La regulaci¨®n de los ¡®lobbies¡¯: 28.000 entidades y personas tendr¨¢n que registrarse como tales

En los correos de los diputados del Congreso se reciben decenas de comunicaciones como esta: ¡°Nos ponemos en contacto con usted para hacerle part¨ªcipe de nuestra preocupaci¨®n ante posibles modificaciones legislativas que impactar¨ªan directamente en nuestro sector y perjudicar¨ªan nuestra actividad en la provincia que usted representa¡±. El texto viene firmado por una compa?¨ªa de bebidas alcoh¨®licas y una consultora que se define sin rodeos como un ¡°lobby¡±. Solicitan una reuni¨®n con el diputado.

Por los pasillos del Congreso y de los ministerios circulan a diario esos personajes discretos ¡ªmuchos expol¨ªticos¡ª que representan a los lobbies, t¨¦rmino traducido a menudo como grupo de presi¨®n. Act¨²an en nombre tanto de grandes sectores econ¨®micos como de colectivos sociales. Entre los miembros de la Asociaci¨®n de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa a los lobistas, figuran desde un gigante farmac¨¦utico como AstraZeneca hasta la ONCE o la Asociaci¨®n de Lucha contra el C¨¢ncer. ¡°De Netflix a Amnist¨ªa Internacional¡±, resume un diputado el abanico de quienes llaman a su puerta. O trabajadores de empresas en crisis, a?ade otro.

El Parlamento europeo dispone desde 2011 de una regulaci¨®n que obliga a publicar todos los contactos de los diputados con esos grupos. En Espa?a persiste un agujero legal. Hubo dos intentos en la anterior legislatura que no llegaron a culminar. Ahora el Gobierno vuelve a la carga con un proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Transformaci¨®n Digital, que ha entrado esta semana en el Congreso. El texto adopta la denominaci¨®n ¡°grupo de inter¨¦s¡±. Y ah¨ª incluye a ¡°las personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas y las agrupaciones sin personalidad jur¨ªdica¡± que ¡°lleven a cabo actividades de influencia¡± sobre altos cargos y personal de confianza de los Ministerios.

La ley obligar¨ªa a inscribirse en un registro p¨²blico para desarrollar tales actividades. El Ministerio que dirige ?scar L¨®pez calcula que las entidades y personas inscritas podr¨ªan llegar hasta 28.000, extrapolando los datos de dos comunidades que ya disponen de registros: Catalu?a (5.928) y Comunidad Valenciana (1.474). El proyecto deja fuera a sindicatos, patronal y colegios profesionales.

La otra gran novedad ser¨ªa la implantaci¨®n de la llamada ¡°huella normativa¡±, que obligar¨ªa a que los ministerios hiciesen constar en sus proyectos los contactos mantenidos con los grupos de inter¨¦s y las aportaciones que hayan incorporado. Se prev¨¦n sanciones en caso de incumplimientos que pueden llegar hasta la prohibici¨®n temporal de las actividades.

¡°La diferencia entre que haya regulaci¨®n o no es que las cosas se hagan a la luz o en los reservados de los hoteles¡±, sentencia un socio de una de las grandes consultoras madrile?as. ¡°Este trabajo se tiende a criminalizar si permanece en la zona oscura¡±, conviene el presidente de APRI, Carlos Parry, quien saluda la iniciativa como una oportunidad de ¡°fortalecer nuestra democracia¡± y ¡°ayudar a la lucha contra la corrupci¨®n¡±. Frente a la idea de que los lobbies act¨²an como instrumento para imponer intereses privados sobre los p¨²blicos, Parry los defiende como una manera de transmitir demandas sociales y de mejorar las leyes: ¡°Los que tienen que tomar las decisiones no saben de todo. Y nosotros les llevamos informes, les exponemos argumentos, les podemos sugerir que corrigiendo una frase se van a evitar determinados problemas¡­¡±. Cargos del Gobierno coinciden en que prefieren esa relaci¨®n formal frente a los que usan ¡°la vieja costumbre espa?ola de tirar de agenda de contactos¡± o env¨ªan mensajes a trav¨¦s de ¡°personajes secundarios¡±.

Las presiones de las grandes compa?¨ªas pueden llegar por otros cauces y de forma nada discreta. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, escribi¨® un art¨ªculo amenazando con frenar inversiones si se manten¨ªa el impuesto a las energ¨¦ticas. Semanas despu¨¦s, el Congreso lo anul¨® con los votos de PP, Vox, Junts, PNV y UPN. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, de Sumar, mantuvo un dur¨ªsimo pulso con compa?¨ªas a¨¦reas que ha desembocado en la multa de 150 millones a Ryanair, Vueling, Volotea y EasyJet por cobrar el equipaje de cabina. El consejero delegado de Ryanair, Michael O¡¯Leary, reaccion¨® llam¨¢ndole ¡°loco comunista¡±. Al frente de un departamento cuyas decisiones pueden afectar a muchos sectores econ¨®micos, Bustinduy defiende la necesidad de hacer transparente la relaci¨®n con los lobbies: ¡°El poder se mueve mejor en la informalidad, en la opacidad. La presi¨®n pol¨ªtica sobre la toma de decisiones es inversamente proporcional a la transparencia¡±.

Parlamento abierto

Del proyecto del Gobierno queda fuera el Congreso. All¨ª el grupo socialista present¨® en 2021 una propuesta de reforma del Reglamento que no avanz¨®. Existe un c¨®digo de conducta de los diputados que, entre otras cosas, les obliga a hacer p¨²blica su agenda. Casi nadie lo cumple, por falta de medios, alegan algunos. En los pr¨®ximos d¨ªas, el Congreso debe presentar un plan llamado de Parlamento Abierto por el que viene clamando la plataforma Ampliando Democracia, constituida por 18 entidades sociales. En un primer borrador la Mesa de la C¨¢mara ya planteaba implantar tambi¨¦n la huella legislativa, que comprometer¨ªa a todos los grupos.

Las entidades reunidas en Ampliando Democracia han presentado numerosas aportaciones para a?adir a un documento que, en palabras de Javier P¨¦rez, de la ONG Political Watch, resulta ¡°muy descafeinado¡±. Reclaman medidas firmes para evitar que los diputados incumplan obligaciones como la de divulgar sus contactos.

El proyecto va mucho m¨¢s all¨¢: lograr que el Congreso ¡°se abra a la vigilancia ciudadana¡±. La C¨¢mara se ha comprometido a otras medidas, como abrir una sede electr¨®nica o divulgar los votos de cada diputado en las comisiones (ahora solo se publican los de los plenos). Political Watch ¡ªque ha creado una web propia, Qu¨¦ hacen los diputados¡ª plantea iniciativas ensayadas en otros pa¨ªses como las convenciones ciudadanas, que re¨²nen peri¨®dicamente a grupos de personas an¨®nimas para hacer aportaciones a alg¨²n debate candente. Tambi¨¦n urge a dotar de medios a la Comisi¨®n de Peticiones para dar cauce real a demandas ciudadanas, como ocurre en el Parlamento europeo. P¨¦rez espera que esta vez no prevalezca la ¡°desconfianza sobre el valor y la eficacia de la apertura a la ciudadan¨ªa¡±.