Radiograf¨ªa de la vivienda en Euskadi: la tormenta perfecta en pleno conflicto de competencias

Desde el pasado 20 de marzo no puede entrar, pero cada ma?ana, Juli¨¢n Gurrutxaga, de 73 a?os, acude a su antiguo caser¨ªo en Astigarraga, donde naci¨® y vivi¨® toda su vida. ¡°Estaba dando de comer a las gallinas y los conejos y de repente lleg¨® una comitiva a decirme que me desahuciaban, pero a m¨ª nadie me hab¨ªa avisado de nada. Cambiaron la cerradura y solo me dejaron coger un neceser, me qued¨¦ con lo puesto. Sigo yendo cada d¨ªa a dar de comer a mis animales¡±, relata. Rosa Garc¨ªa P¨¦rez, presidenta de Stop Desahucios de Gipuzkoa, expone el caso en la reuni¨®n semanal de la plataforma en un local frente al estadio donostiarra de Anoeta: ¡°La sobrina de Juli¨¢n pidi¨® un pr¨¦stamo a un usurero que encontr¨® por internet, con unas condiciones leoninas y el caser¨ªo como aval. Al no poder pagar, se inici¨® una demanda de ejecuci¨®n hipotecaria. En el desahucio se produjeron muchas irregularidades y todo est¨¢ recurrido¡±. Da ¨¢nimos a Juli¨¢n: ¡°Est¨¢s mal, pero todos aqu¨ª lo est¨¢n y vamos a lucharlo¡±.

Durante tres horas, 20 personas con problemas para pagar sus viviendas escuchan a Rosa, de 75 a?os, invocar leyes, decretos, c¨®digos de buenas pr¨¢cticas... Cita de carrerilla disposiciones adicionales de normas estatales y auton¨®micas. Licenciada en Ciencias Pol¨ªticas, lleva m¨¢s de una d¨¦cada, desde que se jubil¨®, ayudando a vecinos vulnerables. ¡°En 2015, cuando los telediarios abr¨ªan con los piquetes contra las ejecuciones hipotecarias, promovimos la declaraci¨®n de municipios libres de desahucios. Ahora tenemos muchos problemas por la subida del eur¨ªbor, la renta antigua, los fondos buitre que acechan las viviendas de protecci¨®n oficial, los prestamistas usureros... La vivienda sigue siendo el gran problema de este pa¨ªs y la situaci¨®n en Gipuzkoa, y en San Sebasti¨¢n en particular, es especialmente grave¡±.

El metro cuadrado cuesta de media en Espa?a 2.079 euros. En Euskadi, 2.901, y en San Sebasti¨¢n escala hasta los 5.465, seg¨²n el portal inmobiliario Idealista. En alquiler tambi¨¦n se han batido todos los r¨¦cords: el metro cuadrado en la capital gipuzcoana est¨¢ a 17,1 euros; 4,4 m¨¢s que la media del pa¨ªs. Mario Yoldi, director de Planificaci¨®n y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno vasco, explica: ¡°El alquiler nunca hab¨ªa sido tan caro aqu¨ª. Y cuando el mercado se dispara, aunque los salarios mejoren, la clase media tiene dificultades para acceder a la vivienda y se produce un trasvase al sistema p¨²blico. En un a?o bueno entregamos 5.000 viviendas de protecci¨®n, pero la demanda es extraordinaria: tenemos 86.000 peticiones detr¨¢s de las cuales hay unas 150.000 personas. Y somos una comunidad de 2,1 millones de habitantes¡±. Yoldi expone los datos de inversi¨®n p¨²blica: ¡°El Gobierno vasco gasta el 1,1% de su PIB en pol¨ªtica de vivienda. La media europea est¨¢ en el 1,5% y la espa?ola por debajo del 0,5% del PIB. Una de cada tres viviendas de protecci¨®n en Espa?a se hace en Euskadi y cerca de 35.500 hogares reciben una prestaci¨®n mensual al alquiler¡±. Y a continuaci¨®n a?ade: ¡°Somos conscientes de que, dada la situaci¨®n del mercado, lo que hacemos es insuficiente. Viena, que tiene un modelo de ¨¦xito, lleva aplic¨¢ndolo 100 a?os. Nosotros, 21. Hay que hacer mucho m¨¢s. Durante nueve meses negociamos con 90 organismos y asociaciones un plan de Vivienda que fija como objetivo tener 50.000 viviendas de alquiler social y 112.000 de protecci¨®n oficial en 2036¡±.

