De las chabolas de El Ca?averal a un alquiler social: ¡°Ha sido muy duro. Esto es un para¨ªso¡±

Con su poderosa pala, la excavadora empuja un amasijo de residuos. Se ven garrafas de agua, trozos de pal¨¦s, lonas de pl¨¢stico, gomas de bicicleta, tubos, mantas y zapatillas destrozadas. La m¨¢quina compila poco a poco una monta?a de basura que luego vuelca en un cami¨®n. M¨¢s tarde en otro y despu¨¦s en otro m¨¢s. El senegal¨¦s Boubakar Ciss¨¦, de 31 a?os, abre bien los ojos para ver las im¨¢genes del proceso que alguien ha grabado con un m¨®vil. ¡°Me da tristeza, pero solo un poco¡±, acierta a decir con emoci¨®n. ¡°Eso era antes mi casa: ah¨ª viv¨ª cuatro a?os¡±, aclara. Conviv¨ªa con otra veintena de personas en un asentamiento de chabolas denominado El Ca?averal y perdido entre invernaderos en N¨ªjar (Almer¨ªa, 31.816 habitantes), igual a los que acogen a otras 4.000 personas migrantes solo en esta zona. Ahora Ciss¨¦ respira porque reside en una casa compartida con cinco compatriotas en la localidad almeriense de San Isidro que les alquila a bajo precio, durante un a?o, el Servicio Jesuita a Migrantes.

La comarca de N¨ªjar acumula medio centenar de campamentos de infraviviendas, seg¨²n un informe de Andaluc¨ªa Acoge. La mayor¨ªa de cub¨ªculos donde viven las personas migrantes ¡ªen su mayor¨ªa procedentes de pa¨ªses del ?frica subsahariana y Marruecos¡ª est¨¢n construidos con pal¨¦s y pl¨¢sticos. Las calles son de barro y sus habitantes rara vez cuentan con servicios b¨¢sicos como luz, agua o recogida de basuras. Hay espacios enormes, como el de Atochares, en el que residen unas 800 personas. Y tambi¨¦n otros m¨¢s peque?os, diseminados y perdidos entre el mar de pl¨¢stico, como El Ca?averal. Las administraciones llevan 25 a?os planeando, y posponiendo, medidas para acabar con estos espacios, similares a los existentes en la provincia de Huelva.

Este pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento de N¨ªjar ¡ªgobernado por el PP gracias al apoyo de Vox¡ª aprob¨® su primer Plan Local de erradicaci¨®n de asentamientos chabolistas, que pretende la implicaci¨®n de administraciones, entidades sociales y privadas para conseguirlo y que se convierte en ¡°herramienta vital¡± para el municipio, seg¨²n el alcalde, Jos¨¦ Francisco Garrido. Tambi¨¦n la Junta de Andaluc¨ªa present¨® d¨ªas antes un estudio con 79 propuestas para acabar con las infraviviendas, aunque las organizaciones sociales consultadas no terminan de fiarse de las buenas palabras tras lo ocurrido en 2023 en el asentamiento conocido como Walili.

El derribo de aquel poblado, de hecho, dio impulso oficioso a estos planos de erradicaci¨®n. Fueron desalojadas 500 personas a quienes solo se dio como alternativa un albergue temporal en una nave industrial. Estaban a la espera de la entrega de 62 viviendas con 166 plazas, levantadas con el apoyo del Gobierno y la Junta de Andaluc¨ªa. Entonces se prometieron para primavera. Luego para verano y m¨¢s tarde para finales de a?o. Despu¨¦s para abril de 2024. Llevan tiempo listas para entrar a vivir, pero siguen vac¨ªas mientras se licitan las obras de pavimentaci¨®n del entorno y un vallado perimetral. ¡°Esperamos que se puedan licitar despu¨¦s del verano¡±, afirman fuentes municipales. El retraso crece mientras el Defensor del Pueblo Andaluz ya realiza un seguimiento para conocer cu¨¢ndo se realizar¨¢ el realojo. ¡°Es necesario que las administraciones p¨²blicas aborden la problem¨¢tica referida a la cronificaci¨®n de los asentamientos¡±, dec¨ªa en mayo un informe de este organismo dirigido por Jes¨²s Maeztu.

La lentitud de las administraciones contrasta con la rapidez con la que ha actuado el Servicio Jesuita a Migrantes para, por primera vez, ofrecer una alternativa a los asentamientos. El pasado enero los responsables de tuT¨ºcho, una Sociedad An¨®nima Cotizada de Inversi¨®n Inmobiliaria (socimi) de car¨¢cter social que compra o construye viviendas que luego alquila a entidades sociales a un precio por debajo del mercado, les hicieron una propuesta. Iban a adquirir 12 viviendas en San Isidro que estaban a medio hacer; las terminar¨ªan y se las alquilar¨ªan a un precio un 20% o 30% inferior al de mercado para que pudieran acoger a personas procedentes de los campamentos chabolistas. ¡°Estamos locos y dijimos que s¨ª¡±, recuerda Mar¨ªa Ruiz-Clavijo, educadora de la organizaci¨®n jesuita, que desde mayo empez¨® a sondear a quienes acud¨ªan a las clases de espa?ol que organiza la entidad para ver qui¨¦n se querr¨ªa mudar a las nuevas casas. Entre ellos estaban los 24 habitantes de El Ca?averal.

