Aragon¨¨s se anticipa a Puigdemont y reta a S¨¢nchez con una propuesta de refer¨¦ndum en campa?a
El informe encargado por el ¡®president¡¯ a un organismo de la Generalitat defiende que el art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n permitir¨ªa la consulta sobre la independencia, a pesar de la jurisprudencia en contra del Constitucional
La celebraci¨®n de un refer¨¦ndum pactado sobre la independencia de Catalu?a ser¨¢ uno de los caballos de batalla de Pere Aragon¨¨s (ERC) en su b¨²squeda de la reelecci¨®n como president de la Generalitat. El l¨ªder republicano quiso darle empaque a esa v¨ªa, con la presentaci¨®n el martes de un informe del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA) que ve encaje constitucional para esa votaci¨®n en el art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n. La maniobra, que el PP denunci¨® ante la Junta Electoral, es un desaf¨ªo al Gobierno de Pedro S¨¢nchez, que ve c¨®mo uno de sus socios en el Congreso insiste en una contrapartida que los socialistas han rechazado sistem¨¢ticamente. Aragon¨¨s tambi¨¦n busca marcar territorio en campa?a ante sus competidores de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, que ya han dicho que tambi¨¦n exigir¨¢n el refer¨¦ndum esta legislatura. La pregunta propuesta es: ¡°?Quiere que Catalu?a sea un Estado independiente?¡±.
¡°Votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y solo es una cuesti¨®n de voluntad pol¨ªtica, como la amnist¨ªa¡±, asegur¨® Aragon¨¨s tras recibir el informe de manos del director del IEA, el jurista y exsecretario general de ERC Joan Ridao. El jefe del Govern explic¨® que el documento recoge tres v¨ªas para poder celebrar la votaci¨®n, pero que ve como ¡°¨®ptima¡± la del punto 92 de la Ley Fundamental, que permite al Estado someter a refer¨¦ndum consultivo de ¡°todos los ciudadanos¡± las ¡°decisiones pol¨ªticas de especial trascendencia¡±.
Los juristas argumentan que la Constituci¨®n no se opone de forma expresa o literal a la celebraci¨®n de una consulta refrendaria en la que se pueda medir el posicionamiento de la ciudadan¨ªa sobre la independencia ¡°siempre que los resultados de esa consulta abrieran, simplemente, las puertas a una negociaci¨®n de buena fe entre los actores territoriales¡±. Y soslaya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional opuesta a la celebraci¨®n de la votaci¨®n, inscribiendo esos posicionamientos en el ¡°conflicto entre las instituciones catalanas y las instituciones estatales¡±.
Que Aragon¨¨s enarbole en este momento la bandera del refer¨¦ndum pactado no es gratuito y menos que compare su factibilidad con la de la ley de amnist¨ªa a los l¨ªderes del proc¨¦s, en tr¨¢mite en las Cortes. Como ha sucedido con la propuesta de financiaci¨®n singular para Catalu?a, que hizo p¨²blica hace una semana y tambi¨¦n top¨® con el no del Ejecutivo central, el Govern llevaba meses de trabajos preparatorios para tener listo el llamado Acuerdo de claridad. Tanto esa hoja de ruta para acordar las reglas de un refer¨¦ndum con el Gobierno como la mejora en la financiaci¨®n iban a ser elevados a la mesa de negociaci¨®n, pero el adelanto electoral en Catalu?a trunc¨® esos planes. El president defendi¨® el martes su presentaci¨®n pese a que sea le¨ªa en clave completamente electoral. ¡°No voy a dejar nada en el caj¨®n¡±, defendi¨®, adelant¨¢ndose a la denuncia ante la Junta Electoral Central del PP.
Pero el republicano tambi¨¦n busca marcar territorio ante su exsocio en el Govern, en un momento de m¨¢xima competencia entre las formaciones independentistas y donde la irrupci¨®n de Carles Puigdemont como candidato es toda una amenaza. Los republicanos vieron como durante las negociaciones de la investidura de S¨¢nchez, Junts logr¨® centrar el foco y llegar a erigirse como el ¨¢rbitro de los t¨¦rminos de la amnist¨ªa, una ley que desde 2020 ERC hab¨ªa defendido casi en solitario. En la puesta de largo de su candidatura en Elna (Francia), Puigdemont dej¨® claro que presionar¨¢ tambi¨¦n en el Congreso por un refer¨¦ndum pactado. ¡°Tenemos el deber de intentar acordar un refer¨¦ndum y si lo proponemos, es tan factible como la amnist¨ªa¡±, dijo, pues considera que solo una nueva votaci¨®n puede reemplazar el ¡°mandato¡± de la del 1-O de 2017, que la justicia declar¨® ilegal.
