Los ¡®lobbies¡¯ siguen influyendo en secreto en las leyes pese a la norma que lo proh¨ªbe

?Qui¨¦n se re¨²ne con qui¨¦n para influir en qu¨¦? La pregunta, esencial para la transparencia del proceso legislativo, no tiene respuesta en el caso de la sede de la soberan¨ªa en Espa?a. La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales ha constatado que un manto de opacidad cubre la relaci¨®n de los lobistas con los miembros del Congreso y el Senado. En un informe sobre 2024, el organismo encargado de velar por el cumplimiento del C¨®digo de Conducta de ambas c¨¢maras advierte de un extendido incumplimiento de la obligaci¨®n de sus se?or¨ªas de informar sobre los contactos con representantes de los llamados ¡°grupos de inter¨¦s¡±. ¡°Rara vez¡±, se?ala el informe, publican este tipo de encuentros, pese a la norma que los obliga. Es el cuarto a?o seguido en que la Oficina recuerda por escrito a los parlamentarios esta obligaci¨®n.

En octubre de 2020, con las socialistas Meritxell Batet y Pilar Llop como presidentas del Congreso y el Senado, respectivamente, las mesas de ambas c¨¢maras aprobaron el C¨®digo de Conducta de las Cortes con el objetivo de ¡°reforzar la confianza¡± de la ciudadan¨ªa mediante ¡°altos est¨¢ndares de integridad y transparencia¡±. El movimiento daba respuesta al Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n del Consejo de Europa, el conocido como GRECO, que hab¨ªa recomendado la aprobaci¨®n de un texto as¨ª en Espa?a. La norma establece medidas para evitar conflictos de inter¨¦s, detalla los elementos que hay que consignar en las declaraciones econ¨®micas, proh¨ªbe recibir regalos de valor superior a 150 euros, fija la obligaci¨®n de publicar una rese?a de datos personales, acad¨¦micos y profesionales... Y aborda el espinoso asunto de los lobbies.

Lo hace en el art¨ªculo 6.2, que recoge la obligaci¨®n de los diputados y senadores de hacer p¨²blica su agenda institucional, ¡°incluyendo en todo caso¡± las reuniones con representantes de ¡°grupos de inter¨¦s¡±. As¨ª es como se hace ya en la Uni¨®n Europea, donde adem¨¢s hay un registro de lobbies que el C¨®digo de Conducta de las Cortes no prev¨¦. Aunque la norma espa?ola no lo especifica, la obligaci¨®n afecta a cualquier reuni¨®n con lobistas, no solo a las celebradas en las instalaciones del Congreso o el Senado, se?ala una fuente parlamentaria. ¡°Interpretar que las que tengan lugar fuera no se incluyen carecer¨ªa de sentido porque abrir¨ªa una puerta para eludir la norma. M¨¢s dudas genera si se incluyen conversaciones telef¨®nicas o comunicaciones por mensaje¡±, explica.

El C¨®digo fija una definici¨®n de ¡°grupo de inter¨¦s, lobby o lobista¡±, que ser¨ªa cualquier persona o entidad que se comunique con un parlamentario ¡ªo con personal a su cargo¡ª intentando ¡°influir¡± en una ley ¡°en favor¡± de alg¨²n inter¨¦s. En esa definici¨®n entra desde un enviado por un gigante del Ibex preocupado por una regulaci¨®n, hasta un empleado de una consultora actuando en representaci¨®n de un cliente ¡ªsea grande, mediano o peque?o¡ª, pasando por un ecologista que defiende la elevaci¨®n de las exigencias medioambientales de una norma.

Sobre el papel, con el C¨®digo quedaban prohibidas las reuniones sin publicidad ¡ªes decir, en secreto¡ª entre parlamentarios y lobistas. Pero solo eso, sobre el papel. En la pr¨¢ctica, y seg¨²n se concluye del ¨²ltimo informe de la Oficina, los lobbies siguen influyendo en leyes sin que quede rastro de sus contactos.

¡°Altamente improbable¡±

Desde la aprobaci¨®n del C¨®digo, la Oficina de Conflicto de Intereses elabora cada a?o un balance sobre su cumplimiento. No es un informe detallado, ni se?ala a parlamentarios ni grupos en particular. Es m¨¢s bien un diagn¨®stico general. En el primero, sobre 2021, el organismo atribu¨ªa al escaso tiempo para la adaptaci¨®n la t¨ªmida acogida de la obligaci¨®n de detallar la agenda m¨¢s all¨¢ de las reuniones org¨¢nicas ¡ªplenos, comisiones, subcomisiones, juntas de portavoces, reuniones de las mesas¡ª y asum¨ªa que ser¨ªa necesario ¡°desarrollar acciones¡± para incentivar la respuesta. La Oficina expresaba su confianza en que el futuro cumplimiento del C¨®digo servir¨ªa para evitar una influencia ¡°oculta, indebida o extralimitada¡± de los ¡°grupos de inter¨¦s¡±. A pesar de que el tono era indulgente, el informe inclu¨ªa por primera vez un recordatorio a los parlamentarios de su ¡°obligaci¨®n¡± de informar de sus reuniones con lobistas.

