La mayor¨ªa progresista del Parlament convalida el decreto ley para sancionar los incumplimientos en el tope del alquiler

En un debate marcado por la divisi¨®n entre bloques ideol¨®gicos, los grupos de PSC, Esquerra Republicana (ERC), Comuns y la CUP han votado este mi¨¦rcoles en el Parlament a favor de convalidar el decreto ley que regula un r¨¦gimen sancionador para garantizar que se cumpla el tope del precio de los alquileres. Esto incluye sanciones que pueden elevarse hasta los 900.000 euros en los casos m¨¢s graves, algo que las bancadas conservadoras del hemiciclo han catalogado como ¡°multas desproporcionadas¡±. Este r¨¦gimen sancionador era una de las exigencias de los Comunes para apoyar la investidura de Salvador Illa.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transici¨®n Ecol¨®gica de la Generalitat, S¨ªlvia Paneque, ha defendido en el pleno que el r¨¦gimen sancionador es la medida eficiente para que la ley ¡°sea respetada¡±, refiri¨¦ndose a normativa de vivienda catalana, que contempla un control del precio del alquiler. Adem¨¢s, ha apelado a todos los grupos parlamentarios a dar apoyo para que vivir en Catalu?a por un precio razonable sea ¡°un sentimiento compartido entre todos los grupos¡±. La votaci¨®n se ha resuelto con 70 votos a favor y 62 en contra, con 0 abstenciones. Un resultado que se ha materializado en la sala con una clara divisi¨®n entre los bloques progresistas -a la mayor¨ªa de la investidura se ha sumado la CUP- y conservadores, que se han alineado de forma similar en cuanto a la defensa o el reproche hacia las medidas presentadas en el decreto ley.

Pese a su voto afirmativo, Esquerra ha querido llamar la atenci¨®n a los socialistas argumentando que el r¨¦gimen sancionador es ¡°necesario pero insuficiente¡±. La portavoz del grupo, y exconsejera, Ester Capella, ha destacado que el articulado preparado por el Ejecutivo deja de lado la regulaci¨®n del alquiler de temporada y del de habitaciones, y ha reprochado al PSC que en su d¨ªa no colaborara para sacar adelante el decreto en esta materia presentado por el Govern de Esquerra en 2023. Los socialistas y Junts juntaron entonces sus votos para hundirlo.

En esta l¨ªnea, los Comunes, que pactaron esta medida con el PSC como moneda de cambio para hacer President a Illa, han lanzado un dardo ante el bloque opositor respecto a las sanciones: ¡°?Por qu¨¦ siempre defienden el cumplimiento de la ley menos en este caso? Refiri¨¦ndose al posicionamiento de Junts, PP, Vox y Alian?a Catalana en contra del decreto ley. Y la diputada del grupo, Susana Segovia, ha defendido la intervenci¨®n en el mercado como una medida necesaria para ¡°el estado del bienestar¡± y ha querido recordar que las Comunidades Aut¨®nomas tienen competencias en ¡°r¨¦gimen sancionador¡±.

En este sentido, la diputada de los Comunes ha comparado la situaci¨®n actual de ¡°crisis de vivienda¡± con la crisis de la pandemia: ¡°en ese entonces se regul¨® el precio de las mascarillas y las PCR para hacerlos m¨¢s accesibles en una situaci¨®n de urgencia m¨¦dica, una medida as¨ª es necesaria de nuevo, ya que la emergencia de vivienda tambi¨¦n afecta a la salud de las personas¡±. Por su parte, la CUP, pese a apoyar la resoluci¨®n, ha pedido a Paneque ¡°m¨¢s protagonismo¡± de ahora en adelante, puesto que ellos ¡°ya hab¨ªan presentado este tipo de propuestas muchas veces¡±, ha asegurado su diputada Laure Vega.

Junts, PP y Vox, contra las zonas tensionadas

Tanto el Partido Popular (PP) como Junts se han alineado para defender al peque?o propietario, al que consideran que se le est¨¢ persiguiendo con las medidas, y han reclamado ¡°m¨¢s incentivos y menos castigos¡± para aquellas personas que pongan su vivienda en alquiler. Los populares han ido m¨¢s all¨¢ y han calificado el decreto como ¡°inconstitucional¡±, ya que ¡°va en contra del principio de proporcionalidad recogido en la Carta Magna¡±.

Ese mismo bloque ha coincido tambi¨¦n en la petici¨®n de derogar las zonas tensionadas, la figura legal mediante la cual se establece la demanda de vivienda y se calcula el tope del alquiler. Un total de 271 municipios catalanes est¨¢n en esas zonas y por ello han pedido que se deje de ¡°castigar y criminalizar al propietario¡± para garantizar que pongan sus inmuebles en el mercado. En ese sentido, Paneque ha destacado que las sanciones a aquellos que se salten el tope del precio tendr¨¢n en cuenta la proporcionalidad y la reincidencia, as¨ª como el volumen de activos del propietario y el beneficio que extraiga de ello. As¨ª se busca hacer una clara diferenciaci¨®n entre los peque?os propietarios y los grandes fondos.

Las sanciones se aplicar¨¢n en aquellos casos en que el alquiler de viviendas por encima de la renta m¨¢xima definida por el sistema de referencia de los precios de arrendamiento, y se tipificar¨¢n seg¨²n su gravedad. Se considera una infracci¨®n ¡°grave¡± si la renta sobrepasa el importe m¨¢ximo permitido en una cantidad igual o inferior al 30%, y ¡°muy¡± grave en caso de que sea superior al 30%. Es por ello que el decreto contempla un incremento gradual de las sanciones, que podr¨ªan llegar a los 900.000 euros. Esta capacidad sancionadora ya se contemplaba en la Ley de Vivienda de Catalu?a, vigente desde 2007.

Por otro lado, los Comunes han aprovechado la sesi¨®n de control al president para presentar otro pacto alcanzado con el Govern. La l¨ªder de ese grupo en la C¨¢mara. J¨¦ssica Albiach, ha asegurado que se construir¨¢n hasta 1.200 viviendas protegidas en catorce solares de propiedad de la Generalitat. ¡°Es un primer paso importante para ampliar el parque p¨²blico de Catalu?a en una situaci¨®n de emergencia habitacional como la que sufrimos¡±, ha reivindicado Albiach que, sin embargo, ha pedido al Govern de que busque f¨®rmulas para evitar que las viviendas protegidas pierdan esa condici¨®n y no salgan del parque p¨²blico.