Los trabajadores invisibles que labran el campo de N¨ªjar viven en chabolas

Reci¨¦n duchado, Boubakar Ciss¨¦, de 32 a?os, se sienta a la mesa. Lo hace despacio, cansado. Se levant¨® a las seis de la ma?ana para helarse en su patinete camino del invernadero donde ha trabajado ocho horas. ¡°Muy duro¡±, certifica. A pesar de la fatiga hay una sonrisa dibujada en su cara. ¡°Ahora puedo dormir, descansar, vivir tranquilo¡±, explica el senegal¨¦s, que prefiere olvidar los cinco a?os que vivi¨® en Walili y Ca?averal, dos de los asentamientos chabolistas de ...

Reci¨¦n duchado, Boubakar Ciss¨¦, de 32 a?os, se sienta a la mesa. Lo hace despacio, cansado. Se levant¨® a las seis de la ma?ana para helarse en su patinete camino del invernadero donde ha trabajado ocho horas. ¡°Muy duro¡±, certifica. A pesar de la fatiga hay una sonrisa dibujada en su cara. ¡°Ahora puedo dormir, descansar, vivir tranquilo¡±, explica el senegal¨¦s, que prefiere olvidar los cinco a?os que vivi¨® en Walili y Ca?averal, dos de los asentamientos chabolistas de N¨ªjar (Almer¨ªa, 31.816 habitantes). ¡°No hab¨ªa luz y ten¨ªa que caminar a diario para conseguir agua. Hac¨ªa fr¨ªo en invierno y much¨ªsimo calor en verano¡±, recuerda. Desde agosto pasado reside en Casa Arrupe, una de las pocas iniciativas que buscan dar salida a las alrededor de 3.500 personas que todav¨ªa viven en estos campamentos en esas mismas condiciones, seg¨²n los datos de Andaluc¨ªa Acoge. La mayor¨ªa son trabajadores de la agricultura intensiva. Es una realidad que acumula m¨¢s de 25 a?os sin apenas cambios. Y aunque las administraciones han empezado a dar peque?os pasos, la esperanza se diluye ante las promesas incumplidas.

A principios de 2023, hace justo dos a?os, ocurri¨® lo que parec¨ªa un punto de inflexi¨®n. Entonces las excavadoras destruyeron el que entonces era el mayor de estos campamentos, denominado Walili. En este trozo de desierto resid¨ªan unas 500 personas extranjeras, que de la noche a la ma?ana se quedaron sin lo poco que ten¨ªan como cobijo: peque?os cuartitos construidos con pal¨¦s y pl¨¢sticos entre calles de barro. Era el ¨²nico gran campamento visible desde la carretera que lleva a los turistas a las playas de Cabo de Gata. Tras echarles, el Ayuntamiento de N¨ªjar les plante¨® alternativas, pero adem¨¢s de escasas, a¨²n hoy la mayor¨ªa siguen sin estar disponibles. Por eso casi todos los residentes no tuvieron m¨¢s opci¨®n que dirigirse a otros asentamientos repartidos por la comarca, a los que hoy siguen llegando nuevos migrantes. Ahora Atochares es el m¨¢s grande, con una poblaci¨®n de entre 600 y 700 personas que fluct¨²a al ritmo de las plantaciones de tomates, calabacines o sand¨ªas. El campo, que factura m¨¢s de 3.000 millones de euros anuales en la provincia, les da trabajo. A veces con contrato y otras sin ¨¦l, bajo ¡°un modelo explotador de mano de obra¡±, seg¨²n denunci¨® la ONG Ethical Consumer en un informe publicado en 2023.

