La Generalitat busca v¨ªas para no cumplir la sentencia sobre el catal¨¢n

Justo cuando el Gobierno y ERC sellaban el pacto de Presupuestos que consolida la legislatura y refuerza su acuerdo, los tribunales han vuelto a abrir una brecha que podr¨ªa tensar la cuerda entre ellos, aunque los dos sectores creen que encontrar¨¢n maneras de resolverla. La oposici¨®n aumenta la presi¨®n sobre el Ejecutivo para que exija el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a de diciembre de 2020 que obliga a la Generalitat a implantar un modelo con un 25% de horas en castellano en Catalu?a. Esta sentencia devino firme este martes despu¨¦s de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo rechazara, en una resoluci¨®n de tr¨¢mite en la que no entr¨® en el fondo del asunto, el recurso de la Generalitat contra aquel fallo. El Govern y en especial la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, en manos de ERC, aseguran que no cumplir¨¢ esa sentencia del tribunal auton¨®mico y pide apoyo al Gobierno para esquivarla. Pero el Ejecutivo sostiene que no tiene ning¨²n papel jur¨ªdico ni pol¨ªtico en esta cuesti¨®n.

La Moncloa y el Ministerio de Educaci¨®n han optado por agotar todo el margen que da la justicia antes de la ejecuci¨®n de la sentencia ¡ªunos dos meses que se pueden alargar incluso casi hasta finales del curso escolar, seg¨²n los c¨¢lculos del Ejecutivo¡ª y esperar a ver si se halla una soluci¨®n. En realidad, seg¨²n fuentes del Gobierno, no ser¨ªa tan traum¨¢tico cumplir con la sentencia: bastar¨ªa con poner una sola asignatura troncal m¨¢s en castellano ¡ªahora hay una, con cuatro horas a la semana¡ª.

Sin embargo, la Generalitat ha trasladado un mensaje claro de rechazo total al cumplimiento de la sentencia del tribunal auton¨®mico, que pone en entredicho el modelo educativo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en catal¨¢n implantado en 1983, y que ha sido objeto desde entonces de numerosas sentencias contrarias tanto del poder judicial como del Tribunal Constitucional. El Govern presidido por Pere Aragon¨¨s exige al Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez que lo apoye en esta batalla. Pol¨ªticamente, la coalici¨®n de Gobierno PSOE-UP apoya a ERC y su pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica. De hecho los Presupuestos de 2021 se aprobaron porque ERC logr¨® que el Ejecutivo eliminara a ¨²ltima hora en la actual ley educativa, la llamada ley Cel¨¢a, la referencia expresa al castellano como lengua vehicular en Catalu?a, una referencia expresa que el PP hab¨ªa introducido en 2013.

La Generalitat sostiene que ese aspecto de la Ley Cel¨¢a le permite no tener que aplicar las sentencias; pero, en realidad, la referencia expresa a la vehicularidad del castellano nunca existi¨® en la ley educativa hasta 2013 y, a pesar de ello, los tribunales ya hab¨ªan dicho varias veces, desde los a?os noventa, que el castellano deb¨ªa ser vehicular, en cumplimiento de la Constituci¨®n.

El Gobierno sigue defendiendo pol¨ªticamente lo que dice la ley Cel¨¢a, esto es, que lo importante es que los alumnos terminen el curso conociendo el catal¨¢n y el castellano, y nunca ha entrado a valorar si deben establecerse cuotas m¨ªnimas como la del 25% fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. El recurso de la Generalitat contra esta sentencia del TSJC, inadmitido este martes por el Supremo, se produjo estando en vigor la ley educativa del PP, la llamada ley Wert, derogada de facto por el actual Gobierno de coalici¨®n.

Sin embargo, una cosa es el apoyo pol¨ªtico y otra respaldar el incumplimiento de una sentencia judicial. Ah¨ª el Gobierno no acompa?a a ERC. El conseller de Educaci¨®n, Josep Gonz¨¢lez Cambray, y la ministra, Pilar Alegr¨ªa, hablaron para ver c¨®mo gestionar la situaci¨®n. El conseller asegura que la ministra le dio ¡°garant¨ªas¡± de que el Gobierno no pedir¨¢ la ejecuci¨®n de la sentencia del TSJC. Fuentes del Ministerio de Educaci¨®n aseguran que la conversaci¨®n no fue en esos t¨¦rminos, y que cuando habl¨® con Gonz¨¢lez Cambray la ministra no conoc¨ªa los detalles de la resoluci¨®n del Supremo que inadmit¨ªa el recurso de la Generalitat contra la sentencia de 2020 y, por tanto, no pod¨ªa comprometerse a nada similar.

