La sentencia contra la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona abre el mel¨®n sobre qui¨¦n paga la transici¨®n ecol¨®gica

Barcelona, la ciudad que tiene un premiado Plan Clima desde 2018, que declar¨® la emergencia clim¨¢tica en 2020 y que ese mismo a?o implant¨® una de las Zonas de Bajas Emisiones m¨¢s ambiciosas de Europa, recibi¨® este lunes un rev¨¦s inesperado por el gobierno de la alcaldesa Ada Colau: la anulaci¨®n de su veto a los veh¨ªculos m¨¢s contaminantes por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC). Seis sentencias de golpe respondiendo a igual n¨²mero de recursos de diez gremios y asociaciones vinculados al motor y el transporte. Ni el Gremio del Motor lo esperaba, ha reconocido la entidad; mientras, expertos en contaminaci¨®n como Xavier Querol, del CSIC, lamentaban el impacto que la decisi¨®n judicial puede tener en la salud p¨²blica.

Las seis sentencias que anulan la ordenanza de la ZBE cuestionan la proporcionalidad de las medidas adoptadas y abren el mel¨®n sobre qui¨¦n paga la transici¨®n energ¨¦tica, al apuntar a que los m¨¢s perjudicados por una restricci¨®n basada en la antig¨¹edad de los coches son las rentas bajas o profesionales que no se pueden permitir cambiar la furgoneta. Pero tambi¨¦n chocan con la lucha contra el cambio clim¨¢tico. ¡°Mientras los tribunales europeos alertan de que incumplimos en contaminaci¨®n, la sentencia apunta en la direcci¨®n contraria y el TSJC anula la ZBE. No tiene ni pies ni cabeza, una sentencia as¨ª podr¨ªa desproteger a los vecinos que sufren la contaminaci¨®n¡±, lament¨® este lunes el concejal de Emergencia Clim¨¢tica del consistorio, Eloi Badia. ¡°Si damos pasos atr¨¢s, tendremos que dar explicaciones¡±, zanj¨®.

La sentencia llega cuando la Ley del Cambio Clim¨¢tico exige crear ZBE antes de 2023 en todas las ciudades espa?olas de m¨¢s de 50.000 habitantes. El Gobierno toma como modelo la de Barcelona, asegrua Badia. Y se hace p¨²blica tambi¨¦n pocos d¨ªas despu¨¦s de que la Generalitat acordara con 63 municipios de m¨¢s de 20.000 habitantes que creen sus propias zonas de restricci¨®n antes de 2025 (son m¨¢s municipios de los que exige la Ley, pero se dan dos a?os m¨¢s de plazo para hacerlo). La misma Uni¨®n Europea que amenaza con multar a Madrid y Barcelona por superar los ¨ªndices de poluci¨®n, otorgar¨¢ fondos Next Generation a la capital catalana para su ZBE. Y todav¨ªa hay m¨¢s: porque Europa deber¨¢ rebajar sus actuales l¨ªmites legales de acuerdo a las nuevas exigencias de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS).

Mientras, los textos de las seis sentencias, con fragmentos id¨¦nticos porque fueron debatidos conjuntamente por la sala 5 del contencioso administrativo del TSCJ, apuntan en varias ocasiones al debate sobre qui¨¦n debe pagar la transici¨®n energ¨¦tica. No se trata de cuestionar las medidas para mejorar la calidad del aire, apuntan los jueces. Sino de su proporcionalidad, se?alan.

En lenguaje judicial y alejado del de las tertulias de bar, se preguntan por qu¨¦ se argumenta (entre otras cuestiones) la necesidad de reducir la contaminaci¨®n en toda la ciudad salvo en el puerto y el pol¨ªgono industrial con datos de dos estaciones de medici¨®n concretas; cuando el puerto es la zona que m¨¢s di¨®xido de nitr¨®geno emite. ¡°La existencia de un procedimiento ante la Comisi¨®n Europea justifica una intervenci¨®n municipal urgente, pero no necesariamente determina la validez del modelo de planificaci¨®n de la Ordenanza, mayormente cuando no act¨²a sobre el principal foco de contaminaci¨®n de NOX [di¨®xido de nitr¨®geno] que es el puerto¡±, alertan las sentencias. O se?alan que, si circular o no circular depende de tener o no tener etiqueta, saldr¨¢n perjudicadas las rentas m¨¢s bajas, los profesionales o los aut¨®nomos que no pueden cambiarse el coche.

