Preguntas y respuestas tras vencer el plazo del 25% de castellano en las escuelas catalanas

Este martes vence el plazo de 15 d¨ªas que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) hab¨ªa dado a la Generalitat para cumplir la sentencia que fija que al menos el 25% del tiempo lectivo debe ser en castellano. El plazo fue fijado despu¨¦s de que la Asamblea por una Escuela Biling¨¹e pidiera a los magistrados que se aplicara el fallo de manera forzosa tras la decisi¨®n de la Generalitat de obviar el mandato judicial y no tocar una coma del modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica. De momento, el Departamento de Educaci¨®n desobedece los t¨¦rminos de la orden judicial y no ha dado ninguna instrucci¨®n a los colegios para que impartan en castellano una asignatura troncal adicional a la de Lengua Castellana o an¨¢loga. El Gobierno catal¨¢n cree que, con el paquete legal que impulsa y que est¨¢ a medio aprobar, responde a la sentencia, pero de otra manera: mostrando que ya legisla sobre la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica y, por tanto, no es necesario que la justicia fije una proporci¨®n concreta. Estas son algunas preguntas y respuestas sobre qu¨¦ puede pasar a partir de ahora. La ¨²ltima palabra la tiene ahora el TSJC.

?La Generalitat est¨¢ desobedeciendo la sentencia del 25% de horas lectivas en castellano?

Ser¨¢ el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) el que determinar¨¢ si su fallo se cumple o no y en qu¨¦ medida. Hace 15 d¨ªas, los magistrados dieron un ultim¨¢tum a la Generalitat para ajustar la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica y encarg¨® a la Alta Inspecci¨®n de Educaci¨®n que le informara sobre las acciones que ha tomado el Departamento de Educaci¨®n a fin de cumplir la sentencia. Desde el Ministerio de Educaci¨®n explican que el Govern a¨²n no ha respondido sus requerimientos (el plazo vence este martes) y, una vez lo haga, reenviar¨¢ ese escrito al TSJC, que evaluar¨¢ y tendr¨¢ que sentar posici¨®n.

?Qu¨¦ har¨¢n los centros educativos este martes?

De momento, el Departamento de Educaci¨®n no ha dado ning¨²n tipo de orden a los centros para implementar el 25% de horas lectivas en castellano. El Govern ha anunciado que lo har¨¢ este martes en forma de instrucciones, pero no ha hecho p¨²blicos los detalles, m¨¢s all¨¢ de asegurar que ser¨¢n ¡°muy claras¡±. Las instrucciones, seg¨²n la interlocutoria, deber¨ªan indicar c¨®mo aplicar dicho porcentaje de castellano. En la pr¨¢ctica, esto implicar¨ªa que una asignatura troncal se impartiera en ese mismo idioma, sum¨¢ndose a la de Lengua y Literatura Castellanas. El Ejecutivo defiende que la bater¨ªa legal (que incluye el decreto ley aprobado este lunes) responde a la sentencia, en tanto que va al origen del problema que buscaba resolver el TSJC al fijar el 25%: solventar la inacci¨®n legislativa sobre lengua.

?C¨®mo justifica la Generalitat ese cumplimiento?

Muy posiblemente la Generalitat argumente ante la Alta Inspecci¨®n que ya tiene en marcha la aprobaci¨®n de la bater¨ªa legal que, aunque rechaza los porcentajes, certificar¨ªa que abandona la ¡°inacci¨®n¡± legislativa que motiv¨® la sentencia del TSJC. Ese desarrollo est¨¢ a medio camino. Vox, Ciudadanos y PP pararon, con su petici¨®n de dictamen al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias (CGE), la aprobaci¨®n en el Parlament de la ley de lenguas que promueven ERC, Junts, PSC y En Com¨² Podem. Al margen de esta nueva ley en la C¨¢mara catalana, el Govern ha movido ficha y ha adelantado la aprobaci¨®n de un decreto que desarrolla la Ley de Educaci¨®n en lo que respecta a los proyectos ling¨¹¨ªsticos. Fuentes del Ejecutivo creen que el dictamen del CGE, que est¨¢n seguros de que les ser¨¢ favorable, dar¨¢ sustento jur¨ªdico a su f¨®rmula de cara al TSJC.

