La soluci¨®n nunca llega a los asentamientos de los braceros del campo almeriense
Unas 4.000 personas migrantes viven con el miedo de que sus campamentos sean derribados y sin apenas alternativas para residir desde hace 25 a?os
Repeinado, elegante, sonriente, el marroqu¨ª Abdelkrim (35 a?os) aprende espa?ol. Lo lee con soltura, pero se detiene ante cada palabra que desconoce. ¡°?Qu¨¦ significa triunfante?¡±, pregunta con un acento de aires latinos adquirido tras hacer amigos colombianos en las redes sociales. Dos d¨ªas en semana acude a un aula con pizarras, un pu?ado de sillas, suelo de tierra y techo de pl¨¢stico ubicada en el asentamiento chabolista de Atochares, en N¨ªjar (Almer¨ªa, 31.816 habitantes). Licenciado en Geograf¨ªa y diplomado en Gastronom¨ªa, la falta de oportunidades lo impuls¨® a subirse a una patera. En su quinto intento alcanz¨® Lanzarote desde El Aai¨²n. Pas¨® por M¨¢laga y acab¨® en N¨ªjar. No es el ¨²nico nuevo migrante llegado en el ¨²ltimo a?o. Otros lo hicieron tras su expulsi¨®n de otro campamento similar, Walili, derribado a finales de enero de 2023 y que forz¨® un plan local de erradicaci¨®n de estos espacios, donde residen unas 4.000 personas extranjeras en esta provincia andaluza, cifra que se repite en Huelva, seg¨²n c¨¢lculos de Andaluc¨ªa Acoge. Desde entonces viven entre el miedo y la incertidumbre. ?Y si su chabola es la pr¨®xima en caer? ¡°El ambiente general es de desesperanza¡±, dice el activista almeriense Ricardo P¨¦rez, de 27 a?os.
Atochares es un poblado formado por decenas de precarias casetas. La mayor¨ªa est¨¢n levantadas con pal¨¦s y pl¨¢stico, aunque cada vez se ven m¨¢s construidas con bloques y ladrillos, respuesta a los incendios que arrasaron parte del poblado en los ¨²ltimos a?os. Hay calles de barro, cables por todas partes y una fuente que sirve de encuentro vecinal. Conviven unas 800 personas procedentes de Marruecos y el ?frica subsahariana. Es el mayor del medio centenar de asentamientos de Almer¨ªa parecidos a este, donde las condiciones son de ¡°extrema exclusi¨®n¡±, seg¨²n Andaluc¨ªa Acoge.
Son casi invisibles. Y est¨¢n rodeados de los mismos invernaderos donde sus residentes trabajan ¡ªcon o sin papeles y ¡°bajo un modelo explotador de mano de obra, seg¨²n un informe de la ONG Ethical Consumer¡ª para un sector agr¨ªcola almeriense que factura unos 3.500 millones de euros anuales. Nadie sabe a ciencia cierta c¨®mo solucionar una paradoja que existe desde hace m¨¢s de 25 a?os. ¡°Es como barrer la playa. Ves mucha necesidad, pero no sabes por d¨®nde empezar porque no hay v¨ªas de salida¡±, se?ala Mar¨ªa Ruiz-Clavijo, educadora del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y una de las responsables de las clases a las que acude Abdelkrim. Tambi¨¦n asiste su compatriota Ismael, de 25 a?os. ¡°Vivir aqu¨ª es muy duro. No hay luz, no hay nada¡±, relata tras acabar unos ejercicios con los tiempos verbales.