El balance de 2022 ya fue m¨¢s duro. Al terminar aquel a?o, solo 24 diputados ¡ªde 350¡ª y 15 senadores ¡ªde 266¡ª recogieron en sus agendas ¡°reuniones o actividades distintas de las puramente org¨¢nicas¡±. En total, ni el 7%. Adem¨¢s, recalca la fuente parlamentaria ya citada, esas reuniones incluyen las que se tienen con lobbies, pero no solo esas, sino tambi¨¦n con otras organizaciones que no encajan dentro de la definici¨®n de grupo de inter¨¦s. La Oficina repet¨ªa el recordatorio de la ¡°obligaci¨®n¡± de transparencia y hac¨ªa un a?adido sobre lo que ya ve¨ªa un ¡°claro punto de mejora¡±: ¡°Se hace dif¨ªcil dar por bueno, al parecer altamente improbable, un resultado como el que arroja la comprobaci¨®n de las agendas de los/as parlamentarios/as¡±.

Al a?o siguiente, en 2023, las cosas no mejoraron. La Oficina, que recordaba por tercera vez a sus se?or¨ªas su ¡°obligaci¨®n¡± de informar de sus tratos con lobistas, no dio datos concretos sobre el n¨²mero de parlamentarios que publicaban reuniones m¨¢s all¨¢ de las org¨¢nicas, pero s¨ª se?alaba que eran ¡°minor¨ªa¡± y que en el Congreso incluso hab¨ªan bajado con respecto a 2022.

Incumplimiento impune

As¨ª quedaron las cosas hasta el informe sobre 2024, firmado el 7 de febrero de este a?o por Jos¨¦ Antonio Moreno, director de la Oficina, y publicado este mi¨¦rcoles. Su diagn¨®stico es sombr¨ªo. Al cierre del a?o pasado, volv¨ªan a ser ¡°minor¨ªa¡± en ambas c¨¢maras, ¡°a pesar de las recomendaciones¡± de ¡°todos los informes anteriores¡±, quienes publican reuniones al margen de plenos, comisiones y dem¨¢s actividad org¨¢nica. Concretamente, son 46 diputados (13,14%) y 64 senadores (24,06%). En total, un 17,85% de los parlamentarios.

Al igual que en 2022, en ese porcentaje se incluyen las reuniones con ¡°grupos de inter¨¦s¡±, pero no solo esas, sino cualquiera que exceda las puramente ¡°org¨¢nicas¡±. De hecho, del informe se desprende que incluso en los casos en que se publican reuniones no org¨¢nicas, las mantenidas con lobistas son minor¨ªa. Las anotaciones, se?ala la Oficina, se refieren ¡°frecuentemente a asistencia a actos¡± y ¡°rara vez¡± a reuniones con ¡°grupos de inter¨¦s¡± u otro tipo de entidades. Por cuarta vez, la Oficina recuerda a los parlamentarios su ¡°obligaci¨®n¡± de informar de estos contactos. ¡°Se hace dif¨ªcil, por parecer altamente improbable, considerar que estos datos reflejan cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las c¨¢maras¡±, concluye, en una f¨®rmula similar a la de 2022.

El incumplimiento de la norma de 2020 que detecta la Oficina no ha implicado represalia alguna contra ning¨²n parlamentario. Aunque el C¨®digo dedica su art¨ªculo 9 a ¡°infracciones y sanciones¡±, hacer efectivo cualquier castigo exigir¨ªa un desarrollo reglamentario que no se ha producido, indica la fuente parlamentaria.

¡®Lobbies¡¯ en el punto de mira

El informe de la Oficina de Conflicto de Intereses llega justo cuando los lobbies est¨¢n en el punto de mira. El Consejo de Ministros aprob¨® en enero el anteproyecto de ley de grupos de inter¨¦s, que la legislatura pasada ¡ªla del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos¡ª se qued¨® en el tintero y el Ejecutivo del PSOE y Sumar ha retomado. De hecho, la ley est¨¢ prevista en el Plan de Acci¨®n por la Democracia de septiembre del a?o pasado, resultado de los d¨ªas de reflexi¨®n sobre su futuro que se tom¨® el presidente, Pedro S¨¢nchez, antes de anunciar que segu¨ªa en su cargo y que impulsar¨ªa un programa de reformas.

Pero la ley ahora en tramitaci¨®n solo afecta a la Administraci¨®n General del Estado, no a las Cortes. Las medidas para incrementar la transparencia en el Congreso y el Senado, aunque tambi¨¦n figuran en el Plan de Acci¨®n por la Democracia, competen a las propias c¨¢maras, no al Ejecutivo. El Congreso ya est¨¢ avanzando en esta tarea con el llamado Plan de Parlamento Abierto. El texto de partida del plan, que establece medidas para reforzar la transparencia del proceso legislativo pero no prev¨¦ un registro de lobbies, est¨¢ ahora en proceso de incorporaci¨®n de demandas realizadas por ciudadanos y asociaciones. Despu¨¦s deber¨¢ pasar por la Mesa del Congreso, indica una fuente parlamentaria, que se?ala que su puesta en pr¨¢ctica podr¨ªa implicar ¡ªno es seguro¡ª una reforma de sus reglamentos. No son reformas f¨¢ciles. En 2021 el PSOE present¨® una propuesta en el Congreso que no lleg¨® a materializarse.