?Qu¨¦ permite la f¨®rmula de los proyectos ling¨¹¨ªsticos?

Tanto los dos partidos socios del Govern como el PSC y los comunes creen que la proporci¨®n de las lenguas debe responder solo a criterios pedag¨®gicos. Los socialistas, sin embargo, no mantienen un rechazo frontal a la sentencia, como el resto de partidos, y defiende que la nueva bater¨ªa legal hace m¨¢s f¨¢cil cumplirla, algo que en ERC o Junts no contemplan. Eso s¨ª, las cuatro formaciones coinciden en el fondo: no puede haber una respuesta homog¨¦nea y lineal en todo el sistema educativo y cada centro debe recoger la singularidad socioling¨¹¨ªstica de su entorno a la hora de fijar las proporciones de las lenguas en el aula. El decreto ley establece que Educaci¨®n debe aprobar esos proyectos ling¨¹¨ªsticos y ser¨¢ el ¨²ltimo responsable de su legalidad en el caso de nuevas acciones judiciales. La idea es que est¨¦n todos en marcha a partir del pr¨®ximo curso. Tambi¨¦n se enviar¨¢ este martes una instrucci¨®n a los centros sobre c¨®mo adecuar esos proyectos a la nueva normativa.

?C¨®mo se elaboran estos proyectos y qu¨¦ blindaje dan?

Los proyectos ling¨¹¨ªsticos forman parte del proyecto educativo de un centro, donde se recogen los objetivos pedag¨®gicos que se plantea el equipo directivo y la metodolog¨ªa para lograrlos. El proyecto ling¨¹¨ªstico concreta, aparte del uso del catal¨¢n como lengua vehicular, qu¨¦ otros idiomas se van a potenciar. Estos documentos los elaboran los docentes, pero son aprobados por el consejo escolar del centro, donde est¨¢n representados profesores, personal administrativo y familias. Posteriormente, se env¨ªan al Departamento de Educaci¨®n para dejar constancia, pero no los valida. A ra¨ªz de la sentencia, la intenci¨®n de Educaci¨®n es validar los proyectos de las 4.500 escuelas e institutos para presentarse ante la justicia como responsable ¨²ltimo de dichos documentos, y as¨ª evitar a los docentes reclamaciones judiciales.

?Qu¨¦ har¨¢ el TSJC a partir de ahora?

Una vez llegue la informaci¨®n que vehicula la Alta Inspecci¨®n, que depende del Ministerio de Educaci¨®n, los magistrados han de evaluarla y decidir con base en ella si lo que determina su sentencia se cumple o no. Para eso no hay un plazo determinado, algo relevante si se tiene en cuenta que estamos a menos de un mes de que acabe el curso escolar.

?Se puede llevar a la Generalitat a los tribunales por un delito de desobediencia?

La v¨ªa contenciosa, en la que se inscribe la actual sentencia, es m¨¢s lenta y menos punitiva que la penal. Los magistrados, tras evaluar el informe de la Alta Inspecci¨®n, podr¨ªan darse por satisfechos, o pedir m¨¢s informaci¨®n antes de tomar una decisi¨®n o advertir al consejero de Educaci¨®n, Josep Gonz¨¤lez Cambray, de la posibilidad de adoptar mecanismos coercitivos que pueden acabar en multas diarias. La ¨²ltima estaci¨®n, que tampoco tiene plazos definidos, s¨ª puede ser la de abrir la v¨ªa penal por desobediencia, si el tribunal cree que no se est¨¢n ejecutando las medidas. Tambi¨¦n, explican fuentes jur¨ªdicas, podr¨ªa llegar a acabar dando instrucciones de manera directa a los centros para que apliquen el 25% de castellano, aunque tampoco haya un plazo para llegar a ese supuesto en concreto.

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