Perder la casa por un embrollo urban¨ªstico de 130 a?os

Unos d¨ªas antes de que en 2020 Espa?a se encerrara en casa para combatir el coronavirus, a la gallega Purificaci¨®n Castro Iglesias le lleg¨® una demanda judicial que dio un vuelco a su vida. La Comunidad de Montes de Cabral, la parroquia de la ciudad de Vigo en la que reside, le reclamaba la propiedad ¡°desde tiempo inmemorial¡± de la finca que acoge su casa y otras tres viviendas familiares. Los comuneros, que gestionan los montes de la zona seg¨²n un r¨¦gimen de propiedad colectiva propio de Galicia y de origen ancestral, fundamentan su reclamaci¨®n ante la justicia en documentos administrativos del siglo XIX con los que, en una d¨¦cada, han obtenido la titularidad de m¨¢s de 60 hect¨¢reas. El bisabuelo de esta vecina recibi¨® la parcela del Ayuntamiento de Vigo en 1952, a cambio del terreno que ¨¦l entreg¨® para construir el aeropuerto. ¡°?Acaso el Ayuntamiento nos vendi¨® algo que no era suyo?¡±, se pregunta ella sobre un asunto que ir¨¢ a juicio en noviembre.

La cruzada judicial de los comuneros de Cabral para hacer valer las fronteras de sus montes que midieron los top¨®grafos del siglo XIX ha puesto en jaque tambi¨¦n a las 25 peque?as y medianas empresas del pol¨ªgono industrial de Cotogrande. Estas pymes, en las que trabajan unas 200 personas, acaban de recibir la demanda que esgrime la misma documentaci¨®n hist¨®rica. La comunidad de montes sostiene que el ¨¢rea donde se construy¨® el parque empresarial a principios de los ochenta, que el Ayuntamiento gestion¨® como propia hasta que la subast¨® en 1966, fue reconocida como parte de un monte vecinal en el catastro del Marqu¨¦s de Ensenada de 1752 y en los deslindes de montes que se impulsaron en Galicia entre 1890 y 1891, durante la regencia de Mar¨ªa Cristina. ¡°Un monte vecinal en mano com¨²n no puede dejar de serlo¡±, alegan los demandantes, apelando a la ley auton¨®mica que desde 1989 establece que este r¨¦gimen de propiedad mancomunada que hunde sus ra¨ªces en el siglo V es ¡°indivisible, inalienable, imprescriptible e inembargable¡±. Con esa argumentaci¨®n, un juzgado ya dio la raz¨®n a los comuneros en primera instancia sobre otro pol¨ªgono industrial.

Reclamaciones a empresas y administraciones

Hasta ahora las reclamaciones de propiedad de los comuneros de Cabral se hab¨ªan centrado en administraciones p¨²blicas y grandes empresas. Aena les tuvo que abonar siete millones de euros por terrenos de su propiedad que fueron usados para construir el aeropuerto en los a?os cincuenta del siglo pasado. Los tribunales tambi¨¦n han resuelto que los comuneros son los verdaderos due?os de las parcelas de la Xunta donde se levantan un instituto de educaci¨®n secundaria, un colegio o un centro de inspecciones t¨¦cnicas de veh¨ªculos (ITV). Al Consistorio le ganaron un pleito por parte del suelo que ocupa el recinto ferial de la ciudad. ¡°Durante el franquismo hubo una usurpaci¨®n de estos montes por parte de los ayuntamientos, los registraron como si fueran suyos¡±, explica Alfredo Pereira, presidente de la organizaci¨®n que agrupa a las casi 3.000 comunidades que gestionan las m¨¢s de 700.000 hect¨¢reas de monte mancomunado que ha pervivido al paso de los siglos, una cuarta parte del territorio gallego.

Las demandas judiciales a viviendas y pymes han hecho saltar las alarmas en una parroquia de 7.000 habitantes muy urbanizada, plagada de casas, naves industriales y negocios de todo tipo. ¡°De momento, [los comuneros] est¨¢n usando esto selectivamente contra ciertos vecinos, pero supongo que luego ir¨¢n a por todos¡±, advierte Castro. A Estanislao Ram¨®n Arines Gonz¨¢lez le lleg¨® la demanda hace seis meses. A ¨¦l le reclaman una finca con vivienda que compr¨® a finales de los noventa a un particular. Los demandados, agrupados en la Asociaci¨®n de Vecinos y Empresarios de Cabral, han sembrado la parroquia de carteles que superponen el deslinde del siglo XIX con una imagen actual de la zona. Decenas de fincas y edificaciones quedan dentro. ¡°Por un plano del a?o 1891 peligran casas, fincas, empresas y puestos de trabajo. Vecino, tarde o temprano, t¨² y los tuyos estar¨¦is afectados¡±, alerta uno de ellos.

Luis Rodr¨ªguez es el hombre que ha dirigido la estrategia de los comuneros para recuperar terrenos en Cabral. Presidente de la comunidad de montes desde hace 23 a?os, enumera con orgullo los predios que han logrado registrar bajo sus mandatos. Calcula que solo por los alquileres que les est¨¢n cobrando a las empresas afectadas, entre ellas varias naves del expresidente del Celta Horacio G¨®mez y un campo de golf, las arcas de la entidad ingresan anualmente m¨¢s de 300.000 euros. No est¨¢n amasando una fortuna, puntualiza: ¡°Tenemos la obligaci¨®n de emplear todo el dinero que se cobre en el plazo de cuatro a?os y al menos un 40%, en el monte¡±. Ninguno de los miembros de la junta rectora ¡°cobra un centavo de salario ni de nada¡±, subraya: ¡°Ni siquiera la gasolina cuando voy a un juicio¡±.