Atochares est¨¢ escondido junto a una carretera secundaria en pleno coraz¨®n del enorme t¨¦rmino municipal nijare?o. All¨ª malviven personas de Ghana, Senegal, Mal¨ª, Guinea Conakry, Rumania o Marruecos. Sus chabolas est¨¢n levantadas con materiales sobrantes de los invernaderos, aunque en los ¨²ltimos a?os han proliferado construcciones con bloques de hormig¨®n por el miedo a los incendios que arrasan peri¨®dicamente algunas de estas infraviviendas. Hay pl¨¢sticos por todas partes, precarios enganches a la luz, suciedad, mosquitos, serpientes. ¡°Es un barrio m¨¢s de N¨ªjar, pero donde se vive en una situaci¨®n francamente inhumana¡±, apunta Ram¨®n Miranda, m¨¦dico jubilado que ha elaborado un informe para la fundaci¨®n Almer¨ªa Tierra Abierta donde denuncia la ausencia de saneamiento, la escasa recogida de basuras o los cortes de agua. ¡°Flagrantes vulneraciones sistem¨¢ticas a los derechos humanos¡±, seg¨²n el informe Las fronteras internas en Andaluc¨ªa presentado hace unos d¨ªas por la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Andaluc¨ªa (APDHA).

Hasta 2024 aqu¨ª hab¨ªa cuatro fuentes, pero desde la pasada Semana Santa ¡ªcuando los migrantes pasaron casi tres semanas sin suministro¡ª el municipio cort¨® las tres m¨¢s cercanas al poblado. Ahora solo funciona la m¨¢s alejada, a entre 150 y 500 metros de las infraviviendas. Su agua llena a diario decenas de bidones de productos fitosanitarios de 20 litros utilizados para el aseo personal. ¡°Los cortes de suministros son indicativos, creemos, de un desalojo a corto plazo¡±, advierte el activista Ricardo P¨¦rez sobre un temor com¨²n: que vuelvan las pegatinas de aviso previas al derribo. Todos saben que pasar¨¢, pero nadie pone fecha. Tampoco el ayuntamiento, donde creen que los problemas de luz y agua no son una medida de presi¨®n y aseguran que la basura se recoge peri¨®dicamente. Eso s¨ª, solo hay dos contenedores para centenares de residentes a los que el municipio suele negar el empadronamiento, derecho recogido por ley. Es uno de los grandes problemas que sufren estas personas porque sin ¨¦l, ni son considerados vecinos del pueblo ni tienen acceso a posibles soluciones. Son invisibles. Muchos tienen contrato y su situaci¨®n regularizada, pero no pueden salir de all¨ª ante la escasez de vivienda.

¡°Impotencia tremenda¡±

Mar¨ªa Ruiz-Clavijo, trabajadora del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM), acude varias veces en semana a este y otros campamentos para escuchar y ofrecer ayuda. ¡°Te das cuenta de aqu¨ª cada uno hace lo que puede, que es poco. Es insoportable. Una piensa que la vivienda es un derecho, pero la experiencia te indica que es lo contrario¡±, mantiene. Tras casi dos a?os en la zona, Ruiz-Clavijo siente una ¡°impotencia tremenda¡± porque casi nada cambia en esta realidad. ¡°Solo si miras m¨¢s de cerca hay algunas alegr¨ªas¡±, se?ala. Una de las mayores es Casa Arrupe, viejo cortijo rehabilitado que emerge como un buque en pleno oc¨¦ano de pl¨¢stico. All¨ª reside Boubakar Ciss¨¦ junto a una quincena de personas de Espa?a, Senegal, Mal¨ª y Ghana. Todos proceden de los asentamientos cercanos. Cada uno ha firmado un contrato de alquiler por un a?o ¡ªrenovable¡ª y paga alquiler, adem¨¢s de comprometerse a limpiar y cocinar. ¡°Es una comunidad de hospitalidad. Cada cual vive su proceso migratorio como quiere y nosotros les apoyamos con atenci¨®n social, jur¨ªdica o formativa¡±, aclara la religiosa mientras sirve una purrusalda que ella misma ha cocinado para el almuerzo.