En alg¨²n momento, el Gobierno, que es parte en el proceso contencioso que inici¨® la Abogac¨ªa del Estado en 2015 cuando gobernaba el PP, tendr¨¢ que tomar esa decisi¨®n: pedir o no la ejecuci¨®n. La ministra de Justicia, Pilar Llop, asegur¨® que ¡°la sentencia se tiene que ejecutar porque es firme¡±, pero insisti¨® en que es a los tribunales a quienes corresponde exigir que se cumpla, y no al Ejecutivo. El Gobierno trata as¨ª por todos los medios de quitarse de encima el problema y espera que sea la Generalitat o las propias escuelas quienes encuentren la soluci¨®n.

En cualquier caso lo m¨¢s probable, dadas las fechas, es que la cuesti¨®n se dirima ya para el pr¨®ximo curso escolar, y en el Ejecutivo insisten en que puede haber varias f¨®rmulas para no llegar al peor escenario, esto es un procesamiento de los responsables de Educaci¨®n de la Generalitat por incumplir una sentencia, algo que no sucede desde la crisis del proc¨¦s en 2017.

Mientras, ERC presiona al Ejecutivo para que le acompa?e en su intento de no aplicar la sentencia. El president, Pere Aragon¨¨s, pidi¨® este mi¨¦rcoles al Gobierno que ¡°act¨²e en consecuencia¡±, habida cuenta que el sistema educativo que defiende el fallo del TSJC de diciembre de 2020, dijo, no es el suyo. El Govern ha anunciado que asumir¨¢ la responsabilidad que se derive y que no la delegar¨¢ en los directores de los centros educativos. ¡°Por tanto, esperamos que el Gobierno tambi¨¦n lo haga¡±, dijo Aragon¨¨s en Palma, donde acudi¨® de visita oficial, insinuando que el ministerio no debe de pedir la ejecuci¨®n de la sentencia. Marta Vilalta, portavoz de ERC, fue taxativa en el Parlament: ¡°La sentencia no se aplicar¨¢. Es muy simple¡±.

El tema de la inmersi¨®n es absolutamente capital para ERC y para todos los partidos soberanistas, incluido Catalunya en Com¨², defensora del modelo. ERC record¨® este mi¨¦rcoles que forz¨® hace un a?o la derogaci¨®n de la ley Wert y que impuls¨® la ley Cel¨¢a que volvi¨® a situar como vehicular el catal¨¢n. ¡°Tienen que cumplir su propia ley y no la que aspiraba a espa?olizar a los ni?os¡±, dijo Vilalta en referencia a la norma del PP.

El PSC, sin embargo, se mostr¨® de acuerdo con la salida que apunta la sentencia, seg¨²n interpreta el Gobierno, esto es, que en vez de una se den dos materias troncales en castellano. Los socialistas no acudieron a una reuni¨®n en el Parlament convocada por el consejero Gonz¨¢lez-Cambray. Y Salvador Illa, su l¨ªder, dijo que no le parece mal dar dos asignaturas en castellano. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendi¨®, por el contrario, que en Catalu?a la ¨²nica lengua vehicular sea el catal¨¢n, y a?adi¨®: ¡°Para opciones distintas existe la educaci¨®n privada¡±.

El consejero catal¨¢n de Educaci¨®n envi¨® este mi¨¦rcoles una carta a los directores de los colegios en los que les pidi¨® que contin¨²en aplicando el actual modelo ling¨¹¨ªstico. ¡°No ten¨¦is que hacer ning¨²n cambio en vuestros proyectos ling¨¹¨ªsticos por motivo de la sentencia. El Departamento de Educaci¨®n estar¨¢ siempre a vuestro lado¡±, reza la misiva.