Los tribunales enfr¨ªan la fiebre e¨®lica en Galicia y mantienen en vilo al sector en toda Espa?a

En el entorno de la laguna de Alcai¨¢n, en los ayuntamientos coru?eses de Carballo, Coristanco y Santa Comba, la Xunta de Galicia autoriz¨® en 2021 tres parques e¨®licos con 23 aerogeneradores. Los tres son promovidos por la misma empresa, Greenalia, una compa?¨ªa gallega que, solo un a?o antes, hab¨ªa fichado como directiva a la exconsejera de Medio Ambiente Beatriz Mato. Ella, veterana dirigente del PP, conoce bien estos proyectos. Se sentaba en el Consejo de Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o cuando este decidi¨® declararlos de inter¨¦s especial para acelerar su puesta en marcha.

La tramitaci¨®n de molinos en este paraje fue posible porque el departamento que dirigi¨® Mato nunca lo incluy¨® en la Red Natura, pese a ser candidato a tal protecci¨®n y a acoger una flor ¨²nica en el mundo. El plan de Greenalia, sin embargo, se ha ido al traste. Tras las denuncias de organizaciones ecologistas, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la autorizaci¨®n de dos de estos complejos y su dictamen sobre el tercero, que se prev¨¦ ir¨¢ por el mismo camino, est¨¢ al caer. El varapalo judicial, pendiente de sendos recursos ante el Tribunal Supremo, ha dejado temblando a todo el sector.

El alto tribunal gallego ha emitido en el ¨²ltimo a?o siete resoluciones contrarias a otros tantos parques e¨®licos autorizados por la Xunta. Cuatro de ellos han sido paralizados cautelarmente y tres, anulados. Son los primeros sobre los que se pronuncia la justicia de los 78 de nueva construcci¨®n a los que el Gobierno gallego ha dado todas sus bendiciones. Las argumentaciones de la secci¨®n tercera de la Sala de lo Contencioso del TSXG para invalidar los permisos se?alan ilegalidades en la tramitaci¨®n administrativa que el sector admite que se repiten en muchos proyectos. Y suponen un rev¨¦s para uno de los asuntos en los que puso el foco Feij¨®o como presidente gallego: el dise?o de un procedimiento expr¨¦s que agilice los proyectos industriales a base de recortar plazos y requisitos.

Los magistrados han tumbado, por ejemplo, la reducci¨®n a la mitad del tiempo de exposici¨®n p¨²blica de la evaluaci¨®n ambiental (de 30 d¨ªas a 15) por ser contraria a la normativa europea. Tambi¨¦n aprecian fragmentaciones artificiales de los proyectos (consideran que los tres parques e¨®licos de Greenalia son en realidad uno porque comparten infraestructuras) o indicios de da?os irreversibles en el patrimonio natural o cultural que no fueron tenidos en cuenta por la Administraci¨®n.

¡°Esta situaci¨®n es inconcebible, hay una inseguridad jur¨ªdica terrible¡±, afirma Manuel Pazo, presidente de la Asociaci¨®n E¨®lica de Galicia, que agrupa a las empresas promotoras. Pazo se queja de que la judicializaci¨®n del sector en Galicia no tiene parang¨®n en Espa?a y culpa al movimiento ecologista. ¡°Son asociaciones antie¨®licas y negacionistas, no ecologistas. Alegan contra todos los parques, no les vale nada, y acabar¨¢n presentando contenciosos contra los 78¡å nuevos que ha autorizado la Xunta, augura. Greenalia, la empresa de la que es directiva la exconsejera de Medio Ambiente, intent¨® recusar sin ¨¦xito a uno de los magistrados de la sala que resolvi¨® los contenciosos. La promotora aleg¨® que el juez Luis Villares, que fue l¨ªder del partido En Marea, hab¨ªa criticado durante su etapa pol¨ªtica la legislaci¨®n e¨®lica, pero el alto tribunal replic¨® que no existe p¨¦rdida de imparcialidad porque ¨¦l nunca se manifest¨® sobre esos proyectos en concreto.

El recurso contra los parques e¨®licos de Greenalia lo interpuso la asociaci¨®n ecologista Adega, que prev¨¦ llevar a los tribunales antes de final de a?o m¨¢s de 30 instalaciones a las que el Gobierno gallego ha dado el visto bueno. Los contenciosos se est¨¢n financiando gracias a una exitosa campa?a de crowdfunding. Bel¨¦n Rodr¨ªguez, secretaria ejecutiva de la organizaci¨®n, explica que todos esos complejos comparten un defecto en su tramitaci¨®n: la Xunta los someti¨® a exposici¨®n p¨²blica antes de contar con los informes sectoriales que redactan los t¨¦cnicos de los organismos implicados. Eso impidi¨® acceder a toda la informaci¨®n a los vecinos afectados y a las entidades conservacionistas o culturales que alegaron en su contra. El TSXG ha dictaminado que esta pr¨¢ctica vulnera la normativa europea.

Pazo, el portavoz de las empresas, opina que las resoluciones judiciales son ¡°una interpretaci¨®n alegre¡± de la legislaci¨®n comunitaria y advierte de que lo que la Administraci¨®n gallega ha hecho con estos parques e¨®licos es lo habitual ¡°desde hace 25 a?os¡± en Galicia y en el resto de Espa?a. De hecho, el sector espera en vilo la sentencia del Supremo que confirmar¨¢ o no la primera anulaci¨®n que decret¨® el TSXG. El fallo resolvi¨® el recurso de varios vecinos contra un complejo e¨®lico de la el¨¦ctrica EDP Renovables en Corme (Ponteceso-A Coru?a).

