La amnist¨ªa llega a apenas el 20% de sus beneficiarios tras vencer el plazo de dos meses dado a los jueces

La justicia en Espa?a rara vez resuelve sus asuntos en plazos razonables, ni siquiera cuando son impuestos por la ley. Los juicios r¨¢pidos son lentos, las investigaciones se dilatan y hay decisiones que nunca llegan y dejan a empresas y ciudadanos con el bolsillo (o el coraz¨®n) en vilo. Tampoco las declaraciones o los juicios suelen empezar a la hora fijada. Con esos mimbres pod¨ªa preverse que la administraci¨®n de justicia tampoco iba a cumplir los exigentes plazos establecidos por la ley de amnist¨ªa, de cuya entrada en vigor se acaban de cumplir este domingo dos meses.

El texto aprobado por el Gobierno instaba a los jueces y tribunales a aplicar la norma ¡°con car¨¢cter preferente y urgente¡±. Y les conced¨ªa un plazo ¡°m¨¢ximo¡± de dos meses para identificar a los beneficiarios y hacerla realidad. Ha pasado el tiempo y la medida de gracia no ha desplegado todos sus efectos: seg¨²n los c¨¢lculos de este diario, menos de un centenar de las 486 personas que, seg¨²n los c¨¢lculos de la Fiscal¨ªa General del Estado, pueden ser beneficiarias de la norma, han sido amnistiadas. Entre ellas hay alrededor de 40 activistas por la independencia ¨Dciudadanos an¨®nimos que participaron en movilizaciones a favor del proc¨¦s y acabaron inmersos en causas judiciales por des¨®rdenes p¨²blicos¡ª y 50 polic¨ªas que reprimieron las votaciones en el refer¨¦ndum del 1 de octubre de 2017 o lesionaron a manifestantes en las protestas de 2019. La medida de gracia ha tenido hasta ahora, sin embargo, escaso ¨¦xito entre los pol¨ªticos que lideraron el proc¨¦s, empezando por el expresident Carles Puigdemont, pese a que la norma se dise?¨® en parte para arreglar su situaci¨®n procesal: solo se ha aplicado a tres.

A diferencia de lo que ocurre en el d¨ªa a d¨ªa de la maquinaria de la justicia, ni la excesiva carga de trabajo ni la falta de recursos humanos o materiales explican que la amnist¨ªa camine con tanta timidez. Los jueces y tribunales, de hecho, s¨ª han reaccionado a tiempo a la publicaci¨®n en el BOE de la medida de gracia. Pero no para aplicarla sino, en muchos casos, para frenarla. El Gobierno y sus socios, especialmente los independentistas, les acusan de bloquear deliberadamente una ley que no les gusta. La mayor¨ªa de la judicatura, en cambio, considera que o bien la amnist¨ªa no es de aplicaci¨®n a los casos que investigan, o bien que suscitan dudas legales, lo que les ha llevado a elevar consultas al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) que suponen un frenazo en la aplicaci¨®n de la ley y obligar¨¢n a los interesados a esperar.

Con parte del Govern que organiz¨® el 1-O entre rejas, ?mnium Cultural ¡ªuna de las entidades que dirigi¨® el apoyo popular al proc¨¦s¡ª plante¨® por primera vez la necesidad de una amnist¨ªa. La idea adquiri¨® visos de hacerse realidad cuando, tras las ¨²ltimas elecciones, Pedro S¨¢nchez pas¨® a necesitar los votos de los diputados de Junts para su investidura. El texto se pens¨® inicialmente para dar una salida definitiva a una generaci¨®n pol¨ªtica en Catalu?a que lo hab¨ªa apostado todo a la independencia y que estaba afrontando graves consecuencias penales (prisi¨®n e inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos), pero tambi¨¦n econ¨®micas, con procesos abiertos en el Tribunal de Cuentas. El borrador se fue ampliando para incluir a todas las conductas delictivas ligadas al proc¨¦s y, en especial, a los j¨®venes que hab¨ªan dado apoyo al movimiento y estaban inmersos en causas penales, tambi¨¦n por delitos de terrorismo. Era la forma de poner fin, en palabras de ?mnium y del independentismo, a la ¡°represi¨®n¡± del Estado.