El sabroso olor atrae a Abdelkrim Ourhou, de 36 a?os, otro de los inquilinos. Tras licenciarse en Geograf¨ªa y diplomarse en Gastronom¨ªa, en oto?o de 2023 viaj¨® de Marruecos a Lanzarote en patera y luego fue trasladado a M¨¢laga. Luego se mud¨® a Almer¨ªa, donde un amigo le ayud¨® a encontrar trabajo y un precario techo en Atochares. EL PA?S habl¨® all¨ª con ¨¦l en marzo pasado mientras asist¨ªa a clases de espa?ol. Ahora domina el idioma a la perfecci¨®n para relatar que se levanta a diario a las 3.40 de la madrugada para empezar a las cinco en el invernadero. ¡°Es duro, pero en verano, con calor, es a¨²n peor¡±, afirma quien dud¨® si abandonar su chabola para trasladarse al cortijo. ¡°Las cosas hay que pensarlas, aunque venir ha sido una gran idea¡±, dice feliz mientras piensa ya en la siesta. ¡°Solo estar aqu¨ª les cambia la cara, el brillo de los ojos, sus preocupaciones. Un hogar humaniza a las personas igual que los asentamientos las degrada. Son lugares estructuralmente violentos¡±, subraya Daniel Izuzquiza, m¨¢ximo responsable del SJM en Almer¨ªa.

A tres kil¨®metros de all¨ª, otras 72 personas residen en una docena de viviendas gestionadas por el SJM en la barriada de San Isidro. La mayor¨ªa proceden de Ca?averal, poblado que acog¨ªa a unas 20 personas. Los jesuitas les ofrecieron la posibilidad de mudarse en bloque. Los migrantes llegaron a pensar que era una broma, pero tras celebrar varias asambleas y visitar los inmuebles, dijeron que s¨ª. ¡°Hicieron una apuesta valiente y ha salido bien¡±, resume Izuzquiza, quien destaca que los inquilinos pagan alquiler y suministros y no ha habido ni un solo impago. Esta semana uno de los m¨¢s felices era Mamadou Ndour, ghan¨¦s de 31 a?os, quien acababa de recibir la notificaci¨®n positiva de su solicitud de arraigo. ¡°Tengo NIE, tengo papeles¡±, dec¨ªa con alegr¨ªa contenida, sin cre¨¦rselo. Su vida ha cambiado de golpe, como ya lo hizo en verano cuando se mud¨® a estos pisos. ¡°Aqu¨ª no hace fr¨ªo, tienes cocina dentro de la casa, funciona la luz y el agua y hay una cama¡±, aplaude. ¡°Puedo ducharme, descansar¡±, a?ade Abdoulay Iliyaso, senegal¨¦s de 38 a?os.

El cortijo y las 12 casas son propiedad de Tutech?, la primera Sociedad An¨®nima Cotizada de Inversi¨®n Inmobiliaria (socimi) social de Espa?a. En 2024 irrumpi¨® en Almer¨ªa al invertir dos millones de euros para adquirir o construir 23 viviendas, tres locales y un cortijo destinados a ofrecer alternativas. C¨¢ritas, las Hermanas Mercedarias de la Caridad y Almer¨ªa Acoge ¡ªadem¨¢s del SJM¡ª gestionan estos espacios, alquilados a precios un 30% por debajo del mercado. En un correo electr¨®nico, Blanca Hern¨¢ndez, consejera delegada de una compa?¨ªa, relata que estudian ya ampliar su cartera de propiedades en la comarca. ¡°No hay varitas m¨¢gicas y ni un ¨²nico modelo, pero no podemos quedar atrapados en la impotencia de que no se puede hacer nada. Nuestro caso demuestra que no es tan complicado. Las personas que viven en los asentamientos quieren salir de all¨ª. Y cuando se les facilita, lo hacen con responsabilidad y compromiso¡±, revela Izuzquiza.

