¨ªa. ¡°?De qu¨¦ ha servido el esfuerzo policial si detr¨¢s ha habido una gesti¨®n administrativa absolutamente deficiente, nefasta e irresponsable, que ha provocado que est¨¦n quedando en nada la mayor parte de los expedientes?¡±, ha subrayado Garc¨ªa. Los sindicatos lamentan los esfuerzos econ¨®micos desplegados por el Departamento de Interior para acabar con las sustancias estupefacientes o las armas de la v¨ªa porque ¡°8 de cada 10 expedientes han acabado en nada¡±. El informe cifra en m¨¢s de un mill¨®n de euros el valor de las cerca de 45.000 actuaciones policiales en materia de la retirada de armas y sustancias que no han llegado a buen puerto.
El perjuicio va m¨¢s all¨¢ del ¡°malgasto¡± presupuestario. En t¨¦rminos recaudatorios, la Generalitat ha dejado de ingresar, seg¨²n esos c¨¢lculos, 5,6 millones por todas las multas que no se han pagado, a raz¨®n de unos 300 euros por sanci¨®n, un efecto colateral al que los sindicatos suman el da?o a la educaci¨®n ciudadana. ¡°Ya sea por acci¨®n u omisi¨®n, el Departamento de Interior ha dejado de hacer una funci¨®n a la que est¨¢ obligado por ley. La consejer¨ªa se ha atribuido un poder que no tiene, tramitar un acta de denuncia observada por los cuerpos policiales no es un acto discrecional¡±, ha asegurado Garc¨ªa.
Los sindicatos denuncian la omisi¨®n que Interior hace de su obligaci¨®n de tramitar los miles de actas que han resultado del esfuerzo de miles de polic¨ªas, y reclaman a la nueva consejera la convocatoria inmediata del Consell de la Polic¨ªa para trasladarle los datos que han hecho p¨²blicos este lunes y le han solicitado que vuelva al sistema anterior. Adem¨¢s, subrayan la ¡°dilaci¨®n extraordinaria¡± del Departamento de Interior al entregarles los datos (los solicitaron en mayo). Este diario ha intentado ponerse en contacto, sin ¨¦xito, con los responsables de comunicaci¨®n de la etapa de Elena para contrastar los datos y recabar la opini¨®n de Interior: ¡°Ya no est¨¢n trabajando¡±.
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