Las defensas eluden confirmar si pedir¨¢n el indulto en el ¡®caso ERE¡¯

Conocidas las razones jur¨ªdicas en las que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo apoyan la condena a 15 ex altos cargos de la Junta ¡ªentre ellos, dos expresidentes y cuatro exconsejeros¨D por el caso de los ERE, sus defensas optan por la cautela a la hora de confirmar cu¨¢les ser¨¢n los pasos que sigan a partir de ahora. Pocos abogados son los que, como en el caso de la familia del antiguo jefe del Gobierno andaluz, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, han seguido su ejemplo de contar p¨²blicamente su estrategia judicial. Ello a pesar de que el voto particular de dos de las juezas contra la opini¨®n mayoritaria de sus compa?eros, ha allanado el camino para presentar recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneraci¨®n de derechos fundamentales.

Algunos de los condenados en la pieza pol¨ªtica de los ERE a¨²n no tienen claro o prefieren no desvelar que se vayan a sumarse a la petici¨®n de indulto que plante¨® la familia de Gri?¨¢n antes de que se conociera el contenido de la sentencia. Las conclusiones de las magistradas en su voto particular ofrecen una base a la defensa del expresidente de la Junta y de quien fuera su viceconsejera de Econom¨ªa y Hacienda, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, para que, de manera paralela a la medida de gracia, agoten la v¨ªa judicial y presenten un incidente de nulidad ante el Supremo y recurran en amparo despu¨¦s al Constitucional

El voto particular a la sentencia mayoritaria de la Sala Segunda del Supremo afirma que ni Gri?¨¢n, ni su viceconsejera Carmen Mart¨ªnez Aguayo, ni el exconsejero de Innovaci¨®n Francisco Vallejo, ni su viceconsejero, Jes¨²s Rodr¨ªguez, ni Miguel ?ngel Serrano, ex director general de la Agencia IDEA, deber¨ªan haber sido condenados por malversaci¨®n por ¡°haberse vulnerado el derecho fundamental a la presunci¨®n de inocencia¡±.

Las magistradas sostienen que los acusados son ajenos a la Consejer¨ªa de Empleo, en donde ellas ubican los actos fraudulentos que determinan la existencia de ese delito, y ¡°en ning¨²n momento¡± se se?alan ¡°pruebas s¨®lidas ¡ªm¨¢s all¨¢ de meras especulaciones¡ª que permitan acreditar que conoc¨ªan de forma fehaciente que las ilegalidades prevaricadoras en que incurr¨ªan determinaban que otras personas estuvieran cometiendo los actos de menoscabo del patrimonio p¨²blico propios del delito de malversaci¨®n.

¡°Siendo lo cierto que ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecuci¨®n del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejer¨ªa de Empleo. A pesar de lo cual, y sin base probatoria para ello, se les conden¨® por delito de malversaci¨®n en virtud de un supuesto dolo eventual que en ning¨²n caso qued¨® acreditado¡±, concluyen.

Esa discrepancia sobre los hechos probados es la que impulsa al abogado de Gri?¨¢n, Jos¨¦ Mar¨ªa Calero, a apelar al Constitucional. ¡°El voto particular se refiere a una cuesti¨®n sobre la prueba de los hechos y nos parece muy relevante porque evidencia que en el tribunal colegiado ha habido dudas sobre la realidad de esos hechos¡±, explica. ¡°Hay dos miembros del tribunal que dan por probado que no tuvieron conocimiento de irregularidades en esa fase final¡±, abunda. Primero presentar¨¢ un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo para poder recurrir luego en amparo ante el Constitucional.