Administraciones sin competencias

Las entidades sociales sostienen que el alojamiento un pilar fundamental para solucionar la situaci¨®n, pero no el ¨²nico. Solicitan un enfoque m¨¢s amplio que pasa por reconocer derechos, desde el padr¨®n a la sanidad. Por eso Jos¨¦ Miguel Morales, secretario general de Andaluc¨ªa Acoge, celebra las iniciativas privadas pero insiste en que es necesaria una mayor coordinaci¨®n de las acciones p¨²blicas, ahora realizadas ¡°sin criterios fijos ni claros¡±, denuncia. ¡°Se intuye que se centran en los campamentos que son visibles por quienes van al pueblo o Cabo de Gata, pero no est¨¢ escrito¡±, a?ade. ¡°No es tanto dinero el que hace falta. Y estas personas pueden pagar tambi¨¦n una parte de la soluci¨®n¡±, a?ade Morales, que igualmente cree positivo que las administraciones hayan dado pasos, pero pide que se las palabras se conviertan en ¡°pol¨ªticas p¨²blicas, presupuestos y medidas reales¡±.

Uno de esos pasos fue aprobado en junio pasado. Es el I Plan Local para la Erradicaci¨®n del Chabolismo, impulsado por el Ayuntamiento de N¨ªjar. Tiene 14 p¨¢ginas y nueve l¨ªneas de actuaci¨®n que, seg¨²n las ONG, no se traducen en hechos concretos porque no tienen calendario y su presupuesto ¡ªde 200.000 euros¡ª est¨¢ m¨¢s dedicado a pagar los caros derribos que el realojo de los migrantes. Un caso paradigm¨¢tico es el de las 62 viviendas y 166 plazas de la barriada de Los Grillos, principal opci¨®n ofrecida para realojar a los migrantes cuando se desaloj¨® Walili en enero de 2023. Entonces se prometieron para junio. Luego para finales de a?o. Despu¨¦s para abril de 2024. La ¨²ltima promesa la hizo el pasado diciembre el alcalde nijare?o, Jos¨¦ Francisco Garrido (PP), que gobierna junto a Vox, cuando anunci¨® que estar¨ªan listas para finales de mes. Ah¨ª siguen, vac¨ªas. Est¨¢n equipadas ¡ªcon muebles y electrodom¨¦sticos¡ª desde hace un a?o, pero cerradas a falta de perimetrar el entorno. Contar¨¢n con un vallado y un control de entrada y salida vigilado 24 horas. Nadie sabe qui¨¦n se har¨¢ cargo de la gesti¨®n, porque el ayuntamiento lo ¨²nico que har¨¢ ser¨¢ ¡°filtrar a la gente que entra¡±. Todos pagar¨¢n alquiler.

El documento municipal solicita ayuda al resto de administraciones. La Junta de Andaluc¨ªa ya se hab¨ªa adelantado y en verano de 2023 aprob¨® la elaboraci¨®n del I Plan Estrat¨¦gico para la Erradicaci¨®n de Asentamientos Informales, la primera vez que reconoc¨ªa su responsabilidad en el problema. El documento a¨²n no est¨¢ redactado y las entidades sociales echan en falta un simple borrador al que aportar ideas. Fuentes de la administraci¨®n andaluza enfatizan que est¨¢n dando recursos ¡ªsobre todo, dinero¡ª a los ayuntamientos para ofrecer soluciones, pero tambi¨¦n sugieren que tienen ¡°competencias cero¡± en la cuesti¨®n (aunque, por ejemplo, la vivienda s¨ª sea en gran parte responsabilidad de la comunidad). A cambio, pide al Gobierno central que se ponga las pilas. Ante las preguntas de EL PA?S sobre qu¨¦ se ha hecho o si hay presupuesto para ello, fuentes del Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones exponen que hay un ¡°compromiso firme¡± y que hay un ¡°equipo de trabajo interministerial¡± que planea una importante inversi¨®n ¡°de millones¡± con diversos proyectos de cohesi¨®n social, aunque no detallan cu¨¢les y remachan que sus competencias en inclusi¨®n, vivienda o empadronamiento son escasas. 25 a?os despu¨¦s, nadie acaba de asumir las responsabilidades sobre una realidad que mantiene a miles de personas malviviendo entre maderas, pl¨¢stico y barro.