Para los migrantes residentes en estos campamentos de Almer¨ªa ¡ªmuy similares a los de Huelva¡ª poco o nada ha cambiado en el ¨²ltimo a?o. Las administraciones anunciaron entonces que habr¨ªa ¡°alternativas habitacionales¡± para ellos, pero las promesas quedan en papel mojado. Las pocas alternativas ofrecidas son insuficientes para resolver el problema de la infravivienda almeriense, seg¨²n coinciden la decena de organizaciones sociales consultadas por EL PA?S y confirma cualquiera de los habitantes de estos asentamientos. Andaluc¨ªa Acoge calcul¨® que son unos 4.000 aqu¨ª y otros 4.000 en Huelva, pero las cifras fluct¨²an y nadie sabe cu¨¢ntos son con exactitud. Por ello la Junta de Andaluc¨ªa elabora un nuevo censo antes de aplicar su Plan estrat¨¦gico para la erradicaci¨®n de asentamientos de Huelva y Almer¨ªa aprobado el a?o pasado, del que apenas se conocen detalles. De manera paralela, la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Andaluc¨ªa (APDHA) tambi¨¦n hace otro censo en toda Almer¨ªa y el propio municipio de N¨ªjar prepara el suyo. ¡°Nos pasamos la vida haciendo diagn¨®sticos de la situaci¨®n, pero hay que pasar ya a la acci¨®n, hacer algo¡±, lamenta una trabajadora social, que critica tambi¨¦n las dificultades que tienen los migrantes para empadronarse. Es casi misi¨®n imposible.
Muchos de ellos viven ahora con la amenaza de que se repita lo que ocurri¨® en Walili a principios de 2023. Entonces, la Guardia Civil fue, chabola a chabola, anunciando la obligaci¨®n de desalojarlas. Pocas horas despu¨¦s, las piquetas no dejaron ni una en pie. Fue una iniciativa del Ayuntamiento de N¨ªjar ¡ªentonces en manos del PSOE¡ª que solo ofreci¨® como alternativa un albergue temporal en una nave industrial y unos m¨®dulos prefabricados. All¨ª lleg¨® el senegal¨¦s El Hadji Lemou Diatta, de 39 a?os. All¨ª contin¨²a un a?o despu¨¦s. ¡°Vivo peor. Comparto habitaci¨®n con muchas personas y estoy a 30 minutos en bici del invernadero donde trabajo¡±, relata, cansado, al final de su jornada laboral. Hay una veintena de compatriotas en su misma situaci¨®n, a las que se han sumado un grupo de unos 10 ghaneses desalojados por el municipio ¡ªahora en manos de PP y Vox¡ª hace unas semanas de un campamento cercano, conocido como Megasa o Cortijo Mali. ¡°Todo parec¨ªa haberse calmado, pero tras ese derribo volvi¨® el miedo¡±, subraya Khadiya Jiouak, de 30 a?os y educadora del SJM.
Viviendas listas, pero cerradas
¡°El Ayuntamiento de N¨ªjar act¨²a sin ofrecer alternativas a estas personas, sin respetar sus derechos m¨¢s b¨¢sicos y desoyendo las recomendaciones de las organizaciones sociales¡±, criticaron entonces seis de ellas, como Andaluc¨ªa Acoge, que inform¨® hace unas semanas sobre la situaci¨®n de estas infraviviendas en Bruselas, la en¨¦sima vez. El Consistorio sigue as¨ª adelante con su plan de erradicaci¨®n de los asentamientos, cuyos pormenores se desconocen. ¡°Creemos que todo se va a acelerar, tienen prisa por quit¨¢rselos del medio¡±, explican fuentes de una organizaci¨®n social. ¡°Tanto Walili como Cortijo Mali eran los que estaban al borde de las carreteras tur¨ªsticas hacia Cabo de Gata. Ahora ya no se ven, pero la gente sigue viviendo en asentamientos m¨¢s dispersos y peque?os en medio de la nada¡±, a?ade Fernando Plaza, delegado de APDHA. ¡°El problema sigue creciendo: hay m¨¢s invernaderos, hace falta m¨¢s mano de obra y la vivienda es cada vez m¨¢s escasa¡±, insiste Plaza. Tambi¨¦n acaban en estas chabolas algunos de los migrantes trasladados a la Pen¨ªnsula que, como Abdelkrim, llegaron a las costas de Canarias.
