La precariedad de la vivienda condena la salud de los afectados: ¡°Mi hija ha dejado de comer¡±

La hija mayor de Nadia Mermouri (34 a?os) dej¨® de comer y su hermana, recuerda la madre, a veces pregunta si se van a quedar sin casa ¡°nuevamente¡±. A principios de 2017, los due?os del bloque donde se encontraba la vivienda de esta familia de Ciutat Vella decidieron subirles el precio del alquiler. Mermouri cobraba 640 euros y ¡°no pod¨ªa pagar¡± lo que solicitaban, comenta antes de una asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, de la que forma parte. Ese mismo a?o le lleg¨® la primera demanda de desahucio, un proceso que se alarg¨® durante meses, con hasta tres lanzamientos que la entidad pudo detener.

Cuando en 2018 se lleg¨® a un acuerdo, los servicios sociales le proporcionaron a la familia un ¡°piso puente¡± en Trinitat Vella, a 30 minutos del barrio donde hab¨ªan vivido toda su vida. La vulnerabilidad que acreditaba finalmente le permiti¨® acceder a un alquiler social. Tardaron 26 meses en entregarle la vivienda.

Durante este tiempo, Nadia ha experimentado episodios de ansiedad. Tampoco ha podido dormir ni comer satisfactoriamente. Estos aspectos se han cronificado desde hace unos meses, cuando descubri¨® una subida en su alquiler social de m¨¢s de 250 euros: ¡°Estoy en la misma situaci¨®n que antes¡±, apunta Mermouri. Tambi¨¦n ha solicitado un cambio de domicilio: ¡°Debajo de mi casa hay muchos conflictos, se pinchan, hay relaciones sexuales, hay peleas. Tenemos informes m¨¦dicos de mi marido, que lo agredieron el ¨²ltimo junio. Mi hija mayor lo ha visto todo, tiene miedo de bajar, otra vez ha dejado de comer¡±, destaca la madre, que ha tenido que ir a un psic¨®logo por sus problemas con la vivienda.

El malestar psicol¨®gico afecta a tres de cada cuatro personas con inseguridad residencial y/o pobreza energ¨¦tica en Catalu?a, seg¨²n un informe presentado este jueves en Barcelona por el Observatorio Desc, Ingenier¨ªa sin Fronteras, la PAH, la Alianza Contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE) y la Agencia de Salud P¨²blica de Barcelona. La inseguridad residencial, que afecta principalmente a mujeres y menores seg¨²n el documento, puede suponer una mayor probabilidad de depresi¨®n, ansiedad o casos de suicidios, como el que ocurri¨® recientemente en un barrio de Sant Andreu, en Barcelona.

Ana Novoa, m¨¦dica y t¨¦cnica de la Agencia de Salud P¨²blica, destac¨® durante su intervenci¨®n que las cifras en los afectados son ¡°mucho m¨¢s elevadas que las que observamos en la poblaci¨®n general¡±. En concreto, se trata de un 78,4% de malestar psicol¨®gico en mujeres y un 74,4% en hombres, frente al 16,4% de la poblaci¨®n general; mientras que ¡°la mitad [de los afectados] presenta depresi¨®n¡± (52% tanto en hombres como en mujeres, frente al 4,7% en el conjunto de Espa?a).

En cuanto a los menores, un 14,3% de los ni?os y un 15,4% de las ni?as con inseguridad residencial responden a un estado de salud ¡°regular o malo¡±, frente al 2,8% y 2% que, respectivamente, se encuentran en el mismo estrato entre los menores de Barcelona sin este problema. ¡°En aquellas personas en las que coexisten m¨¢s inseguridades en diferentes ¨¢mbitos, la salud es peor¡±, ha sintetizado la experta a prop¨®sito de los resultados del estudio Estado de la exclusi¨®n residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta, que tambi¨¦n tiene como objetivo analizar la funci¨®n que han tenido entidades sociales como la PAH o APE en la emergencia habitacional que vive Catalu?a durante los ¨²ltimos a?os.

Estas entidades han defendido que las leyes y las medidas que han impulsado han logrado paralizar anualmente en torno a 1.000 desahucios, adem¨¢s de 200.000 cortes de suministro desde 2015. En ese a?o entr¨® en vigor la c¨¦lebre Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energ¨¦tica, con un camino que se ha distinguido por ser turbulento: ¡°No podemos olvidar que las medidas de vivienda y alquiler social obligatorio de esta ley han estado impugnadas hasta tres veces¡±, ha recordado Guillem Domingo, del Observatorio Desc, sobre las suspensiones que sufri¨® la norma en el Tribunal Constitucional. ¡°La ley ha estado la mitad del tiempo vigente. Esto explica los resultados desiguales¡±, ha agregado.

Seg¨²n datos del Consejo Superior del Poder Judicial, entre 2015 y el 2021 se ejecutaron en Catalu?a 84.456 desahucios, lo que representa m¨¢s del 20% de los lanzamientos llevados a cabo en Espa?a (375.592) durante el mismo periodo. Esto ha mantenido a la comunidad aut¨®noma a la cabeza de los desahucios en el conjunto del Estado. Desde la aprobaci¨®n de la norma catalana, se percibe una disminuci¨®n de los lanzamientos en la serie hist¨®rica: de entre 15.000 en 2015 pasa alrededor de 12.000 en 2019, antes de la pandemia, cuando los desahucios cayeron en toda Espa?a. En 2021 remontaron, con Catalu?a superando los 9.000 lanzamientos.

¡°A algunos les interesa decir que el alquiler social no funciona¡±, ha concluido Domingo sobre uno de los aspectos fundamentales de la Ley 24/2015. Esta, como puede ocurrir con la ¨²ltima norma aprobada en febrero en el Parlament de Catalu?a, ha tenido problemas para desarrollarse debido a la ¡°invasi¨®n de competencias¡± respecto a la legislaci¨®n estatal que han alegado algunos jueces. Domingo, por su parte, tambi¨¦n ha criticado la inercia de la administraci¨®n p¨²blica a la hora de abrir procedimientos que sancionen a las empresas privadas. El informe critica la ¡°tendencia sistem¨¢tica¡± de estas a ¡°incumplir la ley¡± de vivienda.

Falta de datos

La portavoz de APE, Maria Campuzano, ha destacado ¡°lo dif¨ªcil que es encontrar datos¡± relativos a la pobreza energ¨¦tica en Catalu?a. Entre otros motivos, porque la Generalitat ¡°no tiene ning¨²n ¨®rgano que recoja datos sobre la aplicaci¨®n de la 24/2015¡å, y tambi¨¦n porque las cifras en cuesti¨®n ¡°est¨¢n en manos de las grandes empresas energ¨¦ticas¡±. La estimaci¨®n de los 200.000 cortes de luz paralizados entre 2015 y 2020 se ha realizado a partir de informes de riesgo de exclusi¨®n residencial tramitados.

¡°Gracias a esta ley tambi¨¦n se han instalado 914 contadores sociales de agua desde 2015 [en Catalu?a]. La ley funciona, parando cortes y garantizando a las familias¡±, ha agregado Campuzano sobre los datos del estudio, que entre sus recomendaciones ha propuesto consolidar medidas temporales (derivadas de la pandemia) como la moratoria para frenar los desahucios, vigente hasta finales del 2022. La medida, expone el informe, ha logrado detener desahucios. No obstante, el documento tambi¨¦n recuerda que estos no se han detenido en ¡°todos¡± los casos ¡°susceptibles¡± de acogerse a la norma.

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