El movimiento por la vivienda, a juicio: entre la protesta y la coacci¨®n

La relaci¨®n entre un propietario y su inquilino puede acabar mal. O puede acabar muy mal. Esther Argelich ha sentado en el banquillo de los acusados a Juan y Livia, la pareja que vivi¨® en su piso durante diez a?os, por un delito de coacciones. La mujer denuncia que, cuando la pareja rechaz¨® pagar 300 euros de aumento en el precio del alquiler, inici¨® una campa?a de acoso con el apoyo de los movimientos por la vivienda de Barcelona. El juicio, que se ha celebrado este jueves, ha transitado por los l¨ªmites entre el derecho a la protesta y el derecho a la propiedad.

El caso de Argelich salt¨® a la fama gracias a la n¨²mero dos de Podemos, Irene Montero. Tras conocer la movilizaci¨®n popular por el caso de Juan y Livia, difundi¨® el nombre de la propietaria en un v¨ªdeo colgado en Twitter y le pidi¨® que rectificara. Montero no ha sido citada a declarar en el juicio, pero la v¨ªctima de las presiones cree que fue una pieza m¨¢s del ¡°linchamiento p¨²blico¡± que sufri¨® y que le ha arrastrado a una profunda crisis personal, con problemas en el trabajo y con su marido.

Beligerante en su declaraci¨®n, en la que ha buscado la confrontaci¨®n verbal con los acusados ¡ªla juez ha tenido que recordarle que no estaba en ¡°un bar¡±¡ª, Argelich se ha visto de nuevo a escasos metros de sus antiguos inquilinos. Pide un a?o de c¨¢rcel para Juan y Livia por coacciones, lo mismo que la fiscal¨ªa. La propietaria considera que la pareja, miembros del colectivo a favor de la vivienda, la presionaron m¨¢s all¨¢ de cualquier l¨ªmite tolerable para que renovara el contrato de alquiler por 1.000 euros al mes. ¡°No era una negociaci¨®n, me estaban obligando a firmar un contrato que no quer¨ªa firmar¡±, ha dicho la mujer.

Los inquilinos, claro, lo ven de otro modo. Afirman que, si alguien se ha sentido presionado, son ellos, por el v¨¦rtigo de tener que abandonar la que hab¨ªa sido su casa durante tantos a?os. ¡°Nosotros tambi¨¦n est¨¢bamos angustiados, no sab¨ªamos d¨®nde ¨ªbamos a vivir¡±, ha contado Livia para justificar por qu¨¦ ella, su marido y una veintena de personas m¨¢s decidieron presentarse en las oficinas de la inmobiliaria que administra el piso, en la Travessera de Gr¨¤cia de Barcelona. ¡°Solo quer¨ªamos que la propietaria se sentara a negociar con nosotros¡±, ha a?adido Juan.

La ocupaci¨®n de las oficinas es un elemento central en la acusaci¨®n de la fiscal¨ªa. Ocurri¨® el 18 de diciembre de 2018. Los concentrados llevaban pancartas que tildaban a Argelich de ¡°especuladora¡± y exigieron hablar con ella. Lo lograron. Pablo Ruiz ¡ªque se present¨® como ¡°mediador¡±, y al que solo acusa de coacciones el abogado de la propietaria¡ª la llam¨® por tel¨¦fono, aunque el di¨¢logo no prosper¨®. ¡°Acab¨® la llamada diciendo: ¡®Los echaremos de casa por las buenas o por las malas¡±. Y as¨ª fue porque, con el tiempo y tras un proceso civil, Juan y Livia acabaron desahuciados.

La defensa de los acusados ha insistido en que nadie sali¨® herido, que fue una acci¨®n pac¨ªfica amparada por el derecho a la protesta. Y a?ade que, en cualquier caso, no hay pruebas de la participaci¨®n de los acusados. La fiscal¨ªa, en cambio, cree que fue un acto intimidatorio que pretend¨ªa obligar a una propietaria a ¡°hace algo que no quer¨ªa hacer¡±: los ocupantes, seg¨²n los trabajadores, se subieron a las mesas, las golpearon y obligaron al administrador de fincas a renunciar al contrato con Argelich. Lo ha explicado el testigo, que ha afirmado que escribi¨® el correo electr¨®nico forzado por las circunstancias. ¡°Nos dijeron que, si no lo hac¨ªamos, no parar¨ªan de venir a la oficina. El mensaje ten¨ªa que ser el que ellos dec¨ªan. ?bamos escribiendo y, si no les parec¨ªa bien, lo cambi¨¢bamos¡±.

Adem¨¢s del tuit de Montero, en las semanas siguiente se produjeron otros episodios que, seg¨²n la fiscal¨ªa, forman parte del asedio contra Argelich. Distintos grupos de personas, que no han podido ser identificadas, distribuyeron folletos con su nombre en los buzones del edificio donde viv¨ªa, se presentaron en su lugar de trabajo (la Diputaci¨®n de Barcelona) y la llamaron ¡°reiteradamente por tel¨¦fono¡±. ¡°Si un propietario no quiere hacer un contrato de alquiler, est¨¢ en su derecho, nadie le puede obligar¡±, ha dicho la fiscal. El abogado de Argelich ha a?adido que lo vivido por la mujer ¡°ha sido un acoso y derribo¡± y que ¡°no todo vale¡± cuando se quiere ejercitar el derecho a la vivienda y la libertad de expresi¨®n.

El juicio ha dado para cierto debate sobre el problema de la vivienda y sobre la colisi¨®n entre derechos. Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters ¨Dla entidad que lucha por la limitaci¨®n en el precio de los alquileres¨D hab¨ªa declarado como investigado por el papel de la plataforma en las movilizaciones contra Argelich. Este jueves lo ha hecho como testigo. Tras negar que el Sindicat impulsara la acci¨®n en las oficinas de la inmobiliaria, Palomera ha recordado que hoy, gracias a la ley que regula las subidas abusivas del alquiler, un incremento de 300 euros como el exigido a Juan y Livia estar¨ªa fuera de la ley.

Ante la mirada cada vez m¨¢s esc¨¦ptica de la juez ¨Dque, no obstante, no le ha interrumpido¨D, Palomera ha podido explicar que el sindicato trata de parar esos ¡°desahucios invisibles¡± y que ha mediado en ¡°m¨¢s de 2.000 renovaciones de contratos de alquiler¡± con propietarios particulares o fondos de inversi¨®n como Blackstone. Con Argelich, ha remarcado, fue imposible.