Al menos 37 l¨ªderes y excargos independentistas, pendientes de la reforma del C¨®digo Penal

A¨²n quedan muchos flecos por cerrar en el tr¨¢mite parlamentario que busca modificar el C¨®digo Penal para derogar el delito de sedici¨®n y reescribir el de malversaci¨®n, entre otros. Lo ¨²nico claro es que, de salir finalmente adelante la pol¨¦mica reforma, al menos 37 independentistas condenados o encausados por alguno de esos dos tipos delictivos o por los dos ver¨¢n modificada su actual situaci¨®n judicial. La lista incluye a los ya juzgados, los que huyeron de la justicia a B¨¦lgica y una larga lista de antiguos cargos pol¨ªticos de segunda fila y t¨¦cnicos que est¨¢n a la espera del juicio o a¨²n son investigados. La mejora no es lineal y cada caso termina siendo un mundo, ya que algunos tienen m¨¢s de una imputaci¨®n o son culpables de otros delitos.

Los posibles beneficiados se podr¨ªan dividir en cuatro grupos. El primero es el de los nueve l¨ªderes pol¨ªticos y sociales del proc¨¦s que fueron condenados por el Tribunal Supremo. Se trata de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; los exconsejeros de ERC, Oriol Junqueras, Ra¨¹l Romeva y Dolors Bassa; los de Junts, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn, y los activistas Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart. Todos fueron condenados por sedici¨®n a penas de entre nueve y 13 a?os de c¨¢rcel, m¨¢s inhabilitaci¨®n. Junqueras ¨Dque ocupa actualmente la presidencia de ERC¨D, Turull ¨Dn¨²mero dos de Junts¨D Bassa y Romeva tambi¨¦n fueron encontrados culpables de malversaci¨®n.

Los nueve condenados a prisi¨®n (Junqueras, entre ellos) fueron indultados, en junio de 2021, por el Gobierno, pero solo de la pena privativa de libertad que les quedaba por cumplir. Les queda, por tanto, la de inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico. El Tribunal Supremo tendr¨¢ que revisar las condenas de todos para ajustarlas a las nuevas penas y eso ser¨¢ particularmente importante en los culpables tambi¨¦n de malversaci¨®n. El nuevo c¨¢lculo, que tambi¨¦n tiene en cuenta la pena ya cumplida, podr¨ªa abrirles la puerta a volver a presentarse a unas elecciones u ocupar cargos p¨²blicos. En los t¨¦rminos actuales, la inhabilitaci¨®n de Junqueras termina en julio de 2031.

El segundo grupo lo conforman los cinco pol¨ªticos que, para eludir la justicia, huyeron al extranjero. Solo Marta Rovira, secretaria genera de ERC, est¨¢ acusada de un ¨²nico delito: sedici¨®n. Un delito que te¨®ricamente dejar¨¢ de existir, aunque la l¨ªder refugiada en Suiza no tiene garant¨ªas de que no se le persiga judicialmente con la nueva figura. Puigdemont y los exconsejeros Toni Com¨ªn y Clara Ponsat¨ª est¨¢n procesados por sedici¨®n, malversaci¨®n y desobediencia. Llu¨ªs Puig, solo por malversaci¨®n y desobediencia. Si hay una rebaja considerable en la malversaci¨®n, podr¨ªan evitar la prisi¨®n.

El tercer grupo corresponde a los 30 excargos y empresarios procesados en el Juzgado de Instrucci¨®n 13 de Barcelona por preparativos para el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017. A la mayor¨ªa se les imputa el delito de malversaci¨®n y, en muchos casos, tambi¨¦n uno de prevaricaci¨®n o falsedad. Entre ellos se encuentra la actual consejera de Cultura, Nat¨¤lia Garriga, as¨ª como Llu¨ªs Salvad¨® y Josep Maria Jov¨¦, hombres de m¨¢xima confianza de Junqueras cuando este estaba al frente de la vicepresidencia de la Generalitat.

La otra investigaci¨®n que se ver¨ªa afectada es la del Juzgado de Instrucci¨®n 18 de Barcelona, al que la Fiscal¨ªa llev¨® los hechos analizados por el Tribunal de Cuentas sobre la financiaci¨®n de la acci¨®n exterior de la Generalitat que considera constitutivos de delito. El ministerio p¨²blico cree que 10 ex altos cargos han malversado dinero p¨²blico. Cuatro pertenecen a las filas republicanas, pero dos (el ex secretario general de Acci¨®n Exterior Aleix Villatoro y el extitular del Diplocat Miquel Royo, bajo el mandato de Puigdemont) tambi¨¦n est¨¢n en la causa anterior. De hecho, el recurso de Villatoro sobre la posible doble investigaci¨®n por el mismo hecho ha retrasado el avance de las causas a la espera de que la Audiencia Provincial de Barcelona decida qu¨¦ juez tiene la competencia. A Romeva de nuevo se le imputa un el delito de malversaci¨®n por la supuesta concesi¨®n irregular de una subvenci¨®n de 40.000 euros a la FOCIR (Federaci¨®n de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas).

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