Rodr¨ªguez sostiene que las cr¨ªticas de vecinos y empresas demandadas son azuzadas desde dentro de la comunidad de montes por los opositores a su gesti¨®n: ¡°Es envidia¡±, dice. Alega que siempre intenta negociar antes de poner una demanda y que ha puesto en la diana una parcela con viviendas habitadas, la de Purificaci¨®n Castro, porque la familia no quiso llegar a un acuerdo y cederles la parte no edificada. Mientras ¨¦l dirija la entidad, avanza, seguir¨¢n acudiendo a los tribunales para recuperar suelo. Las ventas que haya podido hacer en el pasado el Ayuntamiento ¡°son ilegales¡±, porque ¡°el monte en mano com¨²n no prescribe nunca¡±. Sobre el mapa que circula por la parroquia con decenas de casas y naves afectadas por el deslinde del siglo XIX, acusa a los afectados que lo han difundido ¡°de meter en un l¨ªo¡± al resto de los vecinos: ¡°No voy a ir a por ellos bajo ning¨²n concepto, pero eso no quiere decir que ma?ana no venga otro y pueda ir¡±. Y cita al Consistorio: ¡°Si no lo reclamamos nosotros, quien tiene que responder del monte deslindado es el Ayuntamiento¡±. El gobierno municipal de Vigo evita tomar parte en el problema: ¡°No tenemos la suficiente informaci¨®n como para valorar, no estamos en condiciones de tomar una posici¨®n en un conflicto entre particulares¡±.

Purificaci¨®n Castro asegura que tiene escrituras, licencias y proyectos de la finca de 4.400 metros cuadrados que recibi¨® su bisabuelo del Ayuntamiento de Vigo y de las cuatro viviendas que construy¨® all¨ª su familia. Muestra el documento oficial de permuta que acredita que el Consistorio se la traspas¨® en los a?os cincuenta a cambio de otra parcela para ejecutar el aeropuerto. A Paco Rodr¨ªguez Oliveira, otro vecino de Cabral, las escrituras firmadas por sus tatarabuelos y la anotaci¨®n en el Registro de la Propiedad que formalizaron sus bisabuelos no le han valido de nada por el momento. Un juzgado ha dictaminado en primera instancia que la finca de 1.200 metros cuadrados que hered¨® de ellos es, sin embargo, propiedad de la comunidad de montes.

Vecinos y empresas se quejan de que resoluciones judiciales como esta, que ya ha sido recurrida, convierten ¡°en papel mojado¡± hipotecas suscritas ante notario, calificaciones urban¨ªsticas, t¨ªtulos p¨²blicos, sucesiones y permutas administrativas. ¡°Los levantamientos administrativos de 1890-1891 son dudosos¡±, defiende Jes¨²s L¨®pez, abogado de varios demandados. ¡°Se hicieron sin intervenci¨®n de los vecinos y con los medios de la ¨¦poca. Y a los ayuntamientos les conven¨ªa meter mucho terreno porque cobraban por ¨¦l¡±.

Para Beatriz Ucha, portavoz de las pymes del pol¨ªgono de Cotogrande, los argumentos planteados por los comuneros son ¡°un arma letal¡±: ¡°Si se aplican en toda la comunidad, media Galicia es okupa¡±. Asiente junto a ella el abogado Jes¨²s L¨®pez, quien aduce que otras comunidades de montes ¡°son m¨¢s razonables¡± que la de Cabral y no se remontan al siglo XIX para hacerse con terrenos urbanizados desde hace d¨¦cadas: ¡°Muchas ciudades y pueblos han crecido a costa de lo que anta?o fue monte comunal con el consentimiento de todo el mundo. Si los levantamientos de 1891 se tomaran por buenos, toda Galicia tendr¨ªa un problema¡±.

Los afectados proponen como soluci¨®n que se realice un deslinde actualizado de los montes mancomunados bajo supervisi¨®n de la Xunta. ¡°Esto no puede depender de un juez. Tiene que hacerse un deslinde actualizado que d¨¦ seguridad jur¨ªdica¡±, reclama Ucha. Rodr¨ªguez, desde la comunidad de montes, asegura que hace 20 a?os intent¨® impulsar un nuevo deslinde para dejar las casas fuera, pero la Xunta se ech¨® para atr¨¢s por una denuncia de comuneros cr¨ªticos con su gesti¨®n. Ahora no lo ve claro: ¡°Puedo hacerlo, pero ma?ana viene otro y dice: ¡®?Qui¨¦n es usted para hacer el deslinde?¡±. Pereira, portavoz de la organizaci¨®n de comunidades de montes de Galicia, solo ve dos posibles salidas para los afectados: ¡°O arreglarse por las buenas con los comuneros o pedir da?os y perjuicios al Ayuntamiento¡±.

Purificaci¨®n Castro sospecha que la demanda judicial que le ha ca¨ªdo tiene algo que ver con su rechazo al macrocentro comercial que Rodr¨ªguez intent¨® construir en terrenos comunales en 2013 y que pretend¨ªa ser el mayor de Galicia. Entonces una ajustada votaci¨®n dentro de la comunidad de montes fren¨® el proyecto, pero el presidente de la entidad anuncia que se est¨¢ reuniendo con el Ayuntamiento y la Xunta para reactivarlo. ¡°Estoy a favor de las comunidades de montes, pero no para que funcionen como inmobiliarias, gestionando naves y reclamando viviendas¡±, afirma Castro junto a la casa que ahora ve en peligro.