Euskadi obtuvo las competencias en la materia en 1981. En 2015, con el voto en contra del PNV y el PP, el Parlamento Vasco aprob¨® la ley auton¨®mica de vivienda (impulsada por los socialistas y rechazada por el lehendakari I?igo Urkullu), que recoge expl¨ªcitamente el derecho subjetivo de los ciudadanos a una casa digna si carecen de los recursos econ¨®micos para conseguir una. El candidato peneuvista a la Lehendakaritza, Imanol Pradales, la defiende ahora en los debates electorales frente a la ley estatal, que el Gobierno vasco ha recurrido al Tribunal Constitucional al considerar que invade sus competencias, lo que ha provocado roces en el bipartito, ya que esta consejer¨ªa depende de su socio, el PSE.

El conflicto es ampliamente abordado en la reuni¨®n de Stop Desahucios. ¡°La ley vasca¡±, explica la presidenta de la plataforma, ¡°es muy progresista en muchos aspectos, pero se ha quedado anticuada porque, al contrario que la estatal (2023) no aborda el problema de las zonas tensionadas [donde el coste de la vivienda supera el 30% de los ingresos del inquilino y los precios hayan subido en los cinco a?os anteriores tres puntos por encima del IPC de la comunidad]. Lo que ocurre es que el PNV es como el perro del hortelano: ni come, ni deja comer porque est¨¢ impugnando art¨ªculos de esa norma que son esenciales para limitar los precios abusivos del alquiler, que ahora mismo son el motivo fundamental de las demandas de desahucio por impago. Mientras no se declare un municipio como zona tensionada, una vez que finaliza el contrato de alquiler, el inquilino no puede solicitar una pr¨®rroga de tres a?os con el precio que ya ten¨ªa¡±. Es lo que le ocurre a Miguel ?ngel Medrano, de 81 a?os, residente en Irun (Gipuzkoa). ¡°Mi casa ahora est¨¢ en manos de un fondo buitre. Si el 24 de julio no me dan una pr¨®rroga, no podr¨¦ pagar los precios de ahora¡±. Rosa tambi¨¦n le da ¨¢nimos: ¡°Pudiste con la operaci¨®n de coraz¨®n y vas a poder con esto. Lo que necesitamos es que todo el mundo haga sus deberes: que los 41 municipios vascos que cumplen los requisitos para ser declarados zonas tensionadas env¨ªen la documentaci¨®n a la Hacienda Foral para que a su vez la remita al ministerio. Esa es la v¨ªa para congelar la escalada en el alquiler¡±.

Stop Desahucios tambi¨¦n reclama que se introduzca ¡°un corrector¡± en el c¨®digo de buenas pr¨¢cticas bancarias para ayudar a familias vulnerables que no pueden pagar la cuota de sus pr¨¦stamos e impedir los desahucios porque la subida del eur¨ªbor lo ha dejado pr¨¢cticamente sin efecto. Es el problema que tiene Elena Pando, de 60 a?os. ¡°En 2007, compr¨¦, con un pr¨¦stamo de 241.500 euros y 40.000 de entrada, una casa para mi hija y para m¨ª. Ten¨ªa un contrato temporal. Con la crisis dejaron de llamarme para trabajar y dej¨¦ de pagar. Me concedieron una carencia, pero ahora me piden una cuota de 1.260 euros y mis ingresos son de 740 euros¡±. A Jos¨¦ Ram¨®n, con una discapacidad del 71%, y su mujer, Mercedes, les pasa algo similar: la cuota supera el 50% de lo que perciben. ¡°En la ¨¦poca en la que compraron sus viviendas¡±, explica Rosa Garc¨ªa, ¡°los bancos daban pr¨¦stamos como churros. El c¨®digo de buenas pr¨¢cticas bancarias fue una herramienta muy ¨²til para evitar desahucios porque permit¨ªa una carencia y cuotas asequibles, pero el eur¨ªbor se ha disparado tanto que ya no lo son, por lo que pedimos que se introduzca un corrector para cuando alcance determinadas cifras¡±.

Euskadi comparte con otros territorios los problemas derivados de la proliferaci¨®n de pisos tur¨ªsticos ¡ªtiene 5.000 registrados, la mitad de ellos en San Sebasti¨¢n¡ª, que se suma a una escasez de casas en alquiler, en muchos casos, en mal estado. ¡°Tenemos el parque de vivienda m¨¢s antiguo de Espa?a¡±, explica Yoldi. ¡°El a?o pasado, el valor econ¨®mico de la rehabilitaci¨®n de edificios fue del 60%, superior a la inversi¨®n en obra nueva: un 40%¡±. Arantxa Zubillaga, de 67 a?os, tiene un contrato de renta antigua en el barrio de Gros de San Sebasti¨¢n. ¡°Hace unos meses, casi se nos cae el techo de la cocina encima y empez¨® a llover dentro de casa porque el propietario no ha invertido un euro en mantenimiento. Nos hacen la vida imposible para que nos larguemos. En ese edificio ¨¦ramos 11 con contratos de renta antigua y ahora solo quedamos dos¡±. Rosa Garc¨ªa a?ade: ¡°Suelen ser casas muy grandes y ahora el negocio est¨¢ en el subarriendo de habitaciones. En esa zona pueden sacar hasta 500 euros por un cuarto, por eso les interesa expulsar con malas pr¨¢cticas a los inquilinos que llevan ah¨ª toda la vida con contratos baratos¡±.