¡°Por su puesto que vamos a pedir el indulto¡±, subraya V¨ªctor Moreno Catena, letrado de Aguayo, quien tambi¨¦n quiere estudiar bien los m¨¢s de mil folios de la sentencia del Supremo para concretar el recurso de amparo. ¡°De una r¨¢pida lectura apreciamos que, por parte del Tribunal Supremo, se han vulnerado derechos en la sentencia y que incluso va mucho m¨¢s all¨¢ en sus conclusiones que la Audiencia de Sevilla¡±, se?ala, apuntando a la parte del voto particular en la que las juezas denuncian que sus compa?eros han llegado a una ¡°desmesurada y desbordante conclusi¨®n¡±, para justificar la participaci¨®n en la malversaci¨®n de los responsables de las ¨¢reas de Econom¨ªa e Innovaci¨®n de la Junta.

Juan Carlos Alf¨¦rez, de Constituci¨®n 23 Estudio de Litigaci¨®n, que representa al ex director general de IDEA Jacinto Ca?ete, prefiere no desvelar si su defendido, absuelto de malversaci¨®n en la Audiencia sevillana y condenado por prevaricaci¨®n, se acoger¨¢ a la medida de gracia y tampoco confirma si recurrir¨¢ al Constitucional, aunque se infiere de su valoraci¨®n de la sentencia del Supremo: ¡°Respetando el sentir mayoritario de la Sala, un primer estudio de la Sentencia revela que el voto particular introduce un an¨¢lisis jur¨ªdico de enorme talla, altura y brillantez que sin duda atisba una clara lesi¨®n al derecho fundamental a la presunci¨®n de inocencia de los cinco condenados a los que se refiere. La cuesti¨®n es de enorme relevancia y trascendencia constitucional y desde una perspectiva eminentemente jur¨ªdica, estimo que los eventuales recursos de amparos podr¨ªan tener altas probabilidades de ser estimados¡±.

Al margen de los antiguos altos cargos de la Junta para los que el voto particular pide su absoluci¨®n por malversaci¨®n, hay otros cinco dirigentes de la Administraci¨®n andaluza a los que el Supremo mantiene las condenas por ese delito, si bien, en el caso de Juan M¨¢rquez Contreras, ex director general de Trabajo, el alto tribunal ha atendido a su petici¨®n de rebaja de la pena de c¨¢rcel de siete a tres a?os. Con todo, M¨¢rquez tendr¨ªa que entrar en prisi¨®n y por eso su abogado, Manuel P¨¦rez Cuajares, tambi¨¦n est¨¢ plante¨¢ndose solicitar el indulto, seg¨²n ha confirmado a este diario.

La defensa del expresidente Manuel Chaves, condenado a nueve meses de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n, est¨¢ a la espera de analizar la sentencia en profundidad para determinar si solicitar¨¢ el indulto, aunque su condena no implica la entrada en prisi¨®n. Mientras, su consejero de la Presidencia, Gaspar Zarr¨ªas, descarta esa opci¨®n: ¡°No vamos a pedirlo porque no nos consideramos culpables de nada¡±, asegura su abogado Gonzalo Mart¨ªnez, que s¨ª agotar¨¢ todos los recursos judiciales.

En manos de la Audiencia y del Constitucional

Las peticiones de indulto se presentar¨¢n a lo largo de la semana que viene. Aguayo presentar¨¢ la suya el lunes o el martes. La Audiencia, que conden¨® en primera instancia a la c¨²pula de la Junta, determinar¨¢ ahora si suspende la ejecuci¨®n de la condena.

El Tribunal Constitucional tambi¨¦n tiene potestad para acordar la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de la pena en la tramitaci¨®n de los recursos de amparo. La doctrina general, sin embargo, apunta a que esa decisi¨®n ¨²nicamente se adopta para penas inferiores a cinco a?os, un l¨ªmite que superan la pr¨¢ctica mayor¨ªa de condenados a penas de c¨¢rcel por malversaci¨®n. ¡°En circunstancias excepcionales s¨ª se ha acordado la suspensi¨®n con condenas superiores y este caso es excepcional y son esos precedentes los que vamos a invocar¡±, se?ala el abogado de Aguayo.