La amnist¨ªa beneficia a tres expresidentes de la Generalitat, a cargos de ERC y Junts y al entorno de Puigdemont

La proposici¨®n de ley de amnist¨ªa registrada este lunes en el Congreso beneficiar¨¢, seg¨²n sus autores, a casi 400 personas. El texto incluye a la clase pol¨ªtica catalana que ha marcado la ¨²ltima d¨¦cada: tres expresidentes de la Generalitat (Artur Mas, Quim Torra y Carles Puigdemont), altos cargos de ERC y de Junts y, tambi¨¦n, personas del c¨ªrculo m¨¢s cercano a Puigdemont. La amnist¨ªa alcanza a los organizadores de las consultas ilegales de independencia del 9-N de 2014 y el 1-O de 2017, pero el grueso de beneficiados ser¨¢n los ciudadanos que fueron detenidos durante su participaci¨®n en los disturbios posteriores a la sentencia de 2019. Tambi¨¦n quedan dentro de la ley de amnist¨ªa, seg¨²n las mismas fuentes, los polic¨ªas que cargaron el 1-O contra las personas que se parapetaron en los centros de votaci¨®n.

El texto no cita de forma expl¨ªcita ninguna de las causas judiciales abiertas durante los ¨²ltimos diez a?os a ra¨ªz del proceso independentista en Catalu?a. Y, aunque su aplicaci¨®n depender¨¢ en ¨²ltima instancia de los jueces, del redactado se deduce con facilidad cu¨¢les de esos procesos ampara. Estas son las causas y las personas que, sin citarlas, presumiblemente quedar¨¢n al abrigo de la amnist¨ªa:

Artur Mas y el 9-N. La proposici¨®n de ley de amnist¨ªa incluye actos ligados al proc¨¦s desde el 1 de enero de 2012. Eso significa que el primer embate del independentismo, la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, est¨¢ incluida. Mas y tres consejeros de su Gobierno (Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs) fueron condenados a penas de inhabilitaci¨®n. En paralelo, el Tribunal de Cuentas abri¨® un proceso contable que acab¨® con la condena al pago de casi cinco millones de euros.

Los l¨ªderes del 1-O. El mayor n¨²mero de beneficiarios de la ley de amnist¨ªa surge del refer¨¦ndum del 1-O, tambi¨¦n declarado inconstitucional. Algunos de sus l¨ªderes se marcharon al extranjero para evitar ser juzgados (como Puigdemont) y otros, los que permanecieron, fueron condenados por el Tribunal Supremo dos a?os despu¨¦s por delitos de sedici¨®n y, en algunos casos, malversaci¨®n. Entre ellos estaba el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios consejeros de aquel Govern, pero tambi¨¦n dos l¨ªderes sociales (Jordi Cuixart y Jordi Turull) y a la entonces presidenta del Parlament Carme Forcadell. Todos salieron de prisi¨®n en 2021 tras ser indultados por el Gobierno de Pedro S¨¢nchez, aunque la medida de gracia fue parcial: se mantuvieron las penas de inhabilitaci¨®n que ahora, con la amnist¨ªa, tambi¨¦n desaparecen. El beneficio es m¨¢s evidente a¨²n para los pol¨ªticos que huyeron tras el refer¨¦ndum, incluido Puigdemont o el exconsejero de Salud Toni Com¨ªn, que evitar¨¢n as¨ª su ingreso en prisi¨®n y podr¨¢n regresar a Catalu?a. Tambi¨¦n podr¨¢ hacerlo la secretaria general de ERC, Marta Rovira, investigada en el caso Tsunami Democr¨¤tic.

Los organizadores del refer¨¦ndum. Un pelda?o por debajo de los consejeros se sit¨²a toda una serie de cargos y excargos p¨²blicos de la Generalitat que tambi¨¦n fueron investigados por su participaci¨®n en el proc¨¦s. Esas personas con responsabilidades ejecutivas fueron, de hecho, claves en la organizaci¨®n del refer¨¦ndum del 1-O y se ver¨¢n especialmente beneficiadas por la amnist¨ªa. Son una veintena de miembros de los dos grandes partidos independentistas (Junts y ERC) que a¨²n no han sido juzgados. Entre ellos se cuentan pesos pesados de la formaci¨®n republicana, como Josep Maria Jov¨¦ y Llu¨ªs Salvad¨®, considerados los arquitectos del refer¨¦ndum y personas muy cercanas al exvicepresidente Junqueras.