Cerca de los barracones temporales hay 62 peque?os apartamentos ya construidos y equipados en la zona conocida como Los Grillos. Son una de las principales soluciones al desalojo de Walili y, aunque han sido anunciadas en numerosas ocasiones desde entonces, sus puertas siguen cerradas. Estos alojamientos transitorios ¡ªcomo se denominan oficialmente¡ª tienen ya cocinas, ba?os y dormitorios equipados. Solo falta pavimentar el entorno, partida presupuestaria que el Consistorio nijare?o afirma que acaba de liberar. Ahora las promete para abril. ¡°Qu¨¦ m¨¢s da que haya tierra alrededor, si est¨¢n listas deber¨ªamos poder vivir ya ah¨ª¡±, afirma el senegal¨¦s Diatta. Financiados por la Junta de Andaluc¨ªa y el Gobierno central, est¨¢n en manos del municipio, que derivar¨¢ la gesti¨®n en una organizaci¨®n social ¡ªse desconoce cu¨¢l¡ª para, aseguran, que puedan residir personas sin importar su situaci¨®n administrativa.
Los m¨®dulos, con 166 plazas y donde solo se podr¨¢ residir un m¨¢ximo de 11 meses, estar¨¢n vallados y tendr¨¢n una garita de seguridad que controlar¨¢ el acceso. ¡°La gente no podr¨¢ salir ni entrar a la hora que quiera, no podr¨¢ entrar todo el mundo. Tendr¨¢ un orden¡±, dice ?ngeles G¨®ngora, concejala de Servicios Sociales en N¨ªjar. La responsable explica que han recibido una subvenci¨®n ¡ª1,5 millones¡ª de la Junta de Andaluc¨ªa para construir m¨¢s viviendas en una parcela anexa de 4.000 metros, pero no saben a¨²n cuantas ser¨¢n. Tambi¨¦n reconoce que la vivienda es un problema para cualquier persona en la zona porque no se construyen nuevas y que la Sareb (Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuraci¨®n Bancaria) les ha ofrecido suelos para que el municipio las construya. No pueden comprarlas, dice, ¡°porque el Ayuntamiento no tiene liquidez suficiente¡±. Los 52 suelos ofrecidos llegan con el 40% de descuento siempre que, seg¨²n fuentes de la Sareb, se dediquen a usos sociales.
La irrupci¨®n de Tech?
Quien s¨ª ha comprado varios inmuebles a la Sareb en la zona es Tech?, una socimi (sociedad an¨®nima cotizada de inversi¨®n inmobiliaria) singular: es como el resto de las sociedades dedicadas a invertir en el mercado inmobiliario, pero est¨¢ especializada en ¡°inversiones de impacto¡±. ¡°Es decir, cuando se invierte el dinero buscando rentabilidad, pero sabiendo que ser¨¢ menor porque intentas a la vez solucionar un problema, en nuestro caso, el sinhogarismo¡±, explica su consejera delegada, Blanca Hern¨¢ndez. Empezaron su trabajo en Madrid hace poco m¨¢s de un a?o, pero uno de sus socios, Cosentino, los llev¨® a conocer Almer¨ªa. Solo en N¨ªjar han invertido dos millones de euros para adquirir inmuebles que luego alquilan ¡ªa precios, aseguran, un 30% por debajo del mercado¡ª a organizaciones sociales, que las deben dedicar a acoger personas procedentes de asentamientos.
Sus inversiones han ido a parar a seis pareados y un local que Tech? compr¨® a la Sareb, ahora gestionados por las hermanas Mercedarias de la Caridad en San Isidro, que pagan 400 euros mensuales por cada una. Adem¨¢s, hay otras cuatro compradas a un fondo inmobiliario que dirigen C¨¢ritas (3) y Cepaim (1) y un cortijo ¡ªvendido a Tech? por la Junta de Andaluc¨ªa¡ª que dirigir¨¢ el SJM y donde residir¨¢n pronto 12 personas. Tambi¨¦n han construido una docena de viviendas ¡ªcasi listas¡ª de las que se encargar¨¢n igualmente los jesuitas y que podr¨¢n acoger a otras 60 personas. ¡°Lo importante no es tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. La idea es que est¨¦n ah¨ª alrededor de un a?o y luego se independicen. Hacemos una apuesta grande, pero esto demuestra que se pueden hacer cosas distintas¡±, afirma Daniel Izuzquiza, director del SJM en Almer¨ªa, quien cree que todas las partes ¡ªadministraciones, empresarios, entidades sociales y ciudadan¨ªa¡ª deben poner de su parte. ¡°O aportamos todos o esto no se soluciona en muchos a?os m¨¢s¡±, concluye.
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