Recursos al TC y a Europa

Pero los pol¨ªticos que pensaron y dise?aron el texto para s¨ª mismos han sido, parad¨®jicamente, quienes han quedado (hasta ahora) m¨¢s al margen de la amnist¨ªa. Deber¨¢n transitar por una v¨ªa m¨¢s lenta, la de los recursos. El Tribunal Supremo concluy¨®, a principios de julio, que el delito de malversaci¨®n atribuido a los l¨ªderes independentistas (los ya condenados, como Junqueras, y los procesados, como Puigdemont) no es amnistiable. El instructor Pablo Llarena decidi¨® incluso mantener vigente la orden de detenci¨®n contra el expresident, que los Mossos no pudieron hacer efectiva el pasado jueves tras la breve y surrealista incursi¨®n del l¨ªder de Junts en Barcelona despu¨¦s de siete a?os huido.

Ha habido excepciones. Como la exalcaldesa de Figueres Marta Felip, pendiente de juicio por desobediencia por su apoyo al refer¨¦ndum. O la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, a la que Llarena s¨ª aplic¨® la amnist¨ªa al estar procesada por un delito de desobediencia, que ni siquiera implica penas de prisi¨®n sino solo de inhabilitaci¨®n. Rovira pudo regresar de su refugio en Suiza y respirar aliviada, lo mismo que el exconsejero de Interior Miquel Buch que, apenas dos semanas despu¨¦s de la entrada en vigor de la ley, se convirti¨® en el primer amnistiado. Buch hab¨ªa sido condenado a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel y 20 de inhabilitaci¨®n por contratar a un mosso para que hiciera de escolta de Puigdemont en B¨¦lgica. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) consider¨®, con criterio propio, que el delito de malversaci¨®n atribuido s¨ª deb¨ªa ser amnistiado porque no implic¨® un beneficio personal.

Los altos cargos del Govern de 2017 pendientes de juicio tambi¨¦n deber¨¢n esperar mucho m¨¢s que dos meses. Ante las dudas en su aplicaci¨®n, el TSJC ha remitido los casos de Josep Maria Jov¨¦ y Llu¨ªs Salvad¨® (considerados los arquitectos del 1-O) al Tribunal Constitucional y al TJUE. Lo mismo ocurre en el caso de los miembros de los llamados Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR) procesados por terrorismo: la Audiencia Nacional ha expresado sus dudas y ha preguntado si debe acudir a la justicia europea. Los pol¨ªticos s¨ª han salido airosos de otra causa por terrorismo, la de Tsunami Democr¨¤tic (el movimiento que organiz¨® protestas masivas tras la sentencia contra los l¨ªderes del proc¨¦s), pero no por la amnist¨ªa: un error del magistrado Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n en los plazos de instrucci¨®n oblig¨® a dar carpetazo al caso.

Hasta ahora, la mayor¨ªa de beneficiarios han sido activistas que en un momento dado se movilizaron a favor del proc¨¦s y acabaron investigados, procesados, juzgados o condenados (seg¨²n los casos) por delitos como atentado a la autoridad, des¨®rdenes p¨²blicos o lesiones. Los juzgados no han tenido dudas en sus casos y en las ¨²ltimas semanas se ha sucedido un goteo de decisiones similares, por lo general durante el proceso de revisi¨®n de sentencias. Ese proceso se ha frenado con la llegada de agosto, mes inh¨¢bil en los juzgados, pero previsiblemente seguir¨¢ haciendo crecer el n¨²mero de amnistiados en los pr¨®ximos meses.

Los independentistas no son mayor¨ªa entre los amnistiados. Con la foto fija de los dos meses desde la entrada en vigor, esa mayor¨ªa la forman agentes de polic¨ªa: 50 en total. De ellos, 46 son antidisturbios del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa que estaban a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por lesiones y delitos contra la integridad moral; su actuaci¨®n para reprimir las votaciones del 1-O fue ¡°desproporcionada¡±, pero la ley tambi¨¦n prev¨¦ exonerarlos de responsabilidad penal. Lo mismo ocurri¨® con otros cuatro mossos que esperaban juicio por agredir a manifestantes en octubre de 2019, durante las protestas contra la sentencia del proc¨¦s.

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