¡°Es el ¨²nico lugar en el que hab¨ªa vivido hasta ahora en Espa?a¡±, subraya Boubakar Ciss¨¦, a¨²n con el sudor en la frente tras su jornada en los invernaderos en plena ola de calor. Luego recuerda las doce horas que pas¨® en la patera que parti¨® de Nador (Marruecos) el 19 de octubre de 2019 con 63 personas a bordo, hasta que fueron rescatadas por Salvamento Mar¨ªtimo. Tras regularizar su documentaci¨®n, viaj¨® el pasado junio a Senegal por primera vez desde su partida.

¡°Ya no queremos ni pensar en las chabolas. Vivir all¨ª es muy dif¨ªcil¡±, relata Malang Ciss¨¦, de 33 a?os (que no es familiar de Boubakar). ?l lleg¨® en 2020 a Canarias en un cayuco, Cruz Roja lo traslad¨® a Chiclana (C¨¢diz) y luego a Madrid. Lo cont¨® en sus redes sociales y su amigo Balla Aintta, de 32 a?os, le llam¨®. ¡°Le dije que, si no ten¨ªa familia, se viniera para ac¨¢. Las condiciones son dif¨ªciles, pero al menos se puede trabajar un poco aunque no tengas papeles¡±, explica, aludiendo a una situaci¨®n habitual que facilita un ¡°modelo explotador de mano de obra¡±, seg¨²n un informe de la ONG Ethical Consumer. Ambos se reencontraron en Almer¨ªa tras haber sido compa?eros de colegio en la regi¨®n de Casamance, al sur de Senegal. ¡°Vivir en esas condiciones ha sido muy duro. Ahora esta casa es como un para¨ªso. Podemos hacer videollamadas con nuestras familias para que vean d¨®nde estamos: antes solo hac¨ªamos llamadas, para que no viesen d¨®nde dorm¨ªamos¡±, se?alan antes de ponerse a cocinar. Les ha entrado la gazuza al oler el plato de ceebu j?n¡ªa base de arroz y pescado frito¡ª que su compatriota Lamine prepara en la vivienda contigua. ¡°Cocinar aqu¨ª es incre¨ªble comparado con c¨®mo lo hac¨ªamos antes¡±.

Crisis de vivienda

Ellos se conoc¨ªan ya de El Ca?averal, pero en las viviendas de San Isidro comparten vecindario con personas de otros asentamientos como Atochares o Barranquete. Son de Senegal, Gambia, Mali, Ghana y Marruecos. En total, unos 40 j¨®venes ¡ªaunque pronto ser¨¢n 60, porque se han reservado casas para mujeres y familias¡ª que han firmado un contrato de alquiler por un a?o con el Servicio Jesuita a Migrantes. En ¨¦l se comprometen a pagar una peque?a cantidad a modo de renta m¨¢s otros gastos como los suministros de luz, agua y butano. Tambi¨¦n a participar de forma activa en un plan personalizado para resolver sus problemas gracias al apoyo del personal y el voluntariado de la entidad social. ¡°La idea es avanzar desde distintas ¨¢reas: su situaci¨®n jur¨ªdica y familiar, la salud, clases de espa?ol, formaci¨®n laboral o cuestiones como la educaci¨®n financiera¡±, explica Daniel Izuzquiza, director de la organizaci¨®n en Almer¨ªa.

El objetivo es que dentro de un a?o todos hayan adquirido autonom¨ªa suficiente para alquilar sus propias casas o habitaciones y dejar hueco en estas a otras personas. ¡°No somos ingenuos. Aqu¨ª, como en todas partes, existe un grave problema de vivienda. No hay, y la gente acaba viviendo en garajes, hacinada en pisos o en los asentamientos. La situaci¨®n, adem¨¢s, se agrava por la vulnerabilidad de estas personas y por el turismo, porque muchos alquileres son solo de octubre a mayo¡±, subraya Izuzquiza. Los jesuitas tambi¨¦n est¨¢n ultimando los retoques a un cortijo en el que pueden residir 16 personas. ¡°Estamos haciendo lo que creemos que debemos hacer. Es ejemplo de que, con inter¨¦s, paciencia y escuchando a la gente, se pueden conseguir cosas¡±, concluye Izuzquiza.

Al igual que esta ONG, entidades como C¨¢ritas o las Hermanas Mercedarias de la Caridad gestionan varias viviendas similares para personas procedentes de los asentamientos e impulsadas por tuT¨ºcho. ¡°Debemos poner todos de nuestra parte para solucionar la situaci¨®n¡±, defiende Roc¨ªo del Mar, directora de la sociedad an¨®nima, que ya explora la posibilidad de construir m¨¢s pisos en suelos municipales. Mientras, la Sareb tambi¨¦n ha ofrecido terrenos con un 40% de descuento para que el ayuntamiento construya en ellos, aunque fuentes municipales dicen que no pueden porque el consistorio ¡°no tiene liquidez suficiente¡±. Las organizaciones sociales tratan de implicar en la soluci¨®n a agricultores y empresarios. El sector agr¨ªcola factura unos 3.500 millones de euros anuales en Almer¨ªa.