La Mesa del Parlament y los alcaldes. La ley amnistiar¨¢ tambi¨¦n, previsiblemente, a los miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron resoluciones a favor de la independencia. En la etapa de Forcadell al frente de la c¨¢mara, fueron condenados por desobediencia Anna Sim¨®, Joan Josep Nuet, Llu¨ªs Corominas, Llu¨ªs Guin¨® y Ramona Barrufet. En la etapa de Roger Torrent (tambi¨¦n de ERC) como presidente, fueron absueltos tanto el propio Torrent como otros miembros de la mesa (Josep Costa, Adriana Delgad y Eusebi Campdepadr¨®s). Por poner a disposici¨®n espacios p¨²blicos para el 1-O, tambi¨¦n sufrieron consecuencias cinco alcaldes catalanes; algunos fueron condenados y otros est¨¢n a la espera de juicio. Tambi¨¦n ellos ser¨¢n, si la ley sale adelante, amnistiados.

Los polic¨ªas. Durante el 1-O, miles de polic¨ªas y guardias civiles se desplegaron en ciudades y pueblos de Catalu?a con la orden judicial de impedir el refer¨¦ndum. Se produjeron enfrentamientos en las puertas de algunos colegios usados como centros de votaci¨®n y, en algunos casos, los agentes se excedieron. La amnist¨ªa afecta a las causas judiciales abiertas contra polic¨ªas antidisturbios, seg¨²n fuentes del Ejecutivo. En Girona, 27 polic¨ªas y guardias civiles fueron procesados por delitos de lesiones. En Barcelona, un juez tambi¨¦n proces¨® a otros 45 polic¨ªas por lesiones, pero tambi¨¦n en algunos casos por delito contra la integridad moral. A¨²n no han sido juzgados y la Fiscal¨ªa no ha anunciado qu¨¦ calificaci¨®n jur¨ªdica atribuir¨¢ a esos hechos. La ley de amnist¨ªa excluye los delitos de torturas pero alude a la convenci¨®n de derechos humanos sobre la tortura, y no al delito contra la integridad moral incluido en el C¨®digo Penal.

Los disturbios de 2019. El texto es expl¨ªcito a la hora de se?alar que amnist¨ªa los delitos cometidos durante acciones de protesta a favor de la celebraci¨®n del refer¨¦ndum, pero tambi¨¦n en contra del ¡°procesamiento o condena¡± de sus l¨ªderes. En octubre de 2019, tras el fallo del Tribunal Supremo, diversas ciudades catalanas y en especial Barcelona fueron escenario de protestas masivas, que en muchos casos derivaron en acciones violentas. Algunas de ellas fueron organizadas por los autoproclamados Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR), grupos de ciudadanos que pretend¨ªan dar validez a los resultados del 1-O tras la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 en Catalu?a. Este grupo constituye el m¨¢s numeroso de los beneficiados por la amnist¨ªa pero, como las causas se tramitan de forma individual y en m¨²ltiples juzgados, su n¨²mero es dif¨ªcil de precisar.

Los organizadores de las protestas. En pleno auge de aquellas protestas, la Audiencia Nacional abri¨® una investigaci¨®n (que ha mantenido secreta m¨¢s de tres a?os) sobre una plataforma llamada Tsunami Democr¨¤tic, que en octubre de 2019 organiz¨® protestas de gran envergadura. La que dio la vuelta al mundo fue el intento de ocupaci¨®n del aeropuerto de El Prat de Barcelona, aunque tambi¨¦n se produjeron cortes masivos de carreteras. Esa causa ha estado en estado de letargo hasta que, recientemente, el juez instructor ha decidido citar como investigados a quienes considera sus promotores. El juez incluye a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pero tambi¨¦n a Puigdemont, a quienes atribuye un delito de terrorismo.

