La jueza indaga en B¨¦lgica un informe sobre defensa pagado por el Govern

La investigaci¨®n de una jueza de Barcelona sobre el presunto desv¨ªo de fondos p¨²blicos para internacionalizar el proc¨¦s se ha trasladado ahora a B¨¦lgica, que desde la huida del expresident Carles Puigdemont ha jugado, a su pesar, un papel central en el proc¨¦s. La magistrada ha pedido a las autoridades de ese pa¨ªs que aporten datos sobre un supuesto informe en materia de defensa que la Generalitat encarg¨® a una empresa belga en julio de 2015, y por el que pag¨® algo m¨¢s de 4.000 euros. Ese es uno de los 11 contratos investigados que, supuestamente, se adjudicaron a dedo para fines que exceden las competencias del Gobierno catal¨¢n. El importe global de esos encargos se acerca al mill¨®n de euros.

Una decena de cargos del ejecutivo auton¨®mico vinculados a la llamada ¡°acci¨®n exterior¡± de la Generalitat entre 2011 y 2017 permanecen investigados en esta causa que abri¨® el pasado mayo la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 18 de Barcelona, Carmen Garc¨ªa. El exconsejero de Acci¨®n Exterior, Ra¨¹l Romeva ¡ªcondenado por un delito de sedici¨®n por el 1-O e indultado por el Gobierno¡ª es uno de ellos. El origen de este nuevo frente judicial es el Tribunal de Cuentas, que al apreciar indicios de delito en contratos que ¡°perturban la pol¨ªtica exterior del Gobierno¡±, dio traslado a la Fiscal¨ªa.

De los 11 contratos a dedo que son objeto de la causa penal, el que el Govern presuntamente firm¨® con la empresa belga BVBA Services ha suscitado un especial inter¨¦s en la magistrada. Sospecha que ese trabajo sobre pol¨ªtica europea de defensa pudo ser una ¡°tapadera para sustraer dinero p¨²blico¡±. Entre otras cosas, porque los responsables p¨²blicos ¡°no han acreditado en modo alguno que la transferencia se haya destinado a pagar el informe¡±.

La opacidad, apunta, es total. ¡°No se conoce la elaboraci¨®n del informe original, ni su destino, ni su finalidad, ni qui¨¦n lo tradujo, d¨®nde est¨¢ y para qu¨¦ se transfiri¨® dinero a una cuenta en el extranjero¡±, detalla la jueza en un auto al que ha accedido EL PA?S y en el que tramita la Orden Europea de Investigaci¨®n (OEI), un mecanismo de colaboraci¨®n en materia penal entre pa¨ªses de la Uni¨®n Europea. Fuentes judiciales aseguran que B¨¦lgica ha admitido ya la petici¨®n y remitir¨¢ los datos.

La jueza ha pedido informaci¨®n sobre los responsables de la empresa BVBA Services, si sigue funcionando en la actualidad y si su objeto social est¨¢ relacionado con la elaboraci¨®n de informes. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con la compa?¨ªa, sin ¨¦xito. La direcci¨®n en la que figura en Bruselas corresponde a un edificio que acoge a distintas empresas. El responsable de una de ellas desconoce la existencia de BVBA. La magistrada tambi¨¦n ha solicitado a B¨¦lgica informaci¨®n sobre la cuenta bancaria donde el Govern abon¨® 4.132 euros y si se han producido ¡°otras transferencias de la Generalitat¡± a esa misma compa?¨ªa.

El papel de Card¨²s

La presunta contrataci¨®n del informe en materia de defensa estuvo plagada de irregularidades, seg¨²n la jueza. La Generalitat no mantuvo ninguna comunicaci¨®n institucional o formal con la empresa ni se interes¨® sobre su capacidad para asumir un trabajo cuyo original, insiste, ¡°no ha aparecido¡±. Esa verificaci¨®n se dej¨® en manos, siempre seg¨²n la investigaci¨®n de la jueza, del soci¨®logo y escritor Salvador Card¨²s, que hizo de ¡°intermediario¡±.

Card¨²s, que fue miembro del Consejo Asesor para la Transici¨®n Nacional, ha declarado como testigo ante la polic¨ªa. Pero sus explicaciones fueron ¡°confusas y contradictorias¡±, entiende la jueza. Primero reconoci¨® haber recibido en persona el informe sobre defensa (y haber cobrado por traducirlo al catal¨¢n). M¨¢s tarde, se desdijo. Fuentes cercanas al soci¨®logo replican que no hubo contradicci¨®n porque Card¨²s se refiri¨® a un informe, por el que s¨ª cobr¨®, sobre organizaci¨®n territorial. Las mismas fuentes admiten que en el Govern se habl¨® sobre la necesidad de elaborar un informe sobre defensa y que Card¨²s contact¨® con ¡°organizaciones internacionales¡±, que no quisieron asumir el encargo. En otro de los contratos investigados por la jueza, Card¨²s cobr¨® 13.636 euros de Departamento de Presidencia en 2015 por un trabajo sobre instrumentos de cooperaci¨®n internacional entre Espa?a y Catalu?a.

En 2015, la Generalitat a¨²n no hab¨ªa creado un departamento espec¨ªfico para la acci¨®n exterior ¡ªsu primer responsable ser¨ªa Ra¨¹l Romeva¡ª, que estaba en manos de Presidencia. La magistrada atribuye los delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n a la entonces directora de Servicios de Presid¨¨ncia, Teresa Prohias y al secretario de la Secretar¨ªa de Asuntos Exteriores y de la Uni¨®n Europea, Roger Albinyana, por el informe de defensa. Al exceder las competencias del Govern, el trabajo estaba ¡°encaminado a la elaboraci¨®n de estructuras de Estado¡± de una Catalu?a independiente, seg¨²n la jueza, que reprocha a los responsables p¨²blicos haber actuado de forma ¡°opaca¡± y al margen de la ley.