El Gobierno cree injusta la imputaci¨®n del fiscal y cierra filas con los socios para arroparlo

Se eleva al m¨¢ximo la tensi¨®n entre el Gobierno y la Sala Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, un juez que se ha convertido en un personaje fundamental en la conversaci¨®n pol¨ªtica en Espa?a. La imputaci¨®n de ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, el fiscal general del Estado, con unos argumentos jur¨ªdicos que todos los miembros del Ejecutivo consultados consideran muy endebles ¡ªalgunos incluso hablan abiertamente de lawfare, esto es, pr¨¢cticamente de prevaricaci¨®n¡ª es una gota m¨¢s, muy grande, en un vaso completamente rebosado de las relaciones entre el Gobierno y la sala clave del Supremo, que ha admitido la exposici¨®n razonada de un juez por unanimidad de los cinco magistrados que han debatido el asunto.

Ya se lleg¨® al l¨ªmite cuando Marchena, apoyado por otros magistrados, pero con el voto en contra entonces de Ana Ferrer, dej¨® fuera de la amnist¨ªa a Carles Puigdemont al entender que s¨ª se hab¨ªa lucrado indirectamente con el proc¨¦s al ahorrarse el dinero que tendr¨ªa que haber puesto de su bolsillo para organizar el refer¨¦ndum. Pero ahora, al leer el auto en el que el Supremo no imputa a Garc¨ªa Ortiz por la nota explicativa que hizo, como se esperaba, sino por la posibilidad, muy dif¨ªcil de demostrar, de que haya sido el autor de la filtraci¨®n de un email que desment¨ªa el bulo de que la Fiscal¨ªa hab¨ªa ofrecido un acuerdo a la pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso, cuando era al rev¨¦s, muchos miembros del Gobierno se han indignado. ¡°No tiene sentido que digan que no hay delito en la nota de prensa, que parec¨ªa el problema principal, y ahora pidan investigar la filtraci¨®n del email. No tienen ninguna prueba de que fue Garc¨ªa quien lo filtr¨®, deber¨ªan haberlo devuelto al juzgado de instrucci¨®n para que los investigara¡±, resume un ministro.

Antes de este mi¨¦rcoles, Garc¨ªa Ortiz no ten¨ªa un apoyo un¨¢nime en el Ejecutivo por su gesti¨®n. Hay algunos miembros que creen que ha perdido el control de la Fiscal¨ªa, que est¨¢ demasiado cuestionado en el sector. Pedro S¨¢nchez y F¨¦lix Bola?os, los m¨¢s importantes en esta decisi¨®n, siempre lo han respaldado, pero otros sectores eran m¨¢s cr¨ªticos. Pero eso cambi¨® este mi¨¦rcoles. La imputaci¨®n ha sido tan injusta a los ojos del Gobierno, que el cierre de filas con ¨¦l ha sido absoluto esta vez. Incluso los ministros que son jueces, y, por tanto, m¨¢s sensibles a la gravedad de que un fiscal general haya sido imputado, algo que no ha sucedido jam¨¢s en democracia, salieron r¨¢pidamente a apoyarlo y, por tanto, descartar que tenga que dimitir por la imputaci¨®n, como hizo el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tambi¨¦n lo hizo Sumar, a trav¨¦s de Yolanda D¨ªaz. El cierre de filas fue muy claro en la coalici¨®n.

El auto ha dejado desconcertados a todos los miembros del Gobierno con formaci¨®n jur¨ªdica o inter¨¦s por este asunto, porque se imputa para investigar una filtraci¨®n que no hay ninguna prueba de que sea responsabilidad del fiscal y que lo m¨¢s probable es que nunca se llegue a aclarar, como sucede siempre en estos casos, porque los periodistas que publicaron la noticia apelar¨¢n al secreto profesional para no revelar sus fuentes, y ah¨ª suele morir la investigaci¨®n. Bola?os fue muy claro en este sentido, al decir que est¨¢ convencido de que el caso ¡°acabar¨¢ en nada¡±. Por eso, porque creen que es una imputaci¨®n injusta y sin base jur¨ªdica, que quedar¨¢ en nada en pocos meses, el Gobierno ha decidido respaldar a Garc¨ªa y apoyarle para que soporte la presi¨®n de la oposici¨®n y de algunas asociaciones judiciales que est¨¢n pidiendo su dimisi¨®n.

S¨¢nchez ya hab¨ªa dado una instrucci¨®n clara hace meses, cuando se tem¨ªa que esta imputaci¨®n pod¨ªa llegar, y era la de convencer a Garc¨ªa Ortiz para que no dimita y mantener su apoyo cerrado hasta el final. Despu¨¦s de ver el auto, esa decisi¨®n inicial se ha reforzado y el Gobierno sali¨® de forma muy clara y con distintas voces a apoyar al fiscal general. Pero tambi¨¦n lo hicieron los socios del Ejecutivo, que cerraron filas con Garc¨ªa Ortiz pese a la imputaci¨®n. De hecho en los pasillos del Congreso algunos dirigentes insist¨ªan en que a pesar de que es un golpe institucional duro tener por primera vez en la democracia a un fiscal general imputado, la que sali¨® perjudicada este mi¨¦rcoles es la imagen de la Sala Penal del Supremo, que ya ha sufrido cr¨ªticas importantes por decisiones anteriores que tambi¨¦n han sido muy criticadas.

Bola?os, que es el ministro de Justicia, evit¨® en todo momento criticar al Supremo y asegur¨® que mantiene el m¨¢ximo respeto, pero de sus palabras era evidente que est¨¢ en total desacuerdo con la decisi¨®n. ¡°?Puede ser delito contar la verdad?¡±, lleg¨® a decir el ministro, poniendo en duda as¨ª que tenga sentido la imputaci¨®n. En su opini¨®n, lo ¨²nico que hizo el fiscal general fue ¡°desmentir un bulo surgido de la Comunidad de Madrid¡±, en referencia a que el ministerio p¨²blico le hab¨ªa ofrecido un pacto a la pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso, cuando era lo contrario.

El PP y Vox salieron en tromba a pedir la dimisi¨®n del fiscal general, y a trasladar la sensaci¨®n de que el Gobierno est¨¢ acorralado por esc¨¢ndalos de corrupci¨®n y decisiones judiciales como esta. Feij¨®o le dijo a S¨¢nchez que ¡°su agon¨ªa legislativa va a ser una broma al lado de su agon¨ªa judicial¡±, y ese fue el mensaje que traslad¨® la oposici¨®n en el Congreso. Pero los mensajes internos en el Gobierno y con los propios socios van en sentido contrario: se est¨¢ intentando recomponer la mayor¨ªa y fraguar un acuerdo de Presupuestos que consolidar¨ªa definitivamente la legislatura, aunque no parece inminente. Habr¨¢ que esperar a los congresos de Junts y ERC. Pero se va instalando la idea en la mayor¨ªa ¡ªincluso despu¨¦s de una jornada dif¨ªcil como la de este mi¨¦rcoles, con la imputaci¨®n de Garc¨ªa¡ª de que hay legislatura para largo.