Ley catalana de transparencia: una d¨¦cada, dos velocidades

La ley catalana de transparencia, acceso a la informaci¨®n p¨²blica y buen gobierno cumple este diciembre una d¨¦cada de andadura. Tras decaer su tramitaci¨®n en el Parlament por el adelanto electoral de Artur Mas en 2012, el alumbramiento de la norma lleg¨® en un momento de gran descr¨¦dito hacia la pol¨ªtica y los pol¨ªticos. Eso explica en parte cierta ambici¨®n y af¨¢n ejemplificante en su articulado, incluyendo algunos mecanismos in¨¦ditos entonces en el Estado. El consenso entre expertos y responsables de diferentes ¨®rganos relacionados con la ley es que el balance es positivo: cada vez m¨¢s ciudadanos acceden a m¨¢s datos, de mejor calidad, y las administraciones han vivido un cambio cultural sobre la rendici¨®n de cuentas. Tambi¨¦n concuerdan en qu¨¦ queda pendiente: falta un r¨¦gimen sancionador efectivo, avanzar en el despliegue reglamentario y buscar f¨®rmulas para que los municipios peque?os cumplan al mismo nivel de la Generalitat o las Diputaciones.

Las intervenciones del pleno del 18 de diciembre de 2014, cuando se aprob¨® finalmente el texto, dan cuenta de un descr¨¦dito ciudadano, que la crisis econ¨®mica termin¨® por agravar. ¡°Es una ley respuesta. No hay que ir a mirar los ¨ªndices de Transparencia Internacional del Estado espa?ol o de Catalu?a para observar que todos tenemos un grave problema de corrupci¨®n y de desafecci¨®n pol¨ªtica y democr¨¢tica¡± confes¨® entonces la diputada de ERC, Gemma Calvet. En escena estaban, efectivamente, casos de corrupci¨®n como Pretoria, B¨¢rcenas o el Palau de la M¨²sica

El texto elaborado en el seno del Parlament y de la que fue ponente el convergente Llu¨ªs Maria Corominas, sali¨® adelante con 108 votos a favor (CiU, ERC, PSC y PP), 3 en contra (CUP) y 22 abstenciones (ICV-EUiA y Cs). Mas firm¨® la ley el dia 29 y el grueso de las medidas que conten¨ªa en ¨¢mbitos como la publicidad activa, el acceso a la informaci¨®n p¨²blica, la integridad de los trabajadores p¨²blicos y el buen gobierno entraron en efecto seis meses despu¨¦s. El S¨ªndic de Greuges, la Oficina Antifraude de Catalu?a (OAC) y la Comisi¨®n de Garant¨ªa del Derecho al Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica (GAIP) son tres de las entidades con responsabilidades derivadas de la norma.

¡°La ley puso en la agenda de las instituciones y en la cultura organizacional de los servidores p¨²blicos el tema de la transparencia; poner en el centro la importante de difundir un alto grado de datos y facilitar el acceso de la ciudadan¨ªa a estos¡±, defiende Agust¨ª Cerrillo, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). ¡°Por un lado la ciudadan¨ªa ha salido reforzada al poder exigir una mejor rendici¨®n de cuentas y la transparencia dentro de las instituciones conlleva a un fomento de la integridad¡±, agrega Olinda An¨ªa, directora adjunta de la OAC.

Pero m¨¢s all¨¢ del cambio cultural y pese a esa voluntad regeneradora del legislativo, la ley naci¨® con un pecado original: no se aprob¨® una memoria econ¨®mica que permitiera garantizar la exigente bater¨ªa de medidas. Esa desproporci¨®n, asegura el ¨²ltimo informe transparencia de la S¨ªndica, es la ¡°causa principal del despliegue limitado¡± del articulado. ¡°Hay obligaciones homog¨¦neas para entidades que son muy heterog¨¦neas¡±, critica An¨ªa.

¡°El acceso a datos sobre Presupuestos o contrataci¨®n p¨²blica que hoy damos por sentado ha sido gracias a esta norma¡±, tercia Ismael Pe?a-L¨®pez, exdirector de la Escuela de Administraci¨®n P¨²blica. La obligaci¨®n a tener que publicitar cierta informaci¨®n sobre la gesti¨®n, de manera activa por parte de las diferentes Administraciones, es una de las claves de la ley. El tambi¨¦n catedr¨¢tico de la UOC va m¨¢s all¨¢ y cree que a norma, al poner la informaci¨®n y el dato en el centro de la gesti¨®n, ha repercutido en la mejora del funcionamiento, por ejemplo, de los ayuntamientos.