Caso Judas: 12 procesados por terrorismo. Un grupo de CDR fue m¨¢s all¨¢ de las acciones reivindicativas y, seg¨²n la investigaci¨®n abierta por la Audiencia Nacional, se prepar¨® para pasar a la acci¨®n. El juez ha procesado a 12 de ellos por terrorismo en el llamado caso Judas, pero tambi¨¦n podr¨¢n beneficiarse presumiblemente de la amnist¨ªa, ya que no ejecutaron ninguno de sus planes.

Quim Torra y los lazos amarillos. El expresidente de la Generalitat Quim Torra fue condenado por desobediencia en dos ocasiones. En diciembre de 2019, a un a?o y medio de inhabilitaci¨®n por negarse a cumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar, en plena campa?a electoral, pancartas a favor de los presos del proc¨¦s del balc¨®n del Palau de la Generalitat. Esa condena le hizo perder el cargo. M¨¢s tarde, en mayo de 2022, volvi¨® a ser condenado por hechos muy similares.

El ¡®mosso¡¯ de Puigdemont y el consejero de Interior. La huida de Puigdemont a B¨¦lgica tuvo otras consecuencias. Bajo el Gobierno de Torra, el consejero de Interior Miquel Buch contrat¨® los servicios, como asesor, de un sargento de los Mossos d¡¯Esquadra, Llu¨ªs Escol¨¤, amigo del expresidente catal¨¢n que le hab¨ªa ayudado en la fuga. El problema es que el cargo de asesor era una tapadera: Interior le pagaba con dinero p¨²blico para ejercer como una suerte de guardaespaldas o protector del expresident en Waterloo. Buch fue condenado a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel, y Escol¨¤, a cuatro a?os. Buch y Escol¨¤ fueron dos de los nombres m¨¢s discutidos durante las negociaciones entre PSOE y Junts. La amnist¨ªa les beneficia finalmente porque contempla el delito de malversaci¨®n si est¨¢ vinculado al proc¨¦s y porque menciona de forma expl¨ªcita la ¡°asistencia de cualquier tipo¡±, incluida ¡°protecci¨®n y seguridad¡± a los responsables del 1-O.

Alay y el c¨ªrculo m¨¢s cercano al ¡®expresident¡¯. Una de las preocupaciones de Puigdemont era que la ley de amnist¨ªa incluyera a su c¨ªrculo m¨¢s cercano. Y por encima de todos, a Josep Llu¨ªs Alay, jefe de gabinete de su oficina en Waterloo. Alay est¨¢ imputado en tres causa judiciales: adem¨¢s de Tsunami Democr¨¤tic, el caso Voloh (que investiga la financiaci¨®n del 1-O y una presunta trama rusa ligada al proc¨¦s) y una causa de presunta malversaci¨®n por el uso de fondos p¨²blicos para visitar Nueva Caledonia con motivo de un refer¨¦ndum de independencia. El de Alay fue otro de los apellidos m¨¢s batallados. La ley de amnist¨ªa parece que s¨ª lo contempla al incluir, entre los actos que ¡°no se encuentren directamente relacionados con las consultas¡±, una circunstancia como la que llev¨® a Alay a viajar a ese pa¨ªs: actos para ¡°recabar informaci¨®n y adquirir conocimiento sobre experiencias similares¡±.

Los excluidos: Boye y Borr¨¤s. El texto de la amnist¨ªa deja claro que los procesos penales y administrativos deben estar vinculados al proc¨¦s y, a diferencia del acuerdo pol¨ªtico firmado entre PSOE y Junts, no menciona la lawfare (guerra judicial), un concepto que alude al uso de la justicia para combatir al adversario pol¨ªtico y que hab¨ªa molestado especialmente a los jueces. Personas de la m¨¢xima confianza de Puigdemont est¨¢n involucradas en causas que no tienen que ver con el proc¨¦s pero que, siempre seg¨²n el prisma del independentismo, son consecuencia de la lawfare. Una de ellas es la expresidenta del Parlament Laura Borr¨¤s (Junts), condenada por delitos de corrupci¨®n por haber troceado contratos p¨²blicos para beneficiar a un amigo suyo cuando presid¨ªa la Instituci¨® de les Lletres Catalanes. El otro es Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, investigado por el presunto blanqueo de dinero del narco Sito Mi?anco.

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