Los denunciantes de la pr¨®rroga de la AP-9 llevan a Bruselas la ¡°desmesurada¡± compensaci¨®n por Rande
En Colectivo sostiene que Audasa cobrar¨¢ unos intereses que multiplican por seis el coste de las obras en Vigo y Santiago
En Colectivo, la asociaci¨®n que pleite¨® contra el cobro de peajes en el puente de Rande durante su ampliaci¨®n y que ha propiciado que la Comisi¨®n Europea analice la legalidad de la pr¨®rroga que deja la AP-9 en manos de Audasa hasta el 2048, ha denunciado en Bruselas que la concesionaria cobrar¨¢ un 600% de intereses en la factura por sobrecostes de las obras que ha calificado de ¡°desmesurados¡±.
La asociaci¨®n ha instado a la Direcci¨®n General de la Competencia de la UE a analizar la compensaci¨®n que recibir¨¢ la concesionaria de la autopista a cambio de las obras en el puente sobre la r¨ªa de Vigo y la creaci¨®n de nuevos carriles en Santiago. Seg¨²n En Colectivo, las dos ampliaciones tuvieron un coste de 228 millones de euros (276,4 millones seg¨²n las cuentas de Audasa) pero la concesionaria percibir¨¢ por ellas 1.465 millones por los intereses.
Dicha cantidad es la que la Comisi¨®n Galega da Competencia calcul¨® que cobrar¨¢ Audasa a cuenta de las subidas anuales extraordinarias en el precio de los peajes de un 1% otorgado a la empresa durante 20 a?os para resarcirse de su inversi¨®n en la ejecuci¨®n de estas obras. En Colectivo ha remitido este informe del organismo auton¨®mico a Bruselas para que determine la legalidad de la cuant¨ªa otorgada a Audasa, al constatar que se multiplica por seis el coste de las obras y que es muy superior a la que habr¨ªa que haber pagado si las ampliaciones se hubiesen cubierto con financiaci¨®n bancaria.
Diego Mara?a, presidente de En Colectivo, alude a una ¡°compensaci¨®n desmesurada¡±, al tiempo que acusa al Gobierno de obstruir el control de Audasa por obviar las peticiones de informaci¨®n que sobre las prerrogativas dadas a la concesionaria le han hecho organismos como el propio Consello Galego da Competencia. ¡°El Estado no est¨¢ interesado en que se investigue esta concesi¨®n, porque si se hace se pondr¨¢ de manifiesto el trato de favor a la concesionaria¡±, ha dicho el portavoz en declaraciones a Europa Press.
La denuncia se produce a dos d¨ªas para que venza el plazo dado por la Comisi¨®n Europea para que el Gobierno responda en el procedimiento de infracci¨®n abierto contra Espa?a por incumplir la normativa europea en las pr¨®rrogas de la concesi¨®n que promovi¨® En Colectivo. La UE advirti¨® que dicha decisi¨®n incumpli¨® las normas comunitarias al no haber sacado a concurso las obras por las que se otorg¨® la ampliaci¨®n del contrato.
La asociaci¨®n de consumidores ha criticado la actitud ¡°obstruccionista¡± del Gobierno central en la investigaci¨®n abierta a ra¨ªz de esa denuncia, y ha lamentado que ¡°trate de proteger los intereses¡± de la concesionaria. El Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez, a?ade, no ha dado pasos para anular esas pr¨®rrogas e incluso ¡°infringe el principio de colaboraci¨®n entre administraciones p¨²blicas¡± al no facilitar la informaci¨®n requerida por diferentes organismos, como la Comisi¨®n Galega da Competencia.
¡°El Estado est¨¢ asumiendo un coste incre¨ªblemente superior al que hubiese supuesto solicitar la financiaci¨®n de la obra a una entidad bancaria¡±, ha incidido el presidente de En Colectivo. Mara?a asegura que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha respondido a ning¨²n requerimiento de informaci¨®n sobre la existencia de alg¨²n informe t¨¦cnico que determine si una subida anual acumulativa del 1% en los peajes es una compensaci¨®n ¡°adecuada o excesiva¡±.
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