Sin embargo, este punto ejemplifica la brecha entre administraciones, seg¨²n su tama?o y el personal que dedican al tema de la transparencia. Seg¨²n los datos del informe del S¨ªndic, interpretados por la Fundaci¨® Pi i Sunyer, mientras que en los consistorios de m¨¢s de 50.000 habitantes el cumplimiento de publicidad activa en convenios y subvenciones es del 100%, en los que tienen entre 500 y 5.000 habitantes solo supera el 61%. La distancia es de nueve puntos porcentuales si se mira la contrataci¨®n p¨²blica. Los expertos coinciden en loar el trabajo hecho por el Consorci Administraci¨® Oberta de Catalunya para poner al alcance de todas las entidades las herramientas para cumplir con la exigencias. ¡°Casi dos tercios de las Administraciones sujetas a la ley no disponen de una persona que se dedique a tiempo completo a darle su cumplimiento¡±, dice el informe de la S¨ªndica.

No solo las entidades han ganado conciencia sobre la transparencia. Tambi¨¦n el n¨²mero de peticiones de acceso a la informaci¨®n se ha multiplicado por seis entre 2015 y 2023 (¨²ltimo dato disponible), pasando de 3.785 a 23.710, seg¨²n datos de la S¨ªndica. Esa entidad tiene por encargo de la ley hacer una memoria anual sobre la aplicaci¨®n y hace una encuesta entre diferentes administraciones para conocer el avance. Ir¨®nicamente, el Parlament, que cuenta con su propio r¨¦gimen de transparencia, queda fuera de esa supervisi¨®n.

M¨¢s peticiones

La S¨ªndica, seg¨²n su encuesta, percibe que un 20% de esas peticiones de informaci¨®n p¨²blica no son respondidas. Y ah¨ª entra en juego la GAIP. Ese ¨®rgano atiende las reclamaciones ante ese silencio. De las 37 quejas recibidas en 2015, han pasado a las 1.314 del a?o pasado. Iolanda Pineda, su presidenta, pone de manifiesto c¨®mo la falta de un r¨¦gimen sancionador efectivo termina lastrando la efectividad de hacer valer el derecho a la informaci¨®n p¨²blica. ¡°La ley insta a que sea la misma entidad que se ha negado a dar la informaci¨®n la que se autoinvestigue¡±, explica. ¡°Hay que ganar en capacidad ejecutiva y sancionadora¡±, apunta.

La Comisi¨®n de Garant¨ªa del Derecho al Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica, explica Pineda, tambi¨¦n se ha enfrentado estos a?os a dar batallas jur¨ªdicas para que se entregaran datos muy espec¨ªficos que no se otorgaban asegurando que implicaban un ¡°trabajo complejo¡±. ¡°Terminamos explic¨¢ndole a un Ayuntamiento c¨®mo ten¨ªa que desglosar el Excel¡±, recuerda la presidenta, que recuerda la importancia de que haya equipos multidisciplinares en estas entidades. La GAIP, cuyos miembros estuvieron en funciones por culpa del bloqueo pol¨ªtico en el Parlament durante el proc¨¦s, solo cuenta con un presupuesto de 17.000 euros anuales.

La tercera pata de la normativa implica el buen gobierno y la integridad. ¡°La transparencia es un term¨®metro en temas de prevenci¨®n¡±, asegura An¨ªa. La OAC ha recibido este a?o 55 denuncias por presuntos conflictos de intereses de servidores p¨²blicos. En 2015 fueron menos de la mitad (20). Ah¨ª ha sido clave, por ejemplo, la obligaci¨®n de los altos cargos de declarar posibles incompatibilidades y hacer p¨²blicas sus agendas. En este ¨²ltimo punto, la creaci¨®n de registros de grupos de inter¨¦s o lobbies es clave y una vez m¨¢s se nota la brecha entre peque?os municipios y grandes administraciones. ¡°El reto es conocer la trazabilidad de esas presiones¡±, apunta la profesora de la UB, Irene Aragu¨¤s.