Desde 2003, todas las viviendas protegidas que se construyen conservan esa calificaci¨®n de manera permanente, pero las anteriores pasan al mercado libre. Es lo que preocupa a las familias que residen en las 520 VPO de Benta Berri, en el barrio del Antiguo. ¡°Accedimos a esa vivienda hace 26 a?os¡±, explica Josetxo Ca?ada, ¡°y a los 30 vuelven al libre mercado. Los fondos buitre se frotan las manos porque una vez que termine el periodo de protecci¨®n, subir¨¢n la renta un 40 o un 50 por ciento¡±. Antxon Pro, vecino de la misma promoci¨®n, a?ade: ¡°Somos cerca de 2.000 personas los que vivimos ah¨ª y no podemos afrontar alquileres de 1.300 euros. O hacen algo, o ser¨¢ una hecatombe social¡±.

La Administraci¨®n trata de captar casas por todas las v¨ªas, tambi¨¦n incentivando y penalizando ¨Dla estrategia de ¡°palo y zanahoria¡±, comenta Yoldi¨D con un canon a los que las tienen vac¨ªas, pero el ritmo de todas las pol¨ªticas de vivienda es inferior a la velocidad a la que escalan los precios. Y afecta a todos los sectores de la sociedad: a mayores con problemas para pagar su hipoteca o alguiler y a j¨®venes que aspiran a salir de casa de sus padres. Maddi Gald¨®s, de 25 a?os, t¨¦cnica de vivienda del Consejo de la Juventud de Euskadi, explica: ¡°Si retrasas la emancipaci¨®n por la dificultad de acceso a la vivienda, todo se retrasa, tambi¨¦n tu proyecto de vida y la tasa de natalidad lo demuestra¡±. En Espa?a es de 6,8 nacimientos por cada 1.000 habitantes y en Euskadi, de 6,1. Seg¨²n los ¨²ltimos datos del Observatorio del Consejo de la Juventud de Espa?a, la tasa de emancipaci¨®n en Euskadi era, a mediados 2023, del 14,8%, un punto y medio porcentual menos que en el conjunto del pa¨ªs, a pesar de que el paro juvenil ha bajado en el territorio. Ni siquiera dedicando el 100% del salario joven mediano mensual podr¨ªan permitirse vivir en solitario y el coste mediano de una habitaci¨®n en un piso compartido supera el 40% del salario. La compra es todav¨ªa m¨¢s dif¨ªcil: un joven vasco tendr¨ªa que dedicar todo su sueldo de siete a?os solo al pago de la entrada.

El mercado de la vivienda se ha convertido en uno de los principales productores de desigualdad, un m¨¦todo de transferencia de renta de los que menos recursos tienen a los que m¨¢s; de los m¨¢s j¨®venes a los mayores, y donde parece m¨¢s rentable alquilar una vivienda o local, el rentismo, que emprender un negocio. ¡°El sector de la construcci¨®n y el inmobiliario¡±, explica Mario Yoldi, ¡°tienen que tener un peso razonable, no pueden ser, con el turismo, los elementos fundamentales de una econom¨ªa, porque eso no es sostenible en el tiempo, genera desigualdades y desincentiva el esp¨ªritu emprendedor o las inversiones productivas en la industria. Durante un tiempo hubo un cierto equilibrio que se empez¨® a romper con la burbuja inmobiliaria y la especulaci¨®n desmesurada. Los gobernantes se obsesionaron con el ladrillo. Tras el pinchazo vino la recesi¨®n y en el momento en el que m¨¢s falta hac¨ªa la intervenci¨®n del Estado para atender a todos los colectivos que empezaban a quedarse fuera del mercado, el presupuesto general para las pol¨ªticas de Vivienda se redujo a la mitad. Y cuando lleg¨® la recuperaci¨®n, los beneficios fueron a los que m¨¢s ten¨ªan y se complic¨® a¨²n m¨¢s el acceso a la vivienda. La soluci¨®n nos va a llevar a?os, no hay magia en esto, solo pol¨ªticas a largo plazo¡±.