La portavoz de Adega ve en la simplificaci¨®n de tr¨¢mites que cuestiona la justicia ¡°un recorte de derechos en la participaci¨®n p¨²blica¡±. ¡°No podemos claudicar con una aceleraci¨®n [de los parques e¨®licos] que pone en riesgo la biodiversidad y las condiciones de vida de la poblaci¨®n en las zonas rurales¡±, esgrime Rodr¨ªguez. ¡°La transici¨®n energ¨¦tica tiene que ser justa y ambientalmente sostenible. Las energ¨ªas renovables tienen que contar con una planificaci¨®n y con zonas de exclusi¨®n, y deben respetar los derechos fundamentales¡±.

El Gobierno de Alfonso Rueda intenta ahora evitar m¨¢s varapalos judiciales a las promotoras e¨®licas acelerando cambios en la normativa a trav¨¦s de la ley de acompa?amiento de los presupuestos auton¨®micos de 2024. El anteproyecto declara todos los parques de ¡°inter¨¦s p¨²blico superior¡± y les da prioridad sobre el medio ambiente, salvo que existan ¡°elementos probatorios suficientes que acrediten¡± que provocan ¡°efectos adversos importantes¡± que no puedan compensarse. Adem¨¢s, obliga a ¡°presumir que la evaluaci¨®n ambiental realizada resulta v¨¢lida¡± y, para esquivar las acusaciones de fragmentaci¨®n artificial, incluye un an¨¢lisis de los ¡°efectos acumulativos¡± de las instalaciones de una misma zona que no impide que reciban permisos individuales aunque compartan promotora e infraestructuras. Fuentes de la Conseller¨ªa de Econom¨ªa sostienen que estas modificaciones ¡°no suponen ning¨²n tipo de menoscabo en las garant¨ªas ambientales que se exigen y ya se exig¨ªan¡±.

Para los ecologistas, este movimiento del Gobierno del PP ¡°es la prueba del nueve de que es una administraci¨®n alineada con la patronal e¨®lica¡± y consideran ¡°muy grave¡± que se aplique con car¨¢cter retroactivo. Adega explica que estos cambios los aboca a acudir a los tribunales, pero se muestra confiada en que no impedir¨¢n que sus denuncias prosperen porque han reunido ¡°argumentos de prueba suficientes¡±. ¡°Es una estrategia muy perversa¡±, subraya Bel¨¦n Rodr¨ªguez, ¡°la Administraci¨®n da por bien hecho lo que hagan las promotoras y eso supone perder la imparcialidad y abandonar la funci¨®n p¨²blica fiscalizadora de las evaluaciones ambientales¡±. Fuentes del Gobierno gallego responden que los cambios normativos incluyen ¡°un programa espec¨ªfico de seguimiento¡± ambiental de los parques e¨®licos en construcci¨®n para ¡°identificar con prontitud los posibles efectos adversos no previstos¡±.

Tanto la Xunta como las empresas defienden que la prioridad que se otorga a los molinos responde al mandato de la Uni¨®n Europea de acelerar las energ¨ªas renovables y que tarde o temprano deber¨¢n hacer lo mismo todas las administraciones. ¡°Es Europa quien dice que la energ¨ªa est¨¢ por encima de todo. [Hasta ahora] se estaba considerando el medio ambiente como inter¨¦s p¨²blico y la energ¨ªa no, y eso es absurdo. Si no hay energ¨ªa, no hay ni industria ni medio ambiente¡±, aduce su portavoz. Sin embargo, Pazo no tiene claro que las modificaciones legales impulsadas por el Gobierno gallego vayan a evitar la paralizaci¨®n de m¨¢s proyectos en los tribunales: ¡°Veo dif¨ªcil que a corto plazo este problema se pueda solucionar. Se necesita una pol¨ªtica estatal aparte de la auton¨®mica¡±.

La avalancha de proyectos presentados por las empresas en los ¨²ltimos a?os para explotar el viento gallego y la tramitaci¨®n expr¨¦s impulsada por la Xunta han provocado manifestaciones, colectas vecinales para financiar pleitos y tensiones pol¨ªticas. Hasta el Consello da Cultura Galega, organismo oficial encargado de defender la cultura y patrimonio de la comunidad, elabor¨® un informe muy cr¨ªtico con las facilidades otorgadas a las e¨®licas. ¡°La manera como se est¨¢ desarrollando [la energ¨ªa e¨®lica] resulta negativa para ¨¢mbitos de nuestra sociedad como la cultura o incluso la econom¨ªa, ya que afecta a los paisajes, el medio ambiente y el patrimonio¡±, concluye el equipo cient¨ªfico que elabor¨® el documento. La Conseller¨ªa de Econom¨ªa, por su parte, responde que las autorizaciones se otorgan tras un ¡°exhaustivo an¨¢lisis¡± y destaca que a 59 proyectos no se les dio el visto bueno ambiental.

Galicia cuenta con 183 parques e¨®licos y una potencia instalada de 3.907 megavatios, un 13% del total del Estado frente al 16% de hace una d¨¦cada. La Asociaci¨®n E¨®lica de Galicia presume de que la comunidad tiene el mejor viento de Espa?a, con 2.400 horas de producci¨®n por molino frente a las 2.000 de la media estatal, pero cree que est¨¢ perdiendo la carrera frente a territorios como Arag¨®n, Castilla y Le¨®n, Extremadura o Andaluc¨ªa. A su juicio, la culpa la tienen los problemas en la tramitaci¨®n de los parques y un ¡°rechazo social poco racional¡±.