La Generalitat agota el plazo para aplicar el 25% de castellano sin fijar su aplicaci¨®n

Este martes se cumple el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) a la Generalitat para ejecutar, de manera forzosa, la sentencia que obliga a impartir un 25% del tiempo lectivo en castellano en la escuela. El Govern, sin embargo, ha llegado al d¨ªa D sin dar instrucciones a los centros educativos sobre c¨®mo aplicar la sentencia y con el plan de celebrar hoy un Consell Executiu que aprobar¨¢ un decreto-ley que expl¨ªcitamente rechazar¨¢ que el uso de las lenguas se pueda someter a porcentajes.

El TSJC decidir¨¢ si se cumple su sentencia despu¨¦s de que la Alta Inspecci¨®n del Ministerio de Educaci¨®n le traslade las medidas activadas por el Ejecutivo catal¨¢n. El Tribunal Supremo ratific¨® en noviembre la sentencia de 2020 que impon¨ªa el 25% y, desde entonces, se sab¨ªa que llegar¨ªa el d¨ªa en que los magistrados preguntar¨ªan por el cumplimiento. A primeros de mes, el TSJC dio al Govern 15 d¨ªas para ejecutarla.

El Govern recurri¨® la decisi¨®n. El margen de maniobra judicial era muy estrecho, pero no sirvi¨® para acelerar la respuesta legal que se espera que se complete en los pr¨®ximos d¨ªas. ERC, PSC, Junts y los comunes pactaron la semana pasada una ley de lenguas, pero la decisi¨®n de Vox, Ciudadanos y PP de solicitar un dictamen al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias ha dilatado el calendario como m¨¢ximo siete d¨ªas. Ese texto logr¨® recuperar el acuerdo que se malogr¨® en marzo. En el articulado se reconoce al catal¨¢n como lengua vehicular y al castellano como ¡°curricular¡±. La referencia sobre el papel del castellano es ambigua (el PSC dice que es vehicular tambi¨¦n y el secesionismo lo niega) pero in¨¦dita. La futura ley no asume el 25% sino que define que cada centro, dentro de su autonom¨ªa, debe fijar las proporci¨®n seg¨²n la situaci¨®n sociocultural y el criterio pedag¨®gico.

Tanto el Govern como los socialistas creen que, por elevaci¨®n, la nueva ley permitir¨ªa desbordar el escenario al que se refiere la sentencia. Para ellos, el porcentaje es circunstancial y solo responde a la obligaci¨®n de determinar cu¨¢l debe ser la proporci¨®n del castellano en el sistema educativo que el Ejecutivo siempre rehus¨® especificar. El decreto-ley que se aprueba hoy desarrollar¨¢ b¨¢sicamente el art¨ªculo 14 de la Ley de Educaci¨®n de Catalu?a sobre c¨®mo regular, aprobar, validar y revisar los proyectos ling¨¹¨ªsticos atribuyendo esa responsabilidad a la Generalitat. Con la ley y el decreto-ley ¡ªel PSC no votar¨¢ a favor de esta ¨²ltima norma¡ª, el Govern conf¨ªa en que el tribunal considere que deponen su inacci¨®n.

El auto del TSJC inst¨® a la Alta Inspecci¨®n del Ministerio de Educaci¨®n a que supervisara las medidas. Fuentes del ministerio apuntan que los jueces les transmitieron ese encargo y que ser¨¢ el tribunal el que decida si son o no suficientes. Los escenarios a partir del mi¨¦rcoles son m¨²ltiples. El tribunal podr¨ªa pedir al Govern informaci¨®n sobre el plan para dar respuesta al auto; advertir al consejero de posibles sanciones o dar instrucciones a los centros para que lo apliquen.

El jurista Joan Ridao, director del Instituto de Estudios de Autogobierno, convino en un informe de ese organismo del pasado mes de abril la necesidad de impulsar un cambio legislativo para dotar de seguridad jur¨ªdica a la Administraci¨®n y a la comunidad educativa, pero apunt¨® que corresponde a la Generalitat regular c¨®mo aplicar el cambio y no a los tribunales. Y recuerda que el Constitucional dio la raz¨®n al Govern en los dos recursos contra sentencias del TSJC que hab¨ªa fijado unas subvenciones a guarder¨ªas mayores que las que hab¨ªa concedido.

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