La presentaci¨®n del informe llega despu¨¦s de que ERC chocara abiertamente con el PSOE, hace una semana, a cuenta de unas declaraciones de su secretaria general, Marta Rovira. Desde Suiza, donde reside para evitar responder ante la justicia espa?ola, la n¨²mero dos de los republicanos asegur¨® en una entrevista a El Peri¨®dico de Catalunya que ya negociaba con los socialistas sobre el refer¨¦ndum, en la mesa de coordinaci¨®n entre ambos partidos. Tanto el Gobierno como el PSOE negaron con vehemencia esa versi¨®n. Los socialistas intentan alejar la reivindicaci¨®n independentista de la campa?a, a donde creen que Junts y ERC quieren llevar el debate, pese a que las encuestas muestran una ca¨ªda en la preocupaci¨®n por las relaciones entre Catalu?a y Espa?a.
El informe jur¨ªdico presentado el martes hab¨ªa sido encargado el 16 octubre, en el marco del proceso de dise?o del Acuerdo de claridad. Aragon¨¨s solicit¨® al IEA que identificara y concretara las v¨ªas jur¨ªdicas para llevar a cabo un refer¨¦ndum ¡°inspirado¡± en el celebrado en Escocia en 2014. Ese modelo era uno de los propuestos por un grupo de expertos de ideolog¨ªas diversas que, hace un a?o, hab¨ªan tambi¨¦n sido convocados por el president para que evaluara diferentes escenarios de refer¨¦ndum. En ese momento tambi¨¦n el Gobierno neg¨® la posibilidad de celebrar esa votaci¨®n y ni Junts ni la CUP mostraron inter¨¦s en la propuesta.
Solo Esquerra Republicana recogi¨® el guante y puso sobre la mesa el proyecto que en 2022 recibi¨® el visto bueno del congreso del partido. Si m¨¢s de la mitad del censo catal¨¢n participaba en esa votaci¨®n (permitiendo a los mayores de 16 a?os acudir a las urnas) y el s¨ª obten¨ªa m¨¢s del 55% de los votos (el umbral usado en el refer¨¦ndum de Montenegro en 2006), el Gobierno central tendr¨ªa que abrir una negociaci¨®n para pactar la independencia.
Sin embargo, el encargo de Aragon¨¨s no hizo referencia a esas condiciones y el informe jur¨ªdico las omite. As¨ª, no incluye ning¨²n tipo de m¨ªnimos de participaci¨®n o de resultado para dar por v¨¢lida una votaci¨®n que s¨ª considera, bas¨¢ndose en las recomendaciones de la Comisi¨®n de Venecia, tiene que ser binaria y lo m¨¢s clara posible. S¨ª recomienda que se circunscriba solo al territorio de la comunidad aut¨®noma de Catalu?a y que el censo electoral sea el mismo que se utiliza para unas elecciones al Parlament.
Ridao y el resto de los juristas que redactaron el informe ponen el acento en que el encaje constitucional del refer¨¦ndum se enmarca en el esp¨ªritu de la sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, donde se invalid¨® la Declaraci¨®n de soberan¨ªa y del derecho a decidir del pueblo de Catalu?a votada en 2013 por el Parlament. Si bien aceptan que limita las aspiraciones del independentismo, ¡°sostiene que los poderes pol¨ªticos est¨¢n llamados a resolver mediante el di¨¢logo y la cooperaci¨®n los problemas que se desarrollan en ese ¨¢mbito¡±.
El informe tambi¨¦n identifica otras v¨ªas alternativas, pero que s¨ª implican reformas, aunque alerta de que puedan ser vistas como cambios ad hoc, yendo as¨ª en contra de las recomendaciones de la Comisi¨®n de Venecia. Una es la modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica sobre Regulaci¨®n de Diferentes Modalidades de Refer¨¦ndum (2/1980). La otra, una delegaci¨®n de las funciones estatales para autorizar refer¨¦ndums a trav¨¦s del art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n, un camino que ya intentaron sin ¨¦xito los independentistas en 2014.
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