Los argumentos de las seis sentencias, plantean otras cuestiones, partiendo de la base de que, al prohibir la circulaci¨®n tanto de acceso como dentro de la ZBE, ¡°afecta a decenas de miles de veh¨ªculos sin etiqueta ambiental¡±, censados en Barcelona o fuera. ¡°Supone de hecho una imposibilidad de desarrollar toda, o al menos gran parte, de la actividad empresarial, comercial o profesional con veh¨ªculos sin distintivo ambiental¡± anota se?alando que la prohibici¨®n es vigente de lunes a viernes de 7 a 20 horas. ¡°No se contemplan los diferentes efectos que se producen para los colectivos m¨¢s afectados¡± en ning¨²n informe, apunta.

¡°La movilidad en la ZBE en las horas prohibidas se condiciona a la capacidad econ¨®mica del titular para proceder a la adquisici¨®n de un veh¨ªculo con distintivo ambiental¡±, a?ade. Los jueces valoran incluso que pasar de no tener etiqueta a tenerla depende del poder adquisitivo. Mientras comprar un veh¨ªculo con las etiquetas C, Eco, o Cero Emisiones, ¡°no depende ¨²nicamente de la capacidad econ¨®mica, porque hay alternativas en franjas similares¡±.

Tambi¨¦n reprocha que las autorizaciones anuales para circular sin etiqueta sean las mismas para ¡°el acceso espor¨¢dico que para los residentes¡±: 10 veces. Tal y como est¨¢ planteada, concluye, la Ordenanza provoca ¡°condicionar el uso del veh¨ªculo a la capacidad econ¨®mica para sustituirlo o renovarlo por un veh¨ªculo con distintivo ambiental, pues en este caso no hay ninguna limitaci¨®n de desplazamiento, lo cual l¨®gicamente produce un efecto negativo en las personas de menor capacidad adquisitiva¡±.

Las sentencias tambi¨¦n cuestionan que, si la contaminaci¨®n va por barrios, el per¨ªmetro de la ZBE sea uno y tan extenso como casi la totalidad de Barcelona y el todo o parte de L¡¯Hospitalet, Cornell¨¤, Esplugues y Sant Adri¨¤ de Bes¨°s. Los datos, ¡°fragmentan el an¨¢lisis de datos de NO2 de las estaciones de medici¨®n de tr¨¢fico (Eixample y Gracia), donde se superan los valores UE de forma continuada, del resto de las estaciones de fondo Barcelona (8 estaciones), en los cuales no se superan los valores UE con car¨¢cter general¡±. Y los jueces aprecian ¡°m¨¢s coherente optar por una zonificaci¨®n por anillos de transici¨®n o por n¨²cleos, pero no para aplicar de forma uniforme id¨¦nticas medidas limitativas en toda la ciudad del interior de las rondas¡±.

Otro reproche de los textos es que las memorias e informes de impacto econ¨®micos ¡°no cumplen su finalidad de asegurar que los encargados de elaborar y aprobar el proyecto de Ordenanza tengan la informaci¨®n necesaria que les permita estimar qu¨¦ impacto tendr¨¢ en los ciudadanos y qu¨¦ medios ser¨¢n necesarios para su aplicaci¨®n¡±. Hablan de falta de ¡°un an¨¢lisis suficiente de las alternativas, ni de las consecuencias econ¨®micas, sociales y sobre el mercado y competencia que producen las medidas, ni se eval¨²an suficientemente los costes y beneficios que implica el proyecto de disposici¨®n para sus destinatarios¡±.

Las sentencias entienden incluso que ¡°la Ordenanza impugnada impone medidas limitativas al ejercicio del derecho a la movilidad de los titulares de veh¨ªculos sin distintivo ambiental¡±. Aqu¨ª cita la Ley del R¨¦gimen Jur¨ªdico del Sector P¨²blico en su art¨ªculo ¡°de principios de intervenci¨®n de las Administraciones P¨²blicas para el desarrollo de una actividad¡± e incluso cuestiona la ¡°motivaci¨®n para proteger el inter¨¦s p¨²blico¡± si se producen ¡°diferencias de trato discriminatorias¡±.