Polic¨ªas procesados por el 1-O pedir¨¢n que se les aplique la amnist¨ªa pese a rechazar la ley
Las acusaciones interpretan que ¡°los tratos inhumanos o degradantes¡± quedan excluidos y sopesan oponerse a la medida de gracia para los agentes
Los polic¨ªas investigados por cargas desproporcionadas durante la jornada del refer¨¦ndum ilegal de independencia del 1-O mantienen una relaci¨®n ambivalente con la ley de amnist¨ªa. Sus representantes sindicales han rechazado en voz alta una ley que consideran humillante porque equipara, sostienen, a unos funcionarios que se limitaron a cumplir ¨®rdenes y a hacer su trabajo con los pol¨ªticos que lideraron el proc¨¦s. Pero la medida de gracia tambi¨¦n est¨¢ pensada para ellos. Y tras la aprobaci¨®n definitiva de la ley por el Congreso de los Diputados, y con muchos de esos agentes a un paso de sentarse en el banquillo, varios de ellos solicitar¨¢n que se les aplique si los jueces no lo hacen de oficio, seg¨²n han explicado distintas fuentes a EL PA?S.
El Gobierno y los partidos negociadores del texto calculan que la ley de amnist¨ªa beneficiar¨¢ a unas 400 personas. Entre ellas est¨¢n los dirigentes pol¨ªticos que impulsaron las consultas del 9-N (en 2014) y del 1-O (en 2017), ciudadanos an¨®nimos que participaron en movilizaciones contra la sentencia del proc¨¦s (investigados por des¨®rdenes p¨²blicos) y tambi¨¦n, al menos, 73 agentes que han sido investigados por delitos de lesiones o contra la integridad moral por su actuaci¨®n para evitar el refer¨¦ndum ilegal de 2017.
Hay multitud de causas abiertas en los juzgados catalanes pero, por su extensi¨®n, dos sobresalen por encima de las dem¨¢s. Una, en Girona, involucr¨® a 27 polic¨ªas por un delito de lesiones leves y fue archivada el pasado diciembre con el argumento de que los polic¨ªas obraron en cumplimiento de un deber. La otra, en Barcelona, mantiene procesados a otros 46 polic¨ªas nacionales por delitos de lesiones y contra la integridad moral.
Seg¨²n esa investigaci¨®n, liderada por el titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 7 de Barcelona, Francisco Miralles, los 46 antidisturbios (entre los que hay mandos y agentes) se excedieron en el uso de la fuerza en los colegios electorales de la capital catalana el 1-O. Hubo episodios de violencia ¡°gratuita¡±, ¡°innecesaria¡± y ¡°desproporcionada¡± que van m¨¢s all¨¢ de su labor ordinaria como funcionarios y que, a criterio del juez ¡ªpero tambi¨¦n de la Audiencia de Barcelona, que confirm¨® el procesamiento hace apenas cuatro meses¡ª no pueden quedar impunes.
La ley de amnist¨ªa brinda a esos polic¨ªas la oportunidad de evitar el juicio y una hipot¨¦tica condena, pues incluye ¡°las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realizaci¨®n¡± del refer¨¦ndum, y tambi¨¦n las orientadas a contener las movilizaciones de protesta que precisaron de actuaci¨®n policial. Los 46 procesados en Barcelona lo est¨¢n por lesiones pero tambi¨¦n por un delito contra la integridad moral (torturas). Este ¨²ltimo queda excluido, en principio, de la amnist¨ªa, pero solamente cuando ¡°supere un umbral m¨ªnimo de gravedad¡±, de acuerdo con la convenci¨®n de derechos humanos sobre la tortura: tienen que ser hechos que ¡°humillen o degraden a una persona¡± o pretendan causar ¡°miedo, angustia o inferioridad¡± de tal modo que quiebren ¡°su resistencia moral y f¨ªsica¡±.
Ni siquiera las acciones m¨¢s censurables de algunos antidisturbios el 1-O encajan en ese tipo de conductas ¡°graves¡±, coinciden las fuentes judiciales sobre un proceso que est¨¢ pendiente de juicio. La Fiscal¨ªa todav¨ªa no ha presentado su escrito de acusaci¨®n, en el que deber¨ªa definir los delitos que les atribuye y las penas que solicita a los agentes. Habr¨¢ que ver, adem¨¢s, qu¨¦ piensan de ello las entidades que ejercen la acusaci¨®n en la causa (ANC, ?mnium o la entidad pro derechos humanos Ir¨ªdia) cuando el juez previsiblemente les pregunte su opini¨®n sobre si cabe la amnist¨ªa.
Contra el perd¨®n a los antidisturbios
Ir¨ªdia ya se declar¨® contraria a dejar sin castigo a unos polic¨ªas a los que atribuye ¡°graves vulneraciones de derechos humanos¡± durante el 1-O. Se da as¨ª la paradoja de que unas entidades que defienden la amnist¨ªa para los dirigentes pol¨ªticos y los ciudadanos, muy cr¨ªticas adem¨¢s ante la posibilidad de que el poder judicial la torpedee, cuestionan que el perd¨®n se haga extensivo a los antidisturbios.
Los jueces pueden aplicar la amnist¨ªa de oficio ¡°o a instancia de parte¡±. Si el magistrado no mueve ficha, algunos de los polic¨ªas procesados acabar¨¢n solicitando tambi¨¦n ser beneficiarios de la amnist¨ªa por m¨¢s que, seg¨²n insisten fuentes cercanas a esos procesados, no compartan ni su contenido ni sus objetivos. Y eso que el texto les lanza alg¨²n gui?o, como cuando en el pre¨¢mbulo subraya que la amnist¨ªa ¡°en ning¨²n caso implica la criminalizaci¨®n de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden p¨²blico¡±.
Desde que el Gobierno de Pedro S¨¢nchez anunci¨® su intenci¨®n de amnistiar a los l¨ªderes del proceso independentista, encontr¨® la f¨¦rrea oposici¨®n de los sindicatos policiales, recelosos de ser ¡°equiparados¡± con los condenados por el Tribunal Supremo. ¡°Es indecente que el Gobierno plantee equiparar la actuaci¨®n de la Polic¨ªa con la de los delincuentes que participaron en un intento de golpe de Estado¡±, se?al¨® Jupol, el sindicato mayoritario y el m¨¢s furibundo contra la iniciativa. Pero, al tiempo que criticaban la ley, les preocupaba que dejara sin amparo a unos polic¨ªas que, insisten, se limitaron a cumplir ¨®rdenes de los jueces y del Gobierno.
Adem¨¢s del 1-O, hay otros casos con polic¨ªas investigados susceptibles de ser amnistiados. Paula Garc¨ªa fue detenida el 19 de octubre de 2019 en el centro de Barcelona mientras participaba en una manifestaci¨®n contra la sentencia del proc¨¦s. Estuvo en prisi¨®n provisional diez d¨ªas. Sigue acusada por des¨®rdenes p¨²blicos y atentado a la autoridad, pero se querell¨® a su vez contra los polic¨ªas nacionales que practicaron su detenci¨®n. Hay una docena de agentes investigados que, seg¨²n fuentes judiciales, tambi¨¦n pedir¨¢n acogerse a la amnist¨ªa en el caso de que